Grupos independientes de derechos humanos y activistas cubanos denunciaron el jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones al derecho a la circulación de las personas en que incurre el régimen de la Isla al imponerles la expatriación forzada o destierro, así como también el veto a cubanos de regresar a su país.
Las denuncias de las expatriaciones forzadas, método para deshacerse de opositores, activistas y ciudadanos molestos que con cada vez más frecuencia usa el régimen, se realizaron en el cuarto día de audiencias públicas del periodo 186 de sesiones de la CIDH, que se desarrolla este año en Los Ángeles, California.
Los testimonios presentados coincidieron en que el derecho a la circulación de las personas ha sido uno de los más violados en los últimos años por el régimen cubano, puesto que ha sido ampliamente usado para reprimir a las personas que participaron en las protestas masivas del 11J y otras sucedidas en los últimos años.
Activistas de la asesoría legal Cubalex y del colectivo Justicia 11J resaltaron que a pesar de que este derecho está consagrado en la Constitución cubana de 2019, varios decretos sobre seguridad nacional han sido usados para limitar la libre circulación de las personas en la Isla, incluida la prohibición de salida o ingreso al país de cubanos que representen "un peligro", a pesar de que no haya sobre estas personas una acusación legal.
"Es una herramienta de control para impedir el trabajo de defensa los derechos humanos en el terreno", dijo la abogada cubana Laritza Diversent, directora de Cubalex, según el reporte de EFE.
Tales decretos, agregó, también niegan la expedición de pasaportes, una práctica de la que han sido víctimas numerosos periodistas independientes y activistas de la sociedad civil independiente.
Prueba del alcance de estas violaciones fue la ausencia física en la audiencia de Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial de Cuba (CIR), a quien el régimen impidió salir de la Isla para participar en la reunión.
"Existe una amenaza permanente de que la situación puede empeorar si no acatamos las disposiciones policiales, que como resultado sería un proceso penal", advirtió Madrazo a través de un video sobre la situación que enfrentan defensores de los derechos humanos como él y sus familias.
Madrazo aseguró que estas prohibiciones de circulación están afectando la salud mental y física de los activistas.
Los activistas denunciaron prácticas del Gobierno cubano para forzar el destierro y exilio de opositores y defensores de los derechos humanos, como es el caso de la activista Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, a la que no se le permitió regresar a Cuba en febrero del año pasado, tras una visita de tres meses a EEUU.
En su testimonio frente a la CIDH, Ramos dijo que está en EEUU "en contra de su voluntad" y no hay ninguna razón más allá de su activismo para que no le permitan regresar a su país.
En este sentido Soledad García, miembro de la ONG Justicia 11J, hizo referencia a la expulsión de 222 expresos políticos nicaragüenses, que fueron sacados de su país por el régimen de Daniel Ortega hace un mes, y subrayó que si bien esta práctica se ha usado por el Gobierno cubano por décadas, en los "últimos años se ha visibilizado".
Ramos, que además presentó el caso del escritor Carlos Manuel Álvarez y la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien ha intentado regresar infructuosamente en cuatro ocasiones a Cuba, también llamó la atención sobre las aerolíneas estadounidenses, que han ejecutado estas prohibiciones de regreso.
"El protocolo que existe entre las aerolíneas y Cuba no es público, por lo cual no podemos descartar que en él se condicionen los vuelos a Cuba a un filtro político encargado por el Estado cubano; esto debe ser revisado", urgió Anamely Ramos, quien protagonizó una vigilia ante la Embajada de Cuba en Washington exigiendo el cese del veto a su regreso a la Isla, sin obtener respuesta.
Los comisionados de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington, resaltaron la importancia de los testimonios entregados en la audiencia, porque les ayudan a seguir con el trabajo que han realizado en defensa de los derechos humanos en Cuba.
Los expertos lamentaron la ausencia de los representantes del Estado cubano en la audiencia. Sin embargo, aseguraron que continuaran exigiendo respuestas sobre las denuncias y tramitando las medidas cautelares correspondientes.
El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana hizo un llamado para crear un protocolo internacional que ayude a las personas expulsadas a la fuerza de sus países.
La CIDH culmina el viernes una ronda de 17 audiencias públicas, que abarcan derechos humanos que afectan a los migrantes, la comunidad LGBTI, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas en los países miembros de la OEA y las Américas en su conjunto.
