La juramentación de cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Nicaragua, este 27 de noviembre, si algo ha dejado en claro es que se ha profundizado el control de la pareja presidencial, Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, sobre el sistema judicial como parte de un proceso de mayor centralización.
En la Asamblea Nacional, ampliamente controlada por el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), se juramentó a los cinco nuevos magistrados de la CSJ. Tres de ellos ya sancionados por EEUU por su rol en la persecución de opositores. Este acto, que es la culminación de las reformas constitucionales de febrero pasado, no solo llena vacantes recientes, sino que acelera la subordinación total del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, eliminando cualquier vestigio de independencia institucional.
Ana Julia Guido Ochoa, Octavio Ernesto Rothschuh Andino, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo, los nuevos magistrados, asumieron sus cargos en un salón del Palacio Nacional, flanqueados por diputados oficialistas y representantes del FSLN.
Guido, ex fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional, pronunció un juramento que enfatizó la "defensa de la soberanía y la Revolución", términos recurrentes en la retórica gubernamental de Managua, bajo la égida de Ortega y Murillo.
Rothschuh y Rodríguez, ambos jueces de apelaciones, fueron recordados por la prensa nicaragüense en el exilio por su participación en procesos que despojaron la nacionalidad nicaragüense a más de 300 disidentes, incluyendo al escritor Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Welcome Crawford, jueza del Caribe Sur, y Fuertes Toledo, ex secretario político del FSLN a nivel provincial, completan la terna, seleccionados por su alineación ideológica con el régimen. La elección, aprobada por unanimidad en la Asamblea el día anterior, responde a las renuncias "por edad o salud" de Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, ocurridas en la última semana.
Medios de prensa como Confidencial, dirigido por el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro desde Costa Rica, describen estas salidas como "forzadas", en una suerte de "purga revolucionaria".
Con esta incorporación, la CSJ opera ahora con diez magistrados, el número reducido por la reforma constitucional de 2025, que fusiona el Poder Legislativo y el Poder Judicial bajo la "coordinación" del Poder Ejecutivo.
Esta reforma no es un evento aislado. Para los analistas se trata de la culminación de una estrategia de centralización de poder iniciada tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde entonces, el régimen ha instrumentado el Poder Judicial para criminalizar la disidencia: más de 2.000 opositores han sido procesados por "terrorismo" o "traición a la patria", cargos fabricados en salas especiales de la CSJ, según Confidencial.
El contexto de estas designaciones radica en la reforma constitucional promulgada el 18 de febrero de 2025, que Ortega y Murillo presentaron como "actualización revolucionaria". El texto, aprobado por un Parlamento dominado por el sandinismo, extiende el mandato presidencial a seis años, instituye a Murillo como "copresidenta" y rebautiza los poderes del Estado como "órganos coordinados" por el Ejecutivo.
El portal Artículo 66 precisa que la CSJ, ahora con solo diez miembros, pierde autonomía: su presidente es nombrado directamente por la Presidencia por seis años, y el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial —controlado por el FSLN— dicta ascensos y destituciones discrecionales.
Esta "nueva Constitución Sandinista", como la llaman los críticos, elimina el equilibrio de poderes heredado de 1987. La Ley Orgánica del Sistema Judicial, derogatoria de la normativa de 1998, faculta al régimen para "coordinar" fallos y priorizar "la defensa de la patria" sobre derechos individuales.
Analistas independientes, como el exdiputado Eliseo Núñez, advierten que esto convierte a los jueces en "funcionarios políticos", expuestos a purgas si fallan en lealtad. "La carrera judicial, que garantizaba méritos y oposiciones, ha sido abolida. Ahora, todo es discrecional: un ascenso depende de alineación con Managua", explica Núñez en un análisis publicado por Confidencial.
Las reacciones locales han sido unánimes en su condena. Confidencial, desde San José de Costa Rica, tituló: "Los nuevos magistrados en la CSJ de Rosario Murillo", destacando su "lealtad probada" como credencial principal. "Estos no son jueces, sino verdugos. Guido y los suyos han fabricado causas para exiliar a cientos, y ahora escalan para perpetuar el terror judicial", escribió el director Carlos Fernando Chamorro en un editorial del 27 de noviembre.
En redes sociales, el eco fue inmediato. 100% Noticias reportó: "Nuevos magistrados fortalecen modelo de represión en CSJ, señalan opositores", con miles de interacciones criticando la "purga" como preludio a más detenciones. En redes ha prevalecido la tesis de que ha muerto la posibilidad de una Justicia mínimamente independiente en Nicaragua.
Internacionalmente, la respuesta fue rápida. El Departamento de Estado de EEUU reiteró que las sanciones a Guido, Rothschuh y Rodríguez —por "participar en la desnaturalización de procesos judiciales"— se mantienen, y amenazó con extenderlas a los nuevos cargos.
La ONU, a través de su Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, incluyó a estos tres en su lista de 54 responsables de violaciones desde 2018, encabezada por la pareja presidencial.
Mientras tanto, Daniel Ortega, de 80 años, y Rosario Murillo, de 73, consolidan su poder aparentemente sin obstáculos. El mundo observa a un régimen que, con jueces leales, se atrinchera contra el cambio.
