La condena al gobierno de Nayib Bukele ha sido unánime entre organizaciones de derechos humanos y de periodistas. La reforma al Código Penal, que amenaza con 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes de las pandillas en la prensa de El Salvador, aprobada en el contexto de un controvertido "estado de excepción" del mandatario para hacer frente a la delincuencia, ha generado rechazo.
Este 7 de abril, Reporteros Sin Fronteras manifestó su solidaridad con El Faro y "toda la prensa independiente de El Salvador", en respuesta a decisión de la Asamblea Legislativa —ampliamente controlada por el presidente Bukele— de llevar adelante una reforma del Código Penal.
El Legislativo ha prohibido de facto que la prensa del país centroamericano brinde información sobre las pandillas, los grupos delincuenciales que actuado tanto en El Salvador como entre migrantes salvadoreños en EEUU.
En protesta con la decisión oficial, El Faro cerró su portada digital este 7 de abril para mostrar solamente un duro editorial sobre un fondo negro.
Desde el mes pasado Bukele lleva adelante una controvertida guerra contra las pandillas. Diversas organizaciones de derechos humanos han recordado que aún quienes han cometido delitos deben gozar del respeto a sus derechos fundamentales.
Desde que implementó el estado de excepción, el Gobierno asegura que ha detenido a unos 7.000 pandilleros, además de establecer una serie de restricciones a otros tantos que ya estaban en las cárceles de El Salvador.
Bukele, por otro lado, ha salido en defensa de la decisión del Legislativo de establecer cárcel de 15 años para los periodistas o medios de comunicación que ofrezcan los puntos de vista de los pandilleros.
Bukele apeló a la historia para justificar la medida controversial: "Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas", escribió en la red social, que es el canal de comunicación política preferido por el mandatario.
Con el cambio en el Código Penal, ahora las autoridades podrán penalizar "la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas". Establece entre diez y 15 años de prisión a "quienes, por medio de las tecnologías de la comunicación e información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general".
"Sin duda, la crítica situación de violencia que ha enfrentado el país por años, demanda acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad. Para ello, el Estado está obligado a diseñar e implementar medidas necesarias, eficaces, proporcionales y apegadas a derechos humanos. Sin embargo, muchas de las acciones que las autoridades salvadoreñas han implementado hasta el momento son inadmisibles y de ninguna forma están justificadas", aseveró a DIARIO DE CUBA la defensora Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional hizo pública una carta dirigida a Bukele, que entre otras cosas señala: El decreto de excepción y las reformas legales emprendidas a instrumentos como el Código Penal, o el Código Procesal Penal, contienen preceptos que violan de forma flagrante los derechos al debido proceso y las garantías judiciales. Las autoridades salvadoreñas deben garantizar a la población un respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos.
Bukele respondió de forma dura a través de Twitter llamando "socios de los pandilleros" a los organismos de derechos humanos, e incluso fustigó directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El presidente cuestionó el discurso de los derechos humanos y ratificó decisiones polémicas como el aislamiento de los pandilleros y el racionamiento de su alimentación en los penales salvadoreños.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) llamó a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE) y a los gobiernos de la región a pronunciarse sobre el régimen de excepción adoptado en El Salvador.
Para la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, "no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo" en términos de derechos humanos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación sobre las medidas tomadas en El Salvador. La portavoz de la oficina Liz Throssell, aseguró que entiende el desafío que supone la violencia de las pandillas para este país, pero que cualquier decisión debe manejarse bajo "la ley internacional de derechos humanos".
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se pronunció sobre la reforma legal asegurando que el problema de fondo, de la violencia en el país centroamericano no desaparecerá porque la prensa deje de mencionarlo.
APES firmó, asimismo, que "el trabajo periodístico ha sido fundamental para comprender el impacto de las pandillas, los grupos criminales que han desangrado al país durante décadas. Gracias al periodismo, El Salvador y el mundo conocieron que varios gobiernos salvadoreños, incluido el actual, pactaron con las pandillas".
Tal como reseñó DIARIO DE CUBA en su momento, una investigación periodística terminó arrojando luces sobre el trasfondo del llamado "bukelazo", la abrupta destitución de cinco magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general de El Salvador, apenas asumió la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021 y dominada ampliamente por seguidores del presidente Nayib Bukele.
Entonces, El Faro, emblemático medio digital salvadoreño, dio a conocer que en 2020 el Gobierno de Bukele sostuvo negociaciones con las tres principales pandillas criminales del país centroamericano. Esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General, entonces con Raúl Melara al frente, a través de audios, fotografías, documentos y testimonios. Melara figuró entre los altos funcionarios destituidos de forma abrupta apenas Bukele se hizo del control del Poder Legislativo.
Cierto, Bukele hace bien y algun dia de lo van a agradecer. !Fuego a la lata hasta que suelte el fondo!. Se trata de una guerra y no se puede andar co medias tintas, porque la ganarían los asesinos que han convertido a El Salvador en un infierno medieval
Hay que cambiar las leyes y legalizar la pena de muerte para los pandilleros incorregibles. Silla eléctrica y paredón contra esos delincuentes y los DDHH que digan lo que les salga de las narices. Los complejos y prejuicios no conducen a nada bueno. Si Bukele se amarra los pantalones y hace lo que hay que hacer, ahora lo criticarán, mañana lo aplaudirán.
Mucha preocupación por los “derechos humanos” de los victimarios y a las víctimas que les den…
No se puede ser suave con estos inescrupulosos delincuentes, han matado a miles desde que surgieron. Controlan el tráfico de drogas,coyotes,extorsión en Centroamérica y ciudades de USA,aquí si se les tiran.Hablan de derechos humanos de los delincuentes salvatruchas,mientras aplauden la Revolución Cubana,así es o a prensa izquierdista ........