La Justicia de El Salvador ordenó el arresto del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén y de nueve funcionarios de alto rango de una Administración anterior como parte de una investigación por lavado de dinero y corrupción, informó la oficina del fiscal general.
La autoridad dijo que Sánchez Cerén estaba fuera del país, pero que seis exmiembros del Gobierno del expresidente Mauricio Funes, cuyo mandato ocurrió entre 2009 y 2014, habían sido detenidos, reportó Reuters.
Sánchez fue vicepresidente de Funes, antes de convertirse en mandatario en el período siguiente. Su sucesor, Nayib Bukele, ha recibido fuertes críticas por una serie de medidas controversiales, incluida la destitución del fiscal general y el cierre de una oficina anticorrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo el jueves que Sánchez Cerén y los otros funcionarios, incluidos los exministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Agricultura y Medio Ambiente, son buscados por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito tras recibir transferencias de fondos no autorizados.
"El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó", indicó Bukele en su perfil de Twitter.
Mauricio Funes afronta diferentes procesos judiciales desde 2016, por lo que huyó del país y se asiló en Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad. De acuerdo con la prensa salvadoreña, Sánchez Cerén también se encuentra en Nicaragua.
En una conferencia de prensa, el fiscal general Rodolfo Delgado agregó que buscaría ayuda internacional para localizar a Sánchez Cerén.
"Hemos girado órdenes de captura y posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de búsqueda de Interpol en contra de Salvador Sánchez Cerén cuando fungió como vicepresidente de la República", señaló.
Los hechos por los que se acusa a Sánchez Cerén datan del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), de la exguerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Esposados y custodiados, fueron presentados en la Dirección de Investigaciones de la Policía los exministros Carlos Cáceres (Hacienda) y Violeta Menjívar (Salud); y los exviceministros Calixto Mejía, de Trabajo; Erlinda Handal, de Tecnología, y Hugo Flores, de Agricultura.
"Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño", dijo en rueda de prensa el fiscal general. "Serán acusadas por el delito de lavado de dinero", agregó.
"El dinero era entregado en casa presidencial (...) en forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían devengar por ejercer la función pública", explicó el fiscal.
La investigación, según Delgado, se inició en 2019 y es "una derivación" del caso denominado "Saqueo Público" de 2009-2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de "gastos reservados" de la Presidencia.
Lo defraudado al final del período ascendió a 351 millones de dólares por las transferencias de fondos que fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda, sin la debida autorización del Congreso.
El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que "el actual grupo gubernamental, valiéndose de instrumentos del Estado, está actuando de manera ilegal para consolidar el mecanismo de persecución política".
Es un "mecanismo autoritario que lleva directamente a la construcción de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas", agregó Ortíz.
Al llegar al poder en 2019, Bukele rompió con tres décadas de alternancia en el poder del FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
Con mayoría parlamentaria desde mayo pasado, el mandatario de 39 años reemplazó a un grupo de magistrados y al fiscal general, quien reactivó investigaciones por corrupción contra gobiernos anteriores.
A inicios de julio se le incautaron bienes a ARENA por un desvío de donaciones ocurrido en 2003.
