Así es como jueces y fiscales han violado el derecho a la defensa de los cubanos procesados por el 11J

Hasta ahora, DIARIO DE CUBA ha ofrecido testimonios de familiares de cubanos encarcelados por el 11J y de algunos participantes en las protestas a los que les fueron retirados los cargos tras permanecer varios días en prisión. En esta segunda entrega del dossier sobre el panorama judicial y legislativo cubano en 2022, compartimos relatos de abogados que han ejercido la defensa de manifestantes y han accedido a hablar sobre sus experiencias bajo la condición de que se protejan sus identidades.

En enero, DIARIO DE CUBA mostró, mediante el análisis de dos dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, los obstáculos que enfrentan los abogados para examinar expedientes, pruebas y testigos de la Fiscalía.

Pero los obstáculos que han enfrentado para defender a manifestantes presos han hecho que varios se replanteen continuar ejerciendo la profesión. Un letrado habanero con más de 15 años de servicio asegura que, aunque sabía lo difícil que resulta defender a una persona que abiertamente disienta del régimen cubano, a lo largo de su carrera "no había presenciado tanto maltrato y tanta anulación del derecho y garantías a los defendidos" como en los casos de los acusados por las protestas del 11J.

Añade que no le sorprendieron las protestas, pues esperaba "un estallido social por las carencias, la falta de sensibilidad gubernamental, el aumento de los privilegios en dirigentes corruptos y la falta de libertades". Sí le sorprendió, no obstante, la espontaneidad y el entusiasmo de la gente. Lo que vino después, dice, fue "una locura total".

"Conocidos y amigos de conocidos tocaban la puerta de mi casa y no dejaba de sonar el teléfono. Requerían mi presencia en unidades de la Policía, de instrucción penal y de Fiscalía para buscar desaparecidos, a cualquier precio y con promesas de regalos que no te imaginas".

"Ante esa avalancha, comenzamos a llamarnos entre abogados para distribuirnos los casos. La demanda de representación fue tan abrumadora que abogados no penalistas y sin experiencia tuvieron que asumir infinidad de encargos en la distribución", explica.

"Nuestras oficinas estaban bajo horario limitado desde hacía tiempo por el Covid y se ordenó que para defender a una persona había que concertar, firmar y pagar un contrato; de lo contrario, no podías pararte ante ninguna autoridad e institución a realizar acciones de defensa. Esto impidió que muchas personas sin posibilidades de buscar dinero urgente pudieran contratar abogado e incomodó muchísimo al gremio". 

"Hablamos con la directora del Bufete y así lo hicieron otros colegas con sus jefes para que gestionaran una dispensa temporal del requisito de contratación con la Fiscalía General, cárceles y el MININT (Ministerio del Interior), ante la gravedad que sucedía, no solo en La Habana, sino en todo el país, según informes que no llegaban de colegas de otras provincias, pero se negaron rotundamente a elevar la petición".

"Acceder a las oficinas era un lío. Los cercos policiales te paraban con frecuencia aquella primera semana, desviándote de la trayectoria, y trabajar en un escenario dónde las computadoras no alcanzan era estresante. Se perdió mucho tiempo y muchas personas asumieron medidas y sanciones sin abogado".

"Las familias que pudieron contratarnos, como desconocían el paradero de sus parientes presos, nos tenían corriendo de un lado para otro. A mí me llevaban de una unidad de Policía para otra en carros que alquilaban entre varios, para que preguntara por sus familiares. En ningún caso recibí respuesta, sino desatenciones, muecas y maltratos de palabra. El sistema informático creado para la localización de personas inexplicablemente colapsó". 

"Decidimos entonces, entre abogados, presentar procedimientos especiales de Habeas Corpus, ofreciendo el mínimo de detalles obtenidos a duras penas, pero todos fueron denegados después de una demora extrema de ocho y hasta diez días en algunos casos. Nos dimos cuenta de que los jueces se pusieron de acuerdo con la Fiscalía y el MININT para no declarar ni una sola privación de libertad ilegal".

