La crisis en Nicaragua tuvo un punto de inflexión en febrero de este año cuando la periodista Cristiana Chamorro decidió no declararse como "agente extranjera" y optó por disolver la fundación que dirigía dedicada a la defensa de la libertad de prensa. Una ley similar a la de Nicaragua está encaminada a aprobarse en El Salvador, durante este mes, por solicitud del Gobierno de Nayib Bukele.
En septiembre del año pasado, Amnistía Internacional encabezó una campaña pidiendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no aprobara la Ley de Regulación de "Agentes Extranjeros". Esta ley nicaragüense, que terminó por aprobarse dada la mayoría del sandinismo en la Asamblea Legislativa, parecía inspirada en una ley de Rusia de 2016. Este 10 de noviembre, en tanto, el Parlamento salvadoreño, controlado por los seguidores de Bukele, el dio el primer visto bueno a una regulación similar.
En su momento, Amnistía Internacional consideró que la ley nicaragüense era contraria "a los estándares internacionales en materia de derechos humanos" y su aprobación supuso una "restricción inaceptable de la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua". Ahora, en El Salvador, periodistas independientes y defensores de derechos humanos advierten que el Gobierno de Bukele ha copiado este instrumento de carácter restrictivo.
La iniciativa de Bukele, que tuvo un primer visto bueno en la Comisión de Relaciones Exteriores, prevé un alto impuesto de 40% a las donaciones del exterior dirigidas a la sociedad civil del país centroamericano, además de establecer un registro como "agentes extranjeros" de los activistas, periodistas y eventualmente iglesias que reciban fondos de otros países.
La propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain. La recibió en el Parlamento Christian Guevara, jefe de bancada de Nuevas Ideas, el partido de Bukele que tiene una amplia mayoría legislativa, la cual ha estado activa para destituir a magistrados, al fiscal general y para allanar el camino para una eventual reelección del presidente salvadoreño.
Guevara, al comentar la propuesta, aprovechó para fustigar a El Faro, el prestigioso medio digital de San Salvador que recibe financiamiento internacional. "Organizaciones como Open Society van a pagar el 40% de impuestos, se les acabaron sus sueldos, sus jugosos salarios", dijo el legislador para señalar a los periodistas de este medio.
Aunque no hay una fecha fijada para la aprobación de este instrumento, se da por descontado que sea en breve. Por un lado, los seguidores de Bukele tienen amplia mayoría, y por el otro, el propio presidente definió como prioridad el control de ONG y medios de prensa independientes.
De acuerdo con el análisis hecho por periodistas de El Faro, entre la ley de agentes extranjeros de Nicaragua y la de El Salvador hay solo un par de diferencias: el nombre y la cantidad de artículos, en una son 19 y en la otra 15. La ley aprobada por el Parlamento que controla Ortega, en Nicaragua, se llama Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mientras que en el caso salvadoreño se omite la palabra regulación en el nombre del instrumento jurídico.
Tal como ocurre en Nicaragua, toda persona jurídica no oficial que reciba fondos internacionales deberá registrarse de forma obligatoria. Se creará un Registro de Agentes Extranjeros o RAE, que estará adscrito al Ministerio de Gobernación.
En Nicaragua, en febrero de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que lleva el nombre de la presidenta que abrió la transición democrática en 1990 al derrotar en elecciones a Daniel Ortega, anunció su disolución para evitar registrarse como "agente extranjero", cuando entró en vigor la polémica ley. Otras tantas organizaciones de derechos humanos siguieron este camino y según los testimonios recabados, las organizaciones que optaron por registrarse deben cumplir engorrosos y continuos trámites.
Meses después cuando fue detenida la periodista Cristiana Chamorro, quien presidía la fundación con el nombre de su madre, se la acusó de "traición a la patria" y de favorecer "la injerencia extranjera", así como de irregularidades en el manejo financiero de la organización sin fines de lucro, apelando a unas figuras establecidas entre otras leyes, en esta de regulación del financiamiento internacional.
En el caso de El Salvador, en tanto, se prevé que el Gobierno utilice esta ley para actuar contra medios independientes como El Faro o entidades como la Universidad Centroamericana (UCA, jesuitas), desde donde se le hacen críticas a la polémica gestión de Bukele.
Este tipo es como un Ortega joven o un Chávez no tan simiesco, pero basta con su aspecto y actitud para saber lo que hay en el caso. Pero, los "latinos" han demostrado una y otra vez tener pésimo juicio, y ni aprenden de sus errores ni los asumen, solamente siguen tropezando con la misma piedra.
A mí no me molesta que Bukele trate de tener a raya las siniestras influencias de determinadas ONGs y la Open Society. Tampoco me molesta cuando le oigo intercambiar ideas inteligentes con periodistas extranjeros en un correcto y fluido inglés, cosa que no se ve a menudo entre los políticos hispanoamericanos.
Que clase de pinta este presidente aprendiz de dictador miren la gorra y la forma de expresarse por eso no los respetan a los latinoamericanos en ningún lugar por su chusmeria de guapetones de barrio.