Una semana después de la mayor oleada de protestas ciudadanas en más de seis décadas, la policía y los militares vigilan las calles de Cuba, especialmente en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde se originó todo, informa EFE.
Los accesos a esta localidad a 30kilómetros al oeste de La Habana se encontraban en su mayoría cortados o custodiados por agentes de seguridad este domingo.
Si bien las calles mostraban un trasiego normal de personas, EFE indicó que pudo observar a camiones llenos de soldados y que la plaza central del pueblo estaba tomada por más de una decena de policías, militares y agentes de la Seguridad del Estado.
Los agentes uniformados y no uniformados también se desplegaron ampliamente en la vecina localidad de Bauta, donde "había un policía en cada esquina", según indicó a EFE una mujer que estuvo allí la mañana del domingo.
El acceso a internet estaba cortado en San Antonio de los Baños y sus alrededores, mientras en el resto de la Isla se encuentra mayormente restringido aunque funciona de forma ocasional en algunos teléfonos móviles.
Ni el Gobierno ni el monopolio estatal de las comunicaciones, ETECSA, han explicado por qué los datos móviles permanecen parcial o totalmente caídos desde el domingo 11 de julio, día en que miles de cubanos salieron a las calles para protestar en decenas de ciudades y pueblos del país.
Tampoco han informado de cuándo el servicio va a ser restaurado y funcionará con normalidad.
La forzada tranquilidad en San Antonio de los Baños este domingo contrasta con la agitación que se vivió el domingo anterior, cuando miles de vecinos salieron a la calle a protestar pacíficamente.
Los manifestantes lanzaron consignas contra el Gobierno, al cual culpan de la escasez de alimentos, productos básicos y medicinas, la proliferación de tiendas de pago exclusivamente en divisas y los habituales cortes de luz, en un momento en que Cuba pasa por una grave crisis económica y el Estado es incapaz de hacer frente a sus deudas, a lo que se suma además un peligroso auge de los casos de Covid-19 en las últimas semanas.
Los vídeos en directo grabados por los manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños prendieron la mecha de protestas de ciudadanos descontentos en otras localidades de la Isla, atajadas con dureza por las fuerzas de seguridad. La represión dejó cientos de heridos y detenidos, lo que ha generando fuertes críticas desde la comunidad internacional al Gobierno de Díaz-Canel.
El gobernante acudió, de hecho, a San Antonio de los Baños el día de las protestas junto con fuerzas de seguridad y un grupo de acólitos para enviar el mensaje de que "la calle es de los revolucionarios".
Otro argumento repetido constantemente por las autoridades cubanas desde el 11-J es que el "bloqueo" es el culpable de la ruina económica de Cuba. EGobierno ha intentado presentar además el malestar del pueblo como supuestamente instigado por la Administración de EEUU a través de un sofisticado sistema de manipulación de opiniones.
Con internet restringido y fuerte presencia policial, uno de los pocos eventos reseñables ocurrido este domingo en Cuba fue un acto de partidarios del Gobierno en La Güinera, en La Habana donde el pasado lunes tuvieron lugar disturbios que se saldaron con el único muerto reportado oficialmente.
Lideradas por Gerardo Hernández, presidente de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), autoridades cubanas acompañaron a decenas de personas "en apoyo a la Revolución, a Díaz-Canel y al Partido", según tuiteó el exespía cubano.
Un día antes, el sábado, el Gobierno cubano organizaba un acto con miles de personas en La Habana para mostrar su apoyo a Díaz-Canel, quien estuvo arropado por Raúl Castro, el hombre que lo puso al frente del Gobierno y del Partido Comunista.
Mientras, organizaciones y familiares denuncian que sigue habiendo personas detenidas en las prisiones cubanas por su participación en las protestas, con listados que van desde más de cien hasta miles.
Parte de los arrestados fueron liberados a lo largo de la semana y se desconoce cuántos permanecen encerrados, ya que el Gobierno no ha ofrecido datos.
