El 19 de abril, la activista cubana Yanilys Sariego denunció que la Fiscalía Militar de Matanzas desestimó sus denuncias sobre las detenciones arbitrarias que sufrió los días 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2021. También relató que presentó la denuncia en el Tribunal Provincial de Matanzas, cuyo presidente, Amado Cabrera Calero, le respondió por escrito que los tribunales populares no tenían competencia "para radicar ni investigar denuncias".
Con esa respuesta, Cabrera Calero cumplió su cometido, que no es impartir justicia, sino asegurar la impunidad de los agentes que actúan bajo las órdenes del régimen cubano, aunque violen la ley, y desalentar a la sociedad civil de emplear las leyes vigentes en Cuba para obtener justicia.
Pero la eficiencia que muestra el régimen para desalentar a la sociedad civil la obliga también a preguntarse qué hacer, ante la certeza de que en el país no rige la ley, de que la justicia está secuestrada por la Seguridad del Estado, de que el Gobierno dicta las normas según sus intereses y según sus intereses las viola.
Cada vez que un ciudadano, activista o no, opositor o no, denuncia una violación de sus derechos siguiendo los caminos establecidos por las leyes vigentes en Cuba, está brindándoles a los funcionarios correspondientes la oportunidad de demostrar que están al servicio de la Ley y no del poder, pero también de demostrar que en la Isla rige un Estado de Derecho, que el poder no está por encima de la Ley. Cabrera Calero, como tantos funcionarios cubanos al servicio del régimen, la perdió.
Si bien es cierto lo que alega este ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias devenido en juez civil por acuerdos concertados entre el MINFAR y del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, sobre la competencia de los tribunales para radicar e investigar denuncias contra oficiales como la Kereyly Aguiar Díaz y el teniente coronel Rogelio Cuesta, también es cierto que el presidente del Tribunal Popular Provincial de Matanzas obvió obligaciones que estipula la Ley de los Tribunales.
El Artículo 6 de la vieja Ley 82 de los Tribunales, vigente en el 2021 y propio artículo de la actual Ley 140/2021 denominada Ley de los Tribunales de Justicia dicen que "los tribunales deben poner en conocimiento de la Fiscalía las infracciones de la ley que adviertan dentro de la tramitación o examen de los procesos y actos judiciales, a fin de que aquélla actúe para que se restablezca la legalidad" que se denuncia como quebrantada.
Existen instrucciones internas para que se cumpla con esta obligación, que norman cómo trasladar las denuncias de esta naturaleza que reciban los tribunales en su proceso de atención a la población, ante qué autoridad de la Fiscalía deben presentarse, y que reglan el seguimiento que se le debe dar al resultado de lo que esta determine.
Como los tribunales constituyen órganos que cierran ciclos de acceso a la justicia, la relevancia del trámite de rango constitucional es tal que cada traslado de denuncia debe informarse verticalmente al mando superior para que la presidencia del Tribunal Supremo y la alta dirección de la Fiscalía General evalúen, dentro de los encuentros de trabajo planificados, la naturaleza de las denuncias ciudadanas, el alcance de la investigación y las decisiones que inicialmente se adoptan.
Es un derecho constitucional de Yanilys Sariego y de todos los ciudadanos cubanos, y una obligación de los tribunales, conforme está instruido, que se le informe del impulso dado a su queja, de su llegada al destino y de las decisiones iniciales acordadas a fin de que quede orientada en lo adelante sobre cómo proceder.
Mientras infinidad de juristas insistimos en que los miembros de la sociedad civil y cubanos en general no deben cansarse de intentar hacer valer la ley para reclamar sus derechos violados, los tribunales envían el mensaje contrario al garantizar la impunidad de los agentes que actúan al servicio del régimen.
Amnistía Internacional ha indicado que la impunidad consiste en no investigar, no procesar, ni castigar a responsables de violaciones a los derechos humanos, a otros derechos y del derecho internacional humanitario.
A corto plazo, los jueces controlados por el régimen consiguen cerrar los caminos legales para la sociedad civil. A un plazo menos corto, estimulan un estallido social como el del 11J. No son solo los opositores y los activistas los activistas los que, pese a la insistencia de los abogados independientes, se cansan de arar en el mar respecto a la ley y la justicia en Cuba.
También los manifestantes encarcelados y enjuiciados por las protestas del 11J y sus familiares han visto cómo los policías y los "revolucionarios" que respondieron a la convocatoria de Miguel Díaz-Canel y golpearon a manifestantes, además de los oficiales de las cárceles que han violado los derechos de los reclusos, han gozado de absoluta impunidad. Mientras, quienes protestaron por la pobreza y por la falta de libertad y exigieron cambios, han recibido las sanciones más duras.
Varios abogados vinculados al sistema de Bufetes Colectivos, que ejercieron la defensa de los manifestantes, han denunciado las violaciones de la ley y el debido proceso que se cometieron en los procesos legales.
La impunidad con que reprime el régimen y la sumisión de los jueces, que faltan a su deber de servir a la justicia y no al poder, no hace más que meter más presión en la olla. Y no todos los activistas ni todos los familiares de manifestantes encarcelados, ni todos los cubanos reprimidos pueden irse del país.
