Miembros del Parlamento Europeo y organizaciones de la sociedad civil denunciaron en Bruselas las violaciones de derechos humanos del régimen cubano contra los médicos que exporta a otros países.
"Hay un mito sobre la solidaridad cubana que se mantiene en demasiados lugares, por la presencia de las misiones médicas", expresó el eurodiputado español Javier Nart, vicepresidente primero de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central del Parlamento Europeo, durante el panel sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos y laborales cometidas por el régimen contra su personal sanitario desplegado en otros países.
Aunque el eurodiputado consideró que las "misiones internacionalistas" son "técnicamente positivas", señaló que las personas no hablan de la situación real de los trabajadores exportados por el régimen cubano.
Para ilustrar una parte de las violaciones de derechos a las que están expuestos los médicos cubanos, Nart se refirió a la retención de hasta el 90% de sus salarios por parte del régimen y a la prohibición de entrar a Cuba por al menos ocho años, en caso de abandonar la "misión". El político español cuestionó cuál sería la reacción en Europa, si un trabajador sufriera la misma represalia por incumplir un contrato.
Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, presentó cifras sobre la represalia antes mencionada: más de 5.000 padres y madres cubanas no pueden ver a sus hijos durante al menos ocho años. Mostró, además, el documento mediante el cual se reporta al Ministerio del Interior (MININT) el "abandono de misión" por parte de un trabajador exportado por el régimen.
Larrondo explicó que a los profesionales cubanos enrolados en las llamadas "misiones" se les confiscan sus pasaportes al llegar a su destino, no pueden viajar con sus títulos legalizados y no pueden casarse en el país donde cumplen misión.
Los profesionales cubanos de la salud no pueden establecer relaciones amorosas o de amistad sin informar y recibir el visto bueno de los jefes de las misiones, como contó a DIARIO DE CUBA la doctora Elisandra del Prado Torres.
Esas prohibiciones, entre otras, aparecen en el "Reglamento disciplinario para trabajadores civiles en el exterior", contenido en la Resolución 168 de 2010, que establecía el Reglamento Disciplinario para Trabajadores Civiles. Dicha norma fue sustituida en 2020 por la Resolución 368, similar en contenido.
Otras infracciones contenidas en el reglamento y mostradas por Larrondo son participar en actividades sociales sin autorización, convivir con personas no autorizadas, sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la Revolución, sostener vínculos con cubanos aprovechasen las misiones para desertar.
Larrondo recordó que son muchos los gobiernos que se han convertido en cómplices del régimen de La Habana, al aceptar las misiones. En diciembre pasado, Prisoners Defenders acusó a México, Italia y Qatar ante la Corte Penal Internacional por la trata de médicos cubanos.
"Estos abusos forman parte de un patrón mucho más amplio de violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana. Cuba es el principal responsable, pero no el único. Los Estados que reciben a médicos cubanos también tienen obligaciones con respecto a estas personas", advirtió Juan Pappier, directivo de la División Américas de la organización internacional Human Rights Watch.
El director de Investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), Hugo Acha, afirmó que es "más que válido determinar realmente a dónde van los dineros y los recursos que se gestionan a nombre de algo que no es una Revolución" y abordó el papel del conglomerado militar GAESA en la explotación de los médicos cubanos exportados.
El abogado explicó que una investigación realizada por la FDHC reveló que GAESA "no es una empresa cubana", sino que "está domiciliada en Panamá".
"Y luego del fallecimiento del general (Luis Alberto Rodríguez) López-Calleja, pudimos determinar que el control administrativo y societario recae en individuos que no residen en Cuba. La mayor parte reside aquí, en la Unión Europea", dijo.
Un miembro del Parlamento Europea exige a Josep Borrell suspender la "financiación obscena y canalla que se hace de la dictadura"
Para el eurodiputado Hermann Tertsch, miembro del partido español Vox, la explicación de lo denunciado por Prisoners Defenders, la FHDC y miembros del Parlamento Europeo, es la "protección por parte de las democracias" al régimen cubano. Por ese motivo, reclamó el cese de la financiación de la Unión Europea a La Habana.
"El señor Borrell tiene la responsabilidad de romper ese tabú, esa impunidad. Es el señor Borrell, pidiendo que se convoque ese acuerdo, a la embajada cubana, a los cubanos para negociar, y suspender esa financiación obscena y canalla que se hace de la dictadura", exigió Tertsch al Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Josep Borrell.
"El señor Borrell tiene una orden de este parlamento, en forma de resolución de septiembre del 2021 para convocar de inmediato a la parte cubana e imponer por incumplimiento la suspensión del acuerdo bilateral y todo pago a la dictadura. Ni un euro para el régimen criminal de Cuba", escribió el eurodiputado en Twitter.
Ya en noviembre pasado, Tertsch acusó a la UE de "violar sus propios acuerdos y sus principios" y de entregar dinero a La Habana, que el régimen usa para "asesinar gente" e impulsar a otros regímenes represivos de la región.
En ese momento, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó mantener abierta una petición sobre el incumplimiento por parte de la UE del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con el régimen de Cuba.
La Comisión cuestionó a la UE no haber suspendido el pacto tras las violaciones de los derechos humanos en la Isla.
En diciembre del año pasado, tuvo lugar en La Habana el Tercer Comité Conjunto entre Cuba y la UE, sin alusión al tema de los derechos humanos.
