Durante décadas, el régimen cubano se empeñó en "hacer más con menos", un eslogan que solo condujo al fracaso. Pero ahora el Gobierno ha pasado al otro extremo de la ineficiencia. En materia de eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, ha conseguido hacer menos con más. Sigue aprobando programas y estrategias que no compensan la ausencia de una Ley integral contra la violencia de género, y estancado en el enfrentamiento de la pobreza y la violencia —también institucional— que sufren las mujeres en Cuba.
El presidente del Tribunal Supremo de Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, presentó recientemente una estrategia para incorporar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia al grupo de trabajo gubernamental sobre el tema, según la cuenta de Twitter de la institución.
El anuncio resulta llamativo, entre otras cosas, porque ni los jueces ni el resto de los trabajadores del sistema jurídico en Cuba tienen preparación en dicho tema, de la misma forma que no la tienen en derechos humanos, porque no se imparten materias relacionadas con esos temas en la carrera de Derecho en el país.
En noviembre de 2020, al intervenir en una Mesa Redonda dedicada al Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón, reconoció que era necesario capacitar a los estudiantes y profesionales del Derecho cubanos en temas de género.
Además de la mencionada estrategia, desde 2007, el TSP de Cuba, cuenta con la instrucción 187 y cinco años más tarde aprobó la instrucción 216, con las que introdujo el procedimiento de familia y la creación de tribunales especiales, para reformar el Código de Familia. En la práctica, estas instrucciones no se han incorporado para todos los tribunales del país en todos estos años, porque no son de cumplimiento obligatorio. Por tanto, su existencia ha sido de poca utilidad para el enfrentamiento a la violencia de género.
Por otro lado, llama la atención que el TSP fue el organismo encargado de elaborar el Código Penal aprobado en mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular. La norma, pese a contener artículos que con respecto a la norma penal cubana aún vigente muestran un avance en materia de género, no tipifica el delito de feminicidio.
Incluso la diputada Mariela Castro solicitó la tipificación del mencionado delito, pese a que, en 2015, en entrevista con el Diario Tiempo Argentino, afirmó: "nosotros no tenemos, por ejemplo, feminicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la Revolución".
La realidad parece haberla sacado de su error: desde el primero de enero del año 2020 hasta la fecha, han fallecido víctimas de violencia de género más de 70 mujeres en Cuba, según estadísticas no oficiales, ya que lel Gobierno cubano no la divulga datos sobre este flagelo.
Entonces, al TSP de Cuba supuestamente le preocupa la violencia de género, como parece demostrar su recién aprobada estrategia para incorporar la perspectiva de género; pero no le preocupa lo suficiente como para tipificar el delito de feminicidio dentro del Código Penal que elaboró.
En octubre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el mencionado Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que, según aclaró un mes más tarde Teresa Amarelle Baue, secretaria nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), no constituye un programa nuevo sino la actualización del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a Beijín, aprobado en 1997.
Por tanto, ahora el Gobierno cubano tiene, para exhibir ante organismos internacionales, un programa nacional que actualiza un plan nacional de hace 25 años, instrucciones del TSP y una estrategia del mismo, para exhibir que intenta hacer lo que podría llevarse a cabo de manera más eficiente con una Ley integral contra la violencia de género, exigida por activistas y plataformas femeninas cubanas.
Sobre los resultados del programa nacional, Prensa Latina publicaba el 13 de mayo pasado, a un año de su implementación, que el mismo se conoce, recibe seguimiento, pero aún no ha trascendido al ámbito femenino y resulta generalmente patrimonio de directivos y directivas. Esto era reconocido en un dictamen de las comprobaciones hechas a la aplicación del programa.
Según la nota, "aunque queda camino por recorrer, los diputados consideraron que crecen las gestiones para incrementar las ofertas laborales para mujeres desempleadas u otras en condiciones de vulnerabilidad para cambiar su estatus de ser atendidas por la seguridad social y convertirse en generadoras de su propio sustento".
En ello se incluye a las madres con tres o más hijos, para las cuales el Gobierno cubano prioriza un programa de entrega de viviendas en coordinación con los territorios.
Sin embargo, en abril pasado, las autoridades cubanas tuvieron que admitir que en 2021 se cumplió menos del 50% del plan de construcción de viviendas, aunque no se detuvo la construcción de hoteles en medio de la pandemia de Covid-19.
La realidad continúa siendo desalentadora para mujeres que deciden llevar a término un embarazo en Cuba. A inicios de junio, poco después de que Prensa Latina publicara la nota sobre "las comprobaciones de la aplicación del programa", la plataforma feminista YoSíTeCreo denunciaba que una menor de 17 años embarazada abandonada por su familia en La Habana había recibido albergue de parte del Gobierno local en un local estatal sin las condiciones de higiene y seguridad que requiere, donde convive con otras personas.
La menor, Yasleidy Barrientos García, había llegado a ser alojada en dicho sitio, "luego de numerosas gestiones y protestas (...) realizadas entre los meses de marzo y mayo de este año".
Las autoridades decidieron entregar una pensión a la adolescente, con 22 semanas de gestación y feto con bajo peso, así como enviarla a un "hogar de tránsito" ubicado en la calle 311, entre 178 y 182, Reparto Lutgardita, municipio Boyeros, en La Habana.
A la adolescente le habían asegurado que su estancia en el lugar sería "temporal", pero había muchachas que llevaban allí más de un año.
Sin embargo, esas jóvenes pueden sentirse afortunadas en comparación con otras madres cubanas sin vivienda, que deciden invadir locales abandonados del Estado para poner al menos un techo sobre sus cabezas y las de sus hijos. De esos sitios, muchas veces son desalojadas con violencia, por la Policía, por órdenes de funcionarios del Gobierno, sin que FMC haga nada contra esa violencia institucional y sin que el programa nacional de adelanto marque hasta el momento ninguna diferencia.
Si, como asegura la presidenta de la FMC, el programa de adelanto es la actualización de un plan nacional, lo lógico no sería evaluar lo conseguido en un año, sino en los 25 transcurridos desde la aprobación de dicho plan.
¿Qué han logrado desde entonces el Gobierno y la FMC, que es el mecanismo nacional para el "adelanto de la mujer" y el "referente teórico metodológico para las cuestiones de género"? ¿De qué ha servido crear el programa nacional de adelanto? Su única utilidad hasta el momento parece ser, como declaró a DIARIO DE CUBA en 2021 la activista Aimara Peña, el reconocimiento de que en Cuba "la mujer se ha quedado atrás y sufre violencia", algo que el régimen cubano intentó negar por mucho tiempo.
