El nombre en sí de la ley aprobada por Daniel Ortega el año pasado busca descalificar la cooperación internacional: Ley de Agentes Extranjeros. La familia Chamorro, contra quien el sandinismo tiene una animadversión histórica, figura como primera víctima de la polémica legislación que busca controlar las actividades de las organizaciones no gubernamentales en el país.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que lleva el nombre de la presidenta que abrió la transición democrática en 1990 al derrotar en elecciones a Daniel Ortega, anunció el viernes 5 de febrero que se negaba a seguir operando en Nicaragua bajo la polémica ley. El capítulo nicaragüense del Pen Internacional, que reúne a intelectuales y escritores, también decidió colocarse en suspenso para evitar someterse a la legislación que aprobó un Parlamento dominado ampliamente por el sandinismo.
La Fundación Chamorro, como se le conoce, fue fundada y está encabezada por Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta y del simbólico periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien siendo director de La Prensa fue asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza. El hermano de Cristiana, Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y un reconocido periodista, también ha sido perseguido por el régimen de Ortega.
"Este nuevo golpe contra la libertad de expresión deja a Nicaragua sin una de sus voces más potentes a favor del periodismo libre y la libertad de expresión, y comprendemos los argumentos de la organización para tomar esta difícil decisión", condenó el editor hondureño Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
PEN Nicaragua, encabezado por la laureada escritora Gioconda Belli, también rechazó la ley. "No ha sido una decisión voluntaria, ni una renuncia a un derecho; ha sido el resultado de una acción persecutoria", precisó Belli, Premio de Bellas Artes de Francia en 2014.
En tanto, a través de un comunicado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro comunicó que "no acepta la pretendida imposición de registrarse como Agente Extranjero, establecida en una Ley inconstitucional, violatoria de todo principio de la libertad de organización".
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras 60 organizaciones más de la sociedad civil interpusieron recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega, ignoró las quejas.
En simultáneo con la implementación de la ley, aprobada en octubre de 2020, el Gobierno de Ortega oficializó las confiscaciones de facto de instalaciones y edificaciones de ONG y medios de prensa independientes, que habían sido intervenidas por la Policía en diciembre de 2018.
El pasado 29 de enero, por ejemplo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que su sede central en Managua estaba siendo demolida. También la redacción de Confidencial, la publicación dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, comenzó a ser desmantelada con el pretexto de fundar una "casa materna".
"La redacción de Confidencial, que por nueve años fue mi casa periodística, ha comenzado a ser desmantelada después de ser confiscada en 2018 por la dictadura de Daniel Ortega. La dictadura puede robarse todos los edificios que quiera, pero no callará al periodismo de Nicaragua", aseguró el periodista Carlos Salinas Maldonado, quien ahora colabora con El País de España.
La polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, promovida por Ortega, busca "controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua".
El nuevo estatuto exige inscribirse como "agente extranjero" y declarar cualquier donación que se recibe, la que deberá ser aprobada por el Ministerio de Gobernación.
La política del régimen contra las ONG busca complicar las operaciones de la sociedad civil, incluso para las que decidieron acogerse a la polémica ley.
Por ejemplo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) decidió registrarse, pero han denunciado que cada vez que se presentan ante la ventanilla de inscripción les exigen nuevos requisitos, lo que imposibilita finalizar el trámite.
