Un proyecto de ley propuesto por los legisladores sandinistas busca controlar a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero en Nicaragua, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.
La iniciativa, denominada Ley de regulación de agentes extranjeros, fue introducida el martes ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por el régimen de Daniel Ortega, definirá cuándo la envía a comisión, según un reporte de EFE.
La oposición nicaragüense calificó la iniciativa como "una Ley aberrante, confiscatoria e inconstitucional".
"Además es falsa porque lo que trata en el fondo es de reprimir a opositores nicaragüenses", dijo el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, en una declaración.
A su juicio, esa propuesta es "un nuevo zarpazo contra las libertades públicas" que impondrá "controles en contra de organizaciones, personas naturales o jurídicas" que trabajen en temas sociales, humanitarios o políticos, y que tengan relación con el exterior.
Para Chamorro, esa propuesta de ley otorga "enormes poderes discrecionales" al Ministerio de Gobernación que tendrá la última palabra para "confiscar", sancionar o penalizar a un ciudadano, al punto que pueda "perder sus libertades civiles o políticas".
Para el también representante de la Alianza Cívica, José Dávila, esa iniciativa "que pretende aprobar la dictadura", en alusión al Gobierno de Ortega, "es una venganza por las sanciones" que EEUU y la Unión Europea han aplicado a familiares y allegados del presidente, así como a altos cargos.
"Buscan no solo el control férreo de las transacciones que puedan tener nicaragüenses con fundaciones o entidades extranjeras con las que establezcan alguna relación de servicios o asesoría, sino que buscan sencillamente anular a los que tengan relaciones con entidades extranjeras", criticó Dávila, exembajador nicaragüense en Alemania.
Sostuvo que la iniciativa deja a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación "considerar que esas relaciones son interferencias de Gobiernos extranjeros".
"Esta dictadura no tiene frenos ni escrúpulos en seguir imponiendo férreos controles a los nicaragüenses", reprochó Dávila, que describió la iniciativa como una "Ley draconiana", "gravísima", "inaceptable", y que no puede ser permitida.
"Este Gobierno está pensando en más represión, más limitación, más control a los ciudadanos. Han perdido la brújula, el sentido común y es hora de que el mundo entero se dé cuenta de hasta dónde va esta dictadura", señaló.
La iniciativa, según el proyecto, "tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado".