"Los fiscales, viendo que tenían un bulto de presos sin legalidad e infinidad de denuncias en las redes y en los tribunales, comenzaron a dictar autos infundados de medidas cautelares, colocando fechas retroactivas para tapar la prisión ilegal. Y los jueces en vez de indagar la veracidad, recibían los informes sin contrastarlos".

"Cuando recibimos las resoluciones desestimatorias de los tribunales, un grupo de abogados nos juntamos por número de denuncia, unidad policial y por número de expedientes para acudir a entrevistar a los acusados para preparar sus defensas en el lugar que oficialmente los tribunales nos habían indicado". 

"Ya habían comenzado a hacerse juicios por atestados directos y a dictarse sentencias exprés sin nuestra presencia pese a conocerse nuestras intenciones de representación". 

"Los jueces dijeron que no era su obligación esperar por la presencia del abogado, de familiares ni de público en el juicio sumario, a sabiendas de que violaban un derecho constitucional. La alta dirección del Bufetes Colectivos se tragó esas justificaciones".

"Casi ningún preso estaba donde se decía, varios números de denuncia y de expediente no coincidían con la persona física e identidad, y no cesaban los traslados de presos y de actuaciones de un lugar a otro, aunque se sabía a esas alturas del deber de informar a los abogados de los cambios inesperados que se producían".

"Después, los instructores y fiscales comenzaron a practicar diligencias fundamentales sin nuestra presencia y a cambiar de pronto de un delito para otro. También, unieron pruebas a las actuaciones cuando lo estimaron pertinente, para evitar que las impugnáramos en tiempo y en el momento legal adecuado. Nos mintieron para evitar entrevistas con los acusados presos o para que no pudiéramos acceder al expediente. Denegaron nuestras pruebas alegando que tendían a dilatar el proceso y manipular la verdad. Denegadon peticiones sin fundamentos, aunque tuviesen un mínimo de sentido común". 

"En la fase judicial, aunque los procesos obedecen a una naturaleza de represión política, tales alegatos no se pueden hacer llegar por escrito ni de forma oral so pena de multa y de sanción que pude terminar en despido". 

"Estamos vencidos ante tanta arbitrariedad. Los cubanos procesados del 11J están en un verdadero estado de indefensión".

Según este abogado, al menos una decena de habaneros sin antecedentes penales continúan presos; entre ellos, hay al menos dos madres jóvenes a las que repetidamente se les ha negado el cambio de medida cautelar solicitado por sus abogados.

Otro letrado, de Villa Clara, asegura que cualquier insistencia sobre los derechos de los "contrarrevolucionarios" o expresión de sensibilidad hacia ellos puede costarles el trabajo y hasta el título.

"En esas condiciones y sin respaldo de la organización (Bufetes Colectivos) hacemos hasta donde podemos y la hipocresía crece".

"A la alta dirección de Bufetes solo le interesa hablar en sus balances de cuánto dinero recaudamos y cuánto más podemos recaudar. No le importa la calidad, ni los obstáculos, ni los riesgos que enfrentamos, ni lo inservibles que somos en contextos donde existen ordenes políticas".

"El hecho de que la Junta Directiva Nacional haya callado ante todas las violaciones que contamos, que no nos haya orientado positivamente en nada en medio de este proceso desde el principio (de las detenciones por las protestas del 11J) hasta la actualidad, demuestra que por el momento estamos solos. Si conseguimos aunar un poco de fuerza y de unidad en el gremio podemos ayudar a cambiar las cosas en nuestro país. Si la Unión de Juristas (de Cuba) no reacciona en favor del Derecho y la Justicia reales, dejará de existir como ente que nos represente".

"Hay fiscales con casas asignadas como medios básicos que están entre la espada y la pared, sienten vergüenza, pero no tienen a donde ir".

Este letrado asegura que, en Villa Clara, al menos dos jueces se han ido repentinamente del país en medio de los juicios por el 11J. Aunque no puede asegurarlo, sospecha que tuvieron miedo tanto de prestarse para la injusticia como de enfrentarse al poder.

Se trataría de los jueces Yoana Espinosa Rodríguez y Alejandro Hernández Santos. DIARIO DE CUBA ha intentado contactarlos infructuosamente.