El Congreso de El Salvador decretó el domingo un régimen de excepción para tratar frenar un "incremento desmedido" de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad con 76 homicidios en dos días, récord criminal en la historia reciente del país.
El Gobierno de Nayib Bukele pidió al Congreso decretar dicha medida a raíz de las "graves perturbaciones del orden público" generadas por las maras, reportó EFE.
La medida fue aprobada con los votos de 67 diputados de 84 durante una sesión plenaria extraordinaria convocada por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a solicitud del presidente Bukele.
El régimen de excepción entrará en vigencia luego de que Bukele firme el decreto aprobado en el Congreso y se publique en el Diario Oficial.
Los diputados avalaron la suspensión de la libertad de asociación, derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia.
Además, se suspendió la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial y se amplió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
El Salvador registró el sábado el día más violento de su historia reciente, con 62 asesinatos en medio de una escalada iniciada el viernes, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
El alza de asesinatos de este fin de semana, atribuida a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), se cobró la vida de 76 personas en dos días, con los 14 del viernes.
La cifra más cercana a los 62 asesinatos del sábado es la de 51 homicidios en un solo día, registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).
Este escenario supone un duro golpe para el Gobierno de Bukele, que atribuye a su Plan de Control Territorial la acentuación de la baja de los homicidios en los últimos años, tendencia iniciada en el 2016.
Para el director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, que el Gobierno haya tenido que pedir esta medida "muestra que su plan no es efectivo para detener el crimen".
La ola de violencia llevó a las autoridades a declarar una "guerra contra las pandillas", como lo hizo el antecesor de Bukele en el Gobierno, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén.
"No retrocederemos en esta #GuerraContraPandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos", publicó la Policía en su cuenta de Twitter.
Esta etiqueta de "guerra" ha sido adoptada por funcionarios del Gobierno, como el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
La Policía y el Ejército intensificaron los patrullajes, según informó el Gobierno, la noche del sábado en todo el territorio para intentar controlar la ola de asesinatos.
Los elementos de Seguridad fueron desplegados en diferentes colonias populosas del país, en zonas de bares y, de acuerdo con información de la Policía, se han capturado a cuatro supuestos líderes de la pandilla MS13, señalados de "ordenar" la escalada de asesinatos que vive el país.
La mayoría de homicidios registrados el sábado fueron perpetrados en los departamentos de La Libertad (12) y San Salvador (nueve), según datos de la Policía.
Human Rights Watch monitorea la situación
El investigador Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW) señaló la madrugada del domingo que la organización "monitorea" con "preocupación" el aumento de los homicidios en el país centroamericano.
"El Salvador: estamos monitoreando, con preocupación, el grave aumento de homicidios en el país. Urge que el Gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos", publicó Pappier en Twitter.
Apuntó que "la política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de derecho".
En noviembre de 2021, el país también registró un alza repentina de los homicidios, que dejó más de 40 asesinatos en tres días.
En esos días, el presidente Bukele se pronunció sobre señalamientos de que la repentina alza de los asesinatos de esos días estaba relacionada con una supuesta fractura de una "tregua" con las pandillas.
Bukele, sin entrar en detalles ni aportar pruebas, atribuyó anteriormente dicha alza de los homicidios a "fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado", y aseguró que "este Gobierno no lo va a permitir".
Estados Unidos señaló al Gobierno de Bukele de sostener negociaciones con las pandillas, por lo que sancionó en diciembre a dos funcionarios.
Analistas han indicado que algún quiebre en las supuestas negociaciones habrían generado anteriores alzas de asesinatos.
