El régimen de Daniel Ortega cerró el Consulado de Nicaragua ubicado en la ciudad estadounidense Los Ángeles, California, informó 100% Noticias.
El anuncio se conoció a través de un aviso colocado en la entrada de esa sede consular, que no ofrece a explicaciones de la decisión y remite a los nicaragüenses necesitados de realizar trámites a las otras oficinas del Consulado en Estados Unidos.
"El Consulado General de la República de Nicaragua en Los Ángeles, California, por este medio informa a todos sus connacionales que el Consulado de la Ciudad de Los Ángeles cesa funciones