Como un hecho muy grave catalogó la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) el espionaje llevado a cabo en El Salvador contra dos decenas de periodistas del emblemático medio digital El Faro, cuyo periodismo crítico está en el centro de los señalamientos del presidente Nayib Bukele.
El escándalo se dio a conocer este 13 de enero y el caso ha sido corroborado tras tres meses de investigación de dos entidades independientes. Si bien el Gobierno de Bukele ha negado ser cliente de Pegasus, el cuestionado software de espionaje de la empresa israelí NSO Group, es difícil qué otro actor de peso y recursos podría interés en una operación de espionaje masivo contra un medio de comunicación en el país centroamericano.
"Estas revelaciones en El Salvador son muy graves. Las intromisiones en las comunicaciones privadas de activistas y periodistas no pueden justificarse por necesidades de seguridad o de defensa, sino que tienen como única finalidad permitir que se persiga y se amordace a los opositores", señaló a DIARIO DE CUBA Emmanuel Colombié, director para las Américas de RSF, cuya sede principal está en París.
Los teléfonos móviles de más de la mitad de los empleados de El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales.
Estas dos instancias, independientes y especializadas, analizaron los equipos móviles de todos los empleados del medio salvadoreño, a solicitud de este. Se confirmó que los aparatos de 22 miembros del periódico digital fueron intervenidos y esto incluyó desde periodistas, hasta directores e incluso personal administrativo.
De acuerdo con el reporte generado por las entidades especializadas, en un lapso de casi medio año se produjeron 226 operaciones de espionaje contra las comunicaciones privadas de los empleados de El Faro.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se dirigió formalmente a la Fiscalía General para que se inicie una investigación. No hubo reacción de la Fiscalía, dirigida por un fiscal afín a Bukele, ni se anunció de inmediato una investigación judicial. El caso se suma a un clima cada vez más hostil para el periodismo crítico en el país centroamericano.
"NSO continúa proporcionando tecnología de vigilancia a sus clientes estatales, con pleno conocimiento de que estos la están utilizando para infringir el derecho internacional y, por lo tanto, incumpliendo su responsabilidad de respetar los derechos humanos", recalca Colombié desde Río de Janeiro, donde funciona la oficina regional de RSF.
Es tan grave lo que ocurre con el uso de Pegasus para el espionaje de periodistas, que "en 2020, RSF incluyó a NSO Group en su lista de depredadores digitales de la libertad de prensa en el mundo", recuerda el vocero de la ONG internacional.
La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones.
Todo apunta a la responsabilidad de Bukele o sus colaboradores de alto gobierno. En lo que analistas catalogan de una huida hacia adelante, un comunicado oficial enviado a agencias internacionales de prensa, en San Salvador, sostiene que el Gobierno está investigando el hecho y denuncia que incluso altos funcionarios de Bukele también tendrían intervenidas sus comunicaciones con Pegasus.
"Nos resulta evidente que el único gobierno interesado en crear una operación de espionaje de semejante magnitud en contra de periodistas de medios salvadoreños es el Gobierno salvadoreño", sostiene El Faro en un duro editorial tras difundirse el caso.
"Esta nueva agresión guarda total coherencia con los recurrentes ataques que la Administración de Nayib Bukele ha lanzado contra El Faro, entre las que se cuenta el uso de las instituciones públicas para realizar una serie de auditorías financieras abusivas, la amenaza del propio presidente de abrir casos de lavado de dinero y de evasión fiscal", sostiene el medio.
La intervención de un teléfono móvil con Pegasus permite el espionaje prácticamente sin límites de las comunicaciones del periodista espiado. El programa logra acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería y de correo electrónico.
En agosto de 2020, siete periodistas de siete países, identificados como víctimas confirmadas o potenciales de la vigilancia de Pegasus, presentaron una denuncia junto a RSF contra la empresa NSO Group y todos los demás responsables solicitando una investigación judicial.
Esta denuncia complementa la presentada por RSF en junio de 2020 junto a dos periodistas franco-marroquíes. RSF también remitió los casos de estos periodistas a la ONU.
