A diferencia de los ciudadanos comunes, los órganos encargados de impartir justicia en Cuba no tienen la opción de quedarse cruzados de brazos ante las evidentes atrocidades y violaciones de las propias leyes cubanas que se están cometiendo contra los manifestantes del 11J.
En Cuba, esta función la desempeña el sistema de tribunales, desde la jurisdicción municipal hasta la nacional, nivel que coincide con el Tribunal Supremo Popular (TSP). Estos órganos están dirigidos por el Consejo de Gobierno del TSP, integrado por el presidente, cuatro vicepresidentes y seis presidentes de salas.
Estas once personas son las máximas responsables de la justicia en la Isla y a ellas habrá que pedir cuentas en un futuro, no por su filiación comunista, sino por no haber cumplido con su mandato constitucional.
Según el Artículo 148 de la Carta Magna, "los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas".
Por su parte, el Artículo 150 declara que "los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley".
En octubre, DIARIO DE CUBA explicó cómo el Consejo de Gobierno del TSP cubano, en vistas de la cantidad de cubanos presos, incluso sin antecedentes penales, por los sucesos del 11J, y de la falta de una Ley de Manifestación y Reunión con fines pacíficos, debió convocar una reunión extraordinaria para analizar con urgencia el alcance del derecho a la manifestación reconocido en la Constitución y las garantías que esta debe ofrecer a los ciudadanos como fuente directa de derecho.
Hasta el momento, ninguna de estas once personas ha hecho nada en esa dirección. ¿Quiénes son estos once magistrados, electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) supuestamente en nombre del pueblo cubano, que están subordinándose al poder e incumpliendo sus obligaciones con la ciudadanía?
Su presidente, así como del TSP, es Rubén Remigio Ferro, célebre por su afirmación de que manifestarse en Cuba, lejos de constituir un delito es un derecho constitucional de las personas, y por su falta de coraje para actuar en consecuencia con esa aseveración, que llenó de esperanzas a muchas familias de cubanos detenidos por manifestarse pacíficamente.
Su título de Máster en Derecho Constitucional y Administrativo obtenido en 2014, su participación en foros y conferencias internacionales, los espacios de análisis y discusión de problemas nacionales en los que participa por invitación oficial, así como su larga carrera de juez, deberían asegurar su capacidad técnica/profesional para enfrentar los desaciertos gubernamentales.
Maricela Sosa Ravelo es una de las vicepresidentas del Consejo de Gobierno del TSP; es Máster en Derecho Penal y Doctora en Ciencias Jurídicas. Sus funciones de inspectora del sistema judicial de procesos penales (directora de Supervisión y Atención a la Población del 2008 al 2011), deberían capacitarla para comprender la vulneración de principios esenciales del Derecho que está perpetrando la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba contra manifestantes pacíficos.
Está en capacidad de denunciar, desde sus funciones, la violación de la legalidad procesal y los presupuestos de la especialidad penal, elementos que hacen arbitrarias las calificaciones legales de sedición, desórdenes públicos, incitación a delinquir y otras figuras delictivas contrarias a Derecho y Justicia.
El también vicepresidente Filiberto Caballero Tamayo, por su especialidad en Derecho Penal y trayectoria como juez militar desde la base en el Ejército Oriental y Central, debería saber diferenciar con acierto actos organizados de actos espontáneos de ejercicio legítimo de derechos de carácter cívico popular.
A su vez, el vicepresidente Yamir Rodríguez Tamayo, quien se ha desempeñado como juez profesional en Granma y vicepresidente del Tribunal Popular Provincial en esa provincia, ha cumplido funciones de inspector del sistema judicial de procesos penales. Por tanto, debe comprender la vulneración de principios esenciales del Derecho que está perpetrando la Fiscalía General de la República contra manifestantes pacíficos.
Por su parte, la vicepresidenta Farah Saucedo Pérez tiene una trayectoria como jueza desde 1990 en instancias municipales y salas provinciales de Villa Clara y La Habana respectivamente. Siendo especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia, posee conocimientos básicos para analizar con criterio multidisciplinario eficaz el alto coste político, social, patrimonial y familiar de la represión, así como la irracionalidad de resolver con el derecho sancionador penal conflictos entre sociedad y poder que no constituyen delitos.
Plácido Batista Veranes es el presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado. Es especialista en Derecho Penal. Por sus funciones y calidad de supervisor de la actividad penal, puede jugar un rol fundamental en el fin de la represión institucional, promoviendo de oficio revisiones de sentencias penales por conceptos de irracionalidad e ilegalidad, así como en la resolución de conflictos contrarios a Derecho Constitucional y Penal.
Otto Molina Rodríguez es presidente de la Sala de lo Penal desde 2018. Es especialista en Derecho Penal y tramita, en primera instancia, los asuntos que, conforme a la ley, se someten a su consideración. Resuelve los recursos de casación y apelación que se interponen contra sentencias definitivas y otras resoluciones que ponen término al proceso.
Roselia Reina Batle es presidenta de la Sala de lo Militar. Conoce, en primera instancia, aquellos asuntos de su competencia en casación de los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales militares territoriales, y en inspección judicial o revisión de las sentencias y resoluciones firmes de los tribunales militares.
