La trampa de la popularidad: el caso Bukele 

Cuando Abelardo de la Espriella ganó la presidencia de Colombia, una de las primeras preguntas no fue qué haría con la economía, sino cuándo construiría sus siete megacárceles. Es que durante la campaña, prometió replicar el modelo penitenciario del salvadoreño Nayib Bukele, incluyendo instalaciones similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Keiko Fujimori, ganadora en Perú, hizo una promesa idéntica: cuatro penales y un megapenal de alta peligrosidad. En Brasil, figuras de la oposición a Lula —como Flávio Bolsonaro o Renan Santos— también invocan a Bukele como referente. De 14 elecciones presidenciales celebradas en la región entre 2023 y 2026, 11 han sido ganadas por fuerzas que comparten este faro punitivo. 
 
Bukele ha dejado de ser solo el presidente de El Salvador; es una marca política regional. Para entender el fenómeno hay que reconocer lo que sus críticos a veces evitan: su política de seguridad funcionó en los términos más visibles. El Salvador fue el país más violento del mundo. Las maras controlaban territorios enteros y extorsionaban con impunidad. Desde que en marzo de 2022 se declaró el régimen de excepción y comenzó la detención masiva de presuntos pandilleros —más de 60.000 en los primeros meses—, la violencia se derrumbó. La transformación fue real y la gente la sintió en el cuerpo, no solo en las estadísticas. 
 
Aquí reside el núcleo de la trampa de la popularidad: cuando un gobierno obtiene un resultado exitoso en el área que más importa a la ciudadanía, la aprobación actúa como combustible para aferrarse al poder. "Si funciona, ¿para qué necesito límites?" se convierte en la lógica dominante. 
 
El caso salvadoreño es instructivo por la elegancia técnica con que se desmanteló el tejido institucional, mediante una acumulación metódica de decisiones con visos de legalidad. El primer paso fue el más audaz: el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general para nombrar a personas afines. Cuatro meses después, esa Sala renovada reinterpretó la Constitución para habilitar la reelección consecutiva. En febrero de 2024, Bukele ganó su segundo mandato con el 84,65% de los votos e, inmediatamente, la Asamblea reformó el Artículo 248 constitucional para que una misma legislatura pueda ratificar cambios a la Carta Magna sin esperar a la siguiente. El camino a la reelección indefinida quedó pavimentado. 
 
La erosión no se detiene en los tribunales ni en los centros de reclusión. Para blindar el relato oficial, el bukelismo ha avanzado con agresividad sobre el espacio cívico. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros —que impone trabas y asfixiantes gravámenes fiscales del 30% a la cooperación internacional— busca neutralizar a las ONG independientes y a los defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado una escalada de persecución y criminalización judicial que ya ha empujado a decenas de reporteros y voces críticas al exilio. Sin oposición legislativa real y con la prensa independiente cercada por el acoso fiscal y digital, el disenso legítimo ha sido prácticamente ilegalizado en la práctica.  
 
Es lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt describen en Cómo mueren las democracias: el vaciamiento gradual de las instituciones desde adentro y con respaldo popular. Pero esa aprobación superior al 80% tiene puntos ciegos. El régimen de excepción —que suspende garantías básicas como el derecho a un abogado— opera de forma ininterrumpida desde hace cuatro años, convirtiendo la emergencia en el estado permanente del sistema judicial. Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han documentado miles de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. 
 
Al importar esta arquitectura de seguridad a Colombia o Perú, se pasa por alto que se trata de países con crímenes organizados más complejos, territorios extensos y tradiciones institucionales distintas. El riesgo no es solo que el modelo fracase, sino que genere el mismo efecto secundario: la concentración del poder. 
 
Ante esto, ¿qué le ofrece la democracia liberal al ciudadano que solo quiere caminar tranquilo por la calle? La respuesta honesta es que el costo de la seguridad comprada a precio de instituciones se paga en el futuro y con intereses. Un sistema sin árbitros independientes, sin prensa libre y sin alternancia carece de mecanismos de corrección cuando el líder se corrompe o decide que sus intereses personales son los de la nación. La historia latinoamericana está llena de líderes que se quedaron hasta que el proyecto original fue irreconocible. 
 
La expansión del "bukelismo" es una prueba de estrés para la región. Lo que hagan los nuevos liderazgos en los próximos años dirá si el colapso democrático salvadoreño tiene vocación de generalizarse.