Los diputados de El Salvador adeptos al presidente Nayib Bukele reeligieron el miércoles último a Rodolfo Delgado como fiscal general de El Salvador, lo que diversos analistas consideran como un blindaje garantizado ante cualquier investigación criminal que pueda enfrentar el mandatario.
Delgado se ha destacado por llevar a los tribunales a políticos y exfuncionarios opositores al actual presidente, así como emprendiendo algunas acciones contra la maras locales.
No obstante, según un artículo del sitio argentino Infobae, el nuevo alto cargo se destaca sobre todo por evadir investigaciones contra funcionarios del Gobierno de Bukele, como su jefa de gabinete, su ministro de Trabajo, el exministro de Agricultura, al secretario jurídico de la presidencia, al director de prisiones y el exministro de Seguridad.
Todos esos funcionarios forman parte de la llamada Lista Engel, o Ley de Compromiso Reforzado entre los EEUU y el Triángulo Norte, del Departamento de Estado estadounidense, y que además de altos cargos de El Salvador incluye a funcionarios de Guatemala y Honduras.
Según Infobae, el caso de omisión más flagrante de Delgado fue el conocido como Caso Catedral, abierto contra una presunta estructura criminal dirigida desde la Presidencia que supondría un pacto entre el Gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18, así como actos de corrupción durante la pandemia del Covid-19, entre otros crímenes.
A pesar de que múltiples investigaciones periodísticas y señalamientos públicos adelantaron las investigaciones de ese caso, de que en noviembre último Washington sancionó a varios funcionarios del círculo íntimo de Bukele por esas sospechas y de que se hizo pública una inminente acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York en su contra, Rodolfo Delgado guarda silencio al respecto.
La lista de negocios y asuntos turbios del fiscal incluyen ALBA Petróleos de El Salvador, empresa constituida en 2006 por Hugo Chávez para servir como salvavidas financiero del Gobierno del FMLN importando productos derivados del petróleo de Venezuela a través de la estatal PDVSA, pero autorizada también a incursionar en toda clase de actividades económicas.
A finales de mayo de 2019, la Fiscalía salvadoreña allanó varias empresas relacionadas con el consorcio y encontró decenas de miles de documentos que detallaban movimientos de dinero irregular a través de préstamos incobrables y reportes inflados de ganancias, entre otros.
En esos documentos aparecieron implicados Bukele y varios de sus colaboradores más cercanos, a algunos de los cuales Estados Unidos ha aplicado ya sanciones económicas. Hasta la fecha la Fiscalía de El Salvador no ahondó en tales evidencias.
La reelección de Delgado podría ahondar el conflicto con EEUU, que ha criticado a San Salvador tanto por su nombramiento como por la suspensión del acuerdo para investigar la corrupción.
Delgado fue nombrado en el cargo en mayo por diputados oficialistas del partido del presidente Nayib Bukele, luego de una cuestionada destitución de su predecesor Raúl Melara, por supuestos vínculos con el partido opositor de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
En la misma jornada los legisladores también destituyeron a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Un día después, el Secretario de Estado, Antony Blinken, expresó "serias preocupaciones sobre la decisión socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general".
En junio, Delgado dijo que El Salvador se retiraba de un acuerdo anticorrupción con la Organización de Estados Americanos (OEA) en protesta por la decisión del organismo de contratar como asesor a un miembro de ARENA que ha estado bajo investigación.
