Las decisiones de despojar de su nacionalidad a los opositores nicaragüenses se habían tomado un año atrás, pese a que la Constitución lo prohibía. Para dejar constancia de que esta será una política de Estado, el régimen sandinista que encabezan Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha reformado finalmente la Carta Magna del país centroamericano.
En una sesión especial, celebrada fuera de Managua en honor al poeta nacional Rubén Darío (1867-1916), la Asamblea Nacional de Nicaragua, ampliamente dominada por el sandinismo, aprobó este 19 de enero la reforma constitucional, con lo cual cualquier ciudadano nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados "traición a la patria" perderá también la nacionalidad nicaragüense.
"Es, diría yo, providencial que el tiempo, que la vida nos haya permitido venir a poner ese sello (a la reforma constitucional) aquí frente a la casa donde nació Rubén Darío", declaró el presidente del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras.
Hace un año, el 9 de febrero de 2023, esta reforma recibió una primera aprobación justamente el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados hacia EEUU 222 prisioneros políticos nicaragüenses, entre líderes opositores, disidentes sandinistas, sacerdotes y activistas de la sociedad civil. Todos, además de ser desterrados, también fueron despojados de su nacionalidad.
Una semana después de aquella expulsión masiva de presos políticos, concertada con la Casa Blanca, el régimen de Ortega y Murillo dictó una medida para quitarle la nacionalidad a 94 críticos de su Gobierno, que se encontraban ya exiliados. Entre los afectados figuraron los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el periodista Carlos Fernando Chamorro; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia; y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH).
El sistema de justicia, también controlado por el sandinismo, además de acusarlos de "traición a la patria" los declaró "prófugos de la Justicia". En decisiones ejecutivas, además de perder la nacionalidad, todas estas personas vieron cómo les fueron incautadas dentro de Nicaragua todas las propiedades que estaban a su nombre. Todo aquello fue catalogado de expoliación por los críticos del régimen.
Para que se hiciera efectiva la reforma constitucional, aunque en la práctica ya el régimen de Managua venía aplicando el castigo de dejar sin nacionalidad a sus opositores, esta debía ser aprobada en dos legislaturas distintas (dos años legislativos diferentes). Con la sesión de este 19 de enero se cumplió con la formalidad.
El reformado Artículo 21 establece que "la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".
En febrero de 2023, además de expulsar a los 222 presos políticos y privarlos de su nacionalidad, el Parlamento sandinista había aprobado de forma exprés una "Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense".
A los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos siete precandidatos presidenciales detenidos para evitar que le disputaran la presidencia a Ortega en las elecciones de 2021, además fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.
En las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, que no son reconocidas como legítimas por EEUU, Canadá y la Unión Europea, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Entre las personas despojadas de su nacionalidad nicaragüense, desde febrero pasado en el grupo junto a Sergio Ramírez y Gioconda Belli, figura el obispo católico Silvio José Báez, exiliado en EEUU.
El papa Francisco, quien ha enfrentado de forma cautelosa la situación grave que viven religiosos e instituciones católicas de Nicaragua, decidió ratificar como obispo auxiliar de Managua a monseñor Silvio José Báez, pese a su exilio y a que está despojado de nacionalidad. Esta ratificación de Báez se interpretó como un espaldarazo a los sacerdotes y órdenes religiosas perseguidas dentro del país centroamericano u obligadas al exilio.
"El papa Francisco me invitó a visitarlo y me recibió hoy (20 de enero) en el Vaticano. Agradezco su cariño de hermano y sus sabias palabras. Me confirmó como obispo auxiliar de Managua y me mostró su interés y amor por Nicaragua", comentó el prelado nicaragüense.
Hace una semana precisamente, se produjo el destierro del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien era el preso político de mayor relevancia dentro de Nicaragua. El prelado, junto a otros 17 religiosos, fue enviado a Roma gracias a un acuerdo entre Managua y el Vaticano.
En febrero de 2023, monseñor Álvarez resaltó como una figura de resistencia pacífica al negarse a salir rumbo a EEUU, junto a un grupo de 222 presos políticos desterrados. Su exigencia era permanecer en Nicaragua. Tras este incidente fue enviado como castigo a las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, conocidas como El Infiernillo.
Un total de 34 sacerdotes han sido desterrados de Nicaragua entre febrero de 2023 y enero de 2024. Este 19 de enero el régimen prosiguió con esta política y desterró de Nicaragua a tres sacerdotes de la orden Santísimo Salvador y pertenecientes a la diócesis de León, en el occidente del país.
Somoza era un niñito de kindergarten comparado con Ortega. Desde que los comunistas descubrieron que hacer leyes a modo es más barato y más efectivo que la guerrilla, no paran de "legislar". La ventaja es que cuando se caiga, el bandazo pal'otro lado va a ser tremendo.😀