Una investigación periodística ha terminado arrojando luces sobre el trasfondo del llamado "bukelazo", la abrupta destitución de cinco magistrados de la Sala Constitucional y el fiscal general de El Salvador, apenas asumió la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado y dominada ampliamente por seguidores del presidente Nayib Bukele.
El Faro, emblemático medio digital salvadoreño, dio a conocer que en 2020 el Gobierno de Bukele sostuvo negociaciones con las tres principales pandillas criminales del país centroamericano. Esta serie de negociaciones fueron documentadas por la Fiscalía General, entonces con Raúl Melara al frente, a través de audios, fotografías, documentos y testimonios.
Tal como lo reseñó en su momento DIARIO DE CUBA, Melara fue destituido en una polémica y arbitraria primera decisión de la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele. También fueron destituidos, sin cumplir con lo establecido legalmente, los cinco magistrados de la Sala Constitucional. Para llenar estas vacantes, tras las destituciones se pasó a nombrar a simpatizantes del presidente salvadoreño, quien tiene en este momento control sobre todos los poderes públicos.
De acuerdo con lo que documentó la Fiscalía, las negociaciones tuvieron lugar dentro de las prisiones de máxima seguridad de El Salvador, y el objetivo oficial era conseguir una reducción en el número de asesinatos, cosa que efectivamente ha ocurrido.
Como contrapartida, las tres pandillas criminales Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, le exigieron al Gobierno de Bukele mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. De acuerdo con la legislación vigente en El Salvador, estas tres organizaciones, por la naturaleza de sus crímenes, son consideradas terroristas.
Hasta abril de 2021, antes de la destitución de Melara que ocurrió el 1 de mayo, la Fiscalía adelantaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios gubernamentales. La indagación periodística no encontró pruebas de que este proceso de la Fiscalía haya continuado tras el nombramiento como fiscal general del exfiscal de crimen organizado, Rodolfo Delgado, un simpatizante de Bukele.
En septiembre de 2020, El Faro adelantó lo que ahora ha presentado con amplia documentación. Entonces el medio digital denunció que altos funcionarios llevaban más de un año conversando con cabecillas de la Mara Salvatrucha-13.
Las pandillas le presentaron al Gobierno de Bukele una lista de peticiones de 20 puntos. Según periodistas especializados en la problemática de la violencia en El Salvador, son puntos bastante similares a lo que los grupos criminales plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
La OEA medió en el proceso de negociación que entonces llevó adelante el Gobierno de Mauricio Funes con las pandillas y que se bautizó como "La Tregua".
En 2020 los pandilleros pidieron al Gobierno de Bukele el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos, y que se detenga la persecución "solo por estar tatuados". Asimismo pidieron financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros, visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros aspectos.
El tema de las negociaciones entre Bukele y las pandillas, y el manejo secreto que le ha dado el Gobierno a este tema, genera temor entre ciudadanos de El Salvador. DIARIO DE CUBA consultó telefónicamente a dos analistas políticas en San Salvador y en ambos casos dijeron que preferían no hablar públicamente del tema por temor a represalias.
