La Fiscalía cubana pide para el joven holguinero Yosvany Rosell García Caso 30 años de cárcel por un delito de "sedición" tras convocar una protesta el pasado 10 de julio en su vecindario y al día siguiente sumarse a las manifestaciones que se suscitaron en unas 50 ciudades y pueblos de la Isla, informó el centro legal Cubalex en su perfil de Facebook.
"Yosvany Rosell García Caso, un obrero soldador de Holguín, tiene 33 años y tres hijos menores de edad. 'Como consecuencia de la falta de fluido eléctrico convocó a los vecinos a protestar en la vía pública', indica una copia del auto de Fiscalía", precisó la denuncia de Ivette Leyva Martínez.
"A Rosell, quien hasta ahora había sido acusado de 'desórdenes públicos', le piden ahora una condena de 30 años de cárcel. Lo acusan de 'sedición', la nueva tendencia para torcer la ley contra los manifestantes del 11J, en uno de los últimos zarpazos de un régimen no por moribundo menos cruel", condenó Leyva Martínez.
"¡TREINTA AÑOS por supuestamente llamar a los vecinos a protestar! Abusos como este revelan la verdadera naturaleza de lo que algunos llaman aún la 'revolución' cubana", añadió.
La de García Caso sería la condena más alta pedida por las fiscalías del régimen para castigar a los manifestantes del 11J.
"La sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El #11JCuba fue espontáneo", denunció recientemente el grupo Justicia 11J, que ha tenido el apoyo de un equipo de abogados.
El 15 de julio, cuatro días después del estallido de las protestas más significativas ocurridas en Cuba desde 1959, el vocero del régimen Humberto López, anunció en el programa televisivo Hacemos Cuba, que los detenidos en las manifestaciones podrían ser acusados por los delitos de desorden público, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias.
Los cargos de los que inicialmente se acusó a los manifestantes, así como las peticiones fiscales, tenían como primer objetivo escarmentar a quienes participaron en las protestas: que cuando cumplan sus sentencias, o incluso si son finalmente liberados tras meses de prisión provisional en los que muchos han denunciado haber sufrido abusos físicos y psicológicos y falta de atención médica, no se les vuelva a ocurrir algo semejante.
Según un análisis publicado por DIARIO DE CUBA, el segundo objetivo ha sido desalentar a futuros promotores y participantes en protestas y se da a raíz de los anuncios de nuevas manifestaciones con la convocatoria del 15N.