Liliana Hernández Díaz, presidenta de la Sala de lo Económico del TSP; Ranulfo Andux Alfonso, presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del TSP desde 2020, magistrado de vasta carrera judicial en asuntos de Derecho Público, Civil, Administrativo y Laboral desde 1988, y Gustavo Méndez González, presidente de la Sala de lo Laboral del TSP desde 2018, Máster en Derecho Penal y Derecho Laboral y Seguridad Social, están facultados para alegar que el juzgamiento de personas inocentes implica un alto coste político, social, patrimonial y familiar.
Los once miembros del Consejo de Gobierno del TSP cuentan con argumentos para afirmar que una Constitución no manda ni orienta cuando existen condicionantes que la convierten en un documento excluyente que, en la práctica, no garantiza derechos ni libertades, sino privilegios.
Hay que montar una galeria de fotos aqui en Miami ,donde se expongan las caretas de todos los represores desde gegereles ,hasta cederista ,consolidad un archivo bien documentado de cada uno ,porque el dia de la justicia a los reoresores y ladrones que componen el mafioso gobierno.SE LOS GARANTIZO ,LA JUSTICIA LOS APLASTARA ,YA EL PUEBLO EMPEZO Y AUNQUE DOS O TRES SE HAN ACIOBARDADO HAN SURGIDO OTROS ,PERO LA MARCHA 15N VA Y DE QUE VA VA,,,YA viene llegando
Lo que hay que empezar a comprar rollos de alambre dulce, en vez de soga, para colgar a cada uno de los hijos de puta Canelo-Singao, los Castro , los esbirros y chivatos, de cada uno de los postes de la luz desde la avenida del aeropuerto hasta el malecón.
A desempedrar a QTS ... orinar sus cenizas y pulverizar el Coprolito de Santa Ifigenia ...
La única vía es la lucha armada revoluvionaria, voluntariamente no se van a ir.
¿A qué funcionarios cubanos habrá que pedirles cuentas en un futuro por la falta de justicia para los manifestantes del 11J?
Buena pregunta... aunque en principio habría que preguntarse si quedase alguno vivo o dentro de la Isla. Están acumulando demasiada presión en todos los órganos del Estado. No quedará títere con cabeza. Es una interrogante que se vuelve cada día más compleja de responder. Dependerá de cuánta sensatez medie en una transición que se ha hecho tan difícil como la nuestra, aunque no imposible. De que va a suceder, eso ya es un hecho innegable. Pero no auguro un buen futuro para muchos funcionarios cubanos. De los "mayimbes", no creo que sea posible pescar a uno solo.
Ademas de los funcionarios, habría que pedirle cuentas a varios personajes públicos, por su apología de la violencia. Ahí tenemos a Susurro Rodríguez arengando a los represores.
¿A qué funcionarios cubanos habrá que pedirles cuentas en un futuro por la falta de justicia para los manifestantes del 11J?
A los que hay que pedirles cuenta primero es a los titiriteros, o sea, a los narco lideres: Alejandro Castro y Lopez Callejas, pero al paso que van las cosas sus parasitos herederos seran el relevo pseudocomunista del Cartel de Punto Cero y asi nuevos funcionarios seguiran encarcelando y dando palos para defender los privilegios de sus amos.
Los funcionarios (esbirros) de los regimenes de la igualdad social y el antimperialismo tienen patente de corso para sus fechorias, especialmente en este planeta globalizado por el socialismo globalista y redentor. Practicamente ninguno de Bielorusia, China, Nicaragua o Venezuela ha sido juzgado.
Cuba sera libre el dia que nazcan cubanos con guevos para enfrentarse al regimen mafioso de La Habana sin temor a perder lo poco que tengan o de ir a la carcel ,parece que ya han nacido algunos y han comenzado a andar,,,suerte y mi apoyo a la lucha por la libertad .PATRIA Y VIDA ,No mas patria o muerte.SE ACABARON LAS MENTIRAS.
Tanto nadar para terminar en la orilla ,pero si es bueno recordarle a los integrantes del tribunal supremo de Cuba ,que las violaciones a la ley que comete descaradamente el regimen militar que gobierna Cuba es responsabilidad de ellos, por permitirlo y que el dia de manana ellos tendran que rendir cuentas ante la justicia,sin la escusa que recibian ordenes pues el tribunal supremo, no recibe ordenes de nadie ,actua segun la ley y por eso son 11, para que no haya empates en las votaciones a la hora de juzgar.
En Cuba hay una dictadura , tirania ; ESTA TODO BIEN DEFINIDO , EN CUBA NO EXISTE NI EL MAS MINIMO ATISBO DE JUSTICIA.Lo que si esta muy conocido, es que en Cuba mas del 99 por ciento del pueblo rechaza y detesta a la actual dictadura castrocanelista .En Cuba existe un estado totalitario ,que viola todos los Derechos Humanos . .Pedir cuentas y razones a titeres y mequetrefes de una tirania???????????.Creemos los titeres que se dejaron manipular para cometer crimenes ,solo deben ser juzgados y nada mas. Rene Libertario.
Para pedir cuentas a los funcionarios de un régimen hay que tumbar primero a ese régimen y preguntarse antes todo a qué cubanos podríamos acudir para que abrieran ese camino hacia el futuro.
Yeap , asi mismo. Pero la expieriencia demuestra que los mierdas duermen bien. Anexion a Haiti YA!!!!!