Tras casi siete meses de investigaciones, con derecho a un abogado desde el minuto de la detención, Paul Hodgkins fue en julio de 2021 el primer manifestante condenado por el asalto al Capitolio de EEUU, ocurrido el 6 de enero de 2021, que se juzga en diversas cortes del Distrito de Columbia.
Hodgkins fue acusado de cometer un hecho criminal concreto: obstruir el recuento de votos correspondiente a las elecciones presidenciales, previsto a desarrollarse el mismo día en la sede del Senado. Fue sentenciado a ocho meses de cárcel, decisión más favorable que el año y medio de prisión que solicitó el fiscal, en representación del Estado, contra él y centenares de imputados.
Los miles de manifestantes pro Trump acudieron al Capitolio ese día para oponerse al resultado electoral. Ingresaron de manera violenta a las instalaciones. Enfrentándose a los efectivos de Seguridad Nacional que resguardaban la institución de mayor importancia política del país, lograron acceder hasta el interior de las oficinas de las más altas magistraturas de la nación, haciendo que las autoridades huyeran.
Ya en el lugar, unos posaron para fotos, otros esgrimieron ofensas y amenazas contra los legisladores demócratas, varios practicaron la agresión física, el asesinato consumado y en tentativa, la violencia, o aprovecharon la oportunidad para realizar turismo y burlas.
En esos hechos, varias decenas de policías fueron heridos y golpeados. El día, calificado como el más oscuro de la democracia del siglo XXI en EEUU, terminó con cinco personas muertas y con daños materiales de alrededor de 1,5 millones de dólares.
Las detenciones no se produjeron en masa, con urgencia, ni como venganza o con violencia extensiva. Al cierre de enero de 2021 se reportaban unos 135 detenidos y unas 400 personas estaban sujetas a identificación e investigación en condiciones de libertad. Un año después, la cifra de arrestos llegó a 725 mediante citaciones, interrogatorios, descargos y suficiente material probatorio sometido a transparente impugnación.
A pesar de ponerse en crisis la estabilidad y el orden interior, ninguno de los juzgados hasta el presente ha sido condenado por desacato o desórdenes públicos. Ninguno de los acusados se enfrenta a delito similar al de sedición, y en fuerte debate está la calificación de los delitos de homicidio y agresiones, por esgrimirse como circunstancia concurrente el ejercicio de un derecho cívico que tiene como único agravante haberse ido de control, habida cuenta de que falta probar en los acusados la intención directa de matar.
Hasta la fecha, solamente se ha juzgado y condenado a menos de un centenar de personas, y la sentencia más alta hasta ahora es de cinco años y tres meses, impuesta a Robert Palmer por cometer delito de atentado contra varios de los oficiales de seguridad, propinándoles golpes con un madero, aplicando químicos de un extintor de incendio sobre sus rostros y provocar la brecha para la entrada de la turba enfurecida.
Fuera de ello, tres años de prisión se impusieron al autoproclamado "chamán" que asaltó el Capitolio, de nombre Jacob Anthony Chansley, también conocido como Jake Angeli, de Arizona.
En este proceso no se han desarrollados juicios exprés, ejemplarizantes, sin la presencia de abogados y sin respeto al principio de publicidad. Se ha admitido al público con interés en presenciar los juicios, mientras que los medios de prensa interesados han podido acceder sin obstáculos a ellos. También han podido asistir los testigos de descargos y las sedes judiciales no han sido intervenidas por fuerzas especiales de seguridad.
Por calificar como irracionales y severas las condenas, la mayoría de los condenados han establecido recurso de apelación. Según la opinión de expertos, deben rebajarse las condenas si se toman en consideración precedentes que indican que acceder a un edificio público propiedad de los ciudadanos y querer presenciar las acciones democráticas internas no puede valorarse como delito, sino como una contravención, al no contar con los permisos requeridos. Ninguno de ellos debe ser considerado político, salvo cuando se demuestre que hubo conspiración.
La reacción coactiva en Cuba tras el 11J y 12J
¿Cómo fue la respuesta del régimen cubano a las masivas protestas de julio de 2021?
Entre julio y agosto de ese año se celebraron casi un centenar de juicios sumarios exprés sin que a los acusados, agrupados de diez en diez, aproximadamente, se les concediera el derecho de contar con la defensa técnica de abogados, negándoles además la posibilidad de aportar testigos que acreditaran la violencia sufrida a manos de las fuerzas especiales y el aparato represivo del régimen.
Hasta hoy ninguna comisión pública se ha creado al efecto de esclarecer el exceso policial. Los tribunales, a puertas cerradas, con operativos militares alrededor, intimidando a sus funciones y con desinformación, impusieron penas ejemplarizantes de hasta un año de cárcel en esos primeros juicios. A la mayoría de estas personas se les ha negado una y otra vez el derecho de libertad condicional o el de suspensión del trabajo correccional con internamiento. La tendencia indica que les harán cumplir íntegramente la sanción por manifestarse si no se arrepienten pública y notoriamente de los hechos.
Inicialmente, los detenidos tuvieron que sufrir la desaparición forzada y el asesinato mediático por televisión estatal, que presentó a obreros, artistas, médicos, profesionales, cuentapropistas, estudiantes, jóvenes, amas de casa, intelectuales y a personas humildes como "violentos delincuentes".
A ninguno, especialmente los más afectados, se le ha concedido el derecho a réplica, ni se le ha pedido disculpa por la ofensa. Los abogados aconsejan no accionar en sede judicial administrativa, por considerar que los tribunales se declaran incompetentes cuando las afectaciones son ejercidas por el Partido, Estado, Gobierno y el Ministerio del Interior o las FAR cubanos para, presuntamente, "preservar el orden interior" y la Constitución.
No se conoce un solo caso en que haya prosperado un hábeas corpus, de los cientos presentados. Ningún juez se ha atrevido a bajarse del estrado para averiguar contradicciones y sucesos no transparentados por la parte fiscal. Saben que, si lo hacen, descubrirá violaciones graves que luego no pueden denunciar con independencia y seguridad.
Barbaridades de calificación delictiva como intento de asesinato, desacato agravado por cantar "Díaz-Canel singao", desórdenes públicos agravados, atentado y sedición, entre otros, se han "probado" con declaraciones contradictorias y poco creíbles de efectivos de la Seguridad del Estado auxiliados por la Policía Nacional.
Tras el 11J se ordenó una cacería de personas, que fueron sacadas de sus hogares a cualquier hora y sin respeto a reglas procesales. Durante el propio mes de julio de 2021, varios observadores de ONG y las redes sociales cubanas denunciaron más de 1.000 detenciones arbitrarias, con desapariciones de hasta siete y ocho días, una cantidad que creció después.
Ningún diputado, diputada o directiva de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se preocupó tampoco por indagar sobre las violencias gubernamentales practicadas, ni por proteger el estado de las madres y familias humildes, de los niños y adolescentes encarcelados, permitiendo que se reprimiera con más fuerza y se aumentara el rango de las peticiones fiscales.
Más 60 menores de 18 años de edad fueron mantenidas en prisión provisional y la mayoría se han tenido que enfrentar a peticiones de condena que oscilan entre los 15 y 25 años de cárcel. Cubanos con discapacidad intelectual fueron asimismo juzgados, sin haberse practicado la obligada pericial forense-psiquiátrica.
Varias fuentes aseguran que en jurisdicción civil y militar una treintena de personas, ninguna de ellas miembro de organización política disidente o contestaria, han sido acusadas y sancionadas por el falso delito de sedición, 17 de los cuales son menores de 21 años de edad. La mayoría de ellos eran estudiantes el 11 de julio.
Un simple ejemplo ilustra de la profundidad de la represión y el extremo rigor de las condenas arbitrarias: 128 personas fueron condenadas por las protestas del 11 y 12 de julio solo en los barrios pobres de la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, respectivamente.
Las sanciones superan los diez años de prisión en más de la mitad de los casos. Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven recibieron 30 años de cárcel, y Wilmer Moreno Suárez, 26 años de prisión.
En cuanto a los menores de 18 años: Walnier Ruiz Aguilar, quien padece una discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años; en tanto que Brandon David Becerra se enfrenta a 13 años de cárcel. Varias decenas de jóvenes entre 16 y 21 años sufren sanciones que oscilan entre los seis y 12 de prisión.
Dentro de la cárcel se les amenaza con no salir de libertad condicional a menos que cooperen con la Seguridad del Estado y renieguen en público sus conductas y la de los demás coacusados.
Visto lo anterior, si los manifestantes del 11J hubieran asaltado el Capitolio de La Habana o el Palacio de Convenciones en plena sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular o Congreso del Partido Comunista, ¿qué hubiera sido de ellos?
El ilustrado y atento lector (gracias por leerme) Man O'War me retó a iluminarlos con lo ocurrido el 6 de Enero en Washington, puse un link illustrativo y los selectivos censores de DDC lo eliminaron.
Interesante y confusa esta línea editorial.
Por supuesto que las diferencias entre el proceso jurídico que siguió al asalto del Capitolio y el proceso de los detenidos por el 11J son enormes, abismales. Se trata por un lado de un Estado de derecho bajo una democracia, con libertad de expresión y de prensa, y por otro, de un régimen autoritario sin libertad de expresión, de prensa ni jurisprudencia que respete el derecho de los ciudadanos a procesos legales justos. En Cuba, ni las leyes propias se respetan.
La represión en Cuba es injustificable. El 11 de julio no se asaltó nada. Las condenas son injustas y hasta criminales. Ahora bien, la comparación con lo que ocurrió en el Capitolio de Washignton es tonta, sobre todo porque la escribiente repite lo que los medios han publicado sobre esos hechos. Ella ni vive aquí, no tiene idea de lo que verdaderamente ocurrió el 6 de Enero.
Weston, la autora es una articulista. No trate de rebajarla. Escribiente es más bien usted, que deja sus cagarrutas por aquí y por allá a modo de comentarios, siempre creyéndose agudo cuando en realidad lo que revela, una y otra vez, es su carácter miserable. Y bien, la autora no sabe qué fue lo que "verdaderamente" ocurrió el 6 de enero en EEUU. Ilumínenos, por favor.
Deplorable, no miserable. No se exceda.
Pues lo que ocurrió fue una conspiración para tapar la cagada de las elecciones.
Su avatar me dice que usted siempre está en guerra. Supongo que con usted mismo. Saludos