Una semana después de presentar un proyecto de ley para controlar el financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales (ONG), el sandinismo dio otro paso en su proyecto de control de la disidencia al proponer este 28 de septiembre un instrumento legal al que ha bautizado como Ley Especial de Ciberdelitos.
Los diputados sandinistas presentaron la propuesta que recibió críticas de inmediato. El 23 de septiembre los mismos legisladores afines al régimen de Daniel Ortega, presentaron la propuesta de una denominada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual se busca controlar a las ONG y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero en Nicaragua, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.
De acuerdo con la abogada Martha Patricia Molina, el régimen de Ortega busca blindarse con instrumentos revestidos de "legalidad" que le permitan perseguir a la disidencia "y contra todo aquel se atreva a contradecir al régimen".
Ambas propuestas aún no han sido aprobadas, pero dado que el sandinismo tiene una mayoría absoluta se da por descontado que terminen aprobándose si tienen el visto bueno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, una disidente del sandinismo, cuestionó rápidamente la propuesta de una ley contra ciberdelitos. A su juicio, se busca "atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio".
De acuerdo con el documento difundido por los legisladores sandinistas, habrá multas y hasta cuatro años de cárcel para "quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia".
Otra rápida reacción provino del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão. "Nueva iniciativa de Ley en Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las tecnologías para divulgar información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra", denunció el activista brasileño.
Por su parte, la integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, cuestionó que esta propuesta de ley "tiene zonas grises como: ¿quién decide qué son noticias verdaderas o falsas, más cuando ellos [sandinistas] se encargan de desvirtuar la realidad?".
De acuerdo con Zamora, el proyecto "criminaliza la labor periodística independiente, y la de cualquier activista de derechos humanos que denuncia los atropellos".
Según diversos analistas, el sandinismo aprovecha el desconcierto que reina en la comunidad internacional, enfocada en dar respuestas a la crisis global del coronavirus, para avanzar en su proyecto político de hegemonía y control.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y PEN Internacional denunciaron "un clima de trabajo cada vez más complicado para la prensa independiente en Nicaragua", en un documento en el que se refirieron a la propuesta de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, emitida la semana pasada. La nueva propuesta, sin duda, ahonda en los aspectos negativos que ya advertían ambas organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
Recientemente, al hacer un balance del primer semestre de 2020, la coalición latinoamericana de organizaciones dedicadas a la libertad expresión "Voces del Sur", al referirse a Nicaragua sostuvo que en el país centroamericano "los casos de agresiones, amenazas y persecución contra periodistas no han variado de tónica desde las protestas sociales de abril de 2018 y han sido constantes en 2020".
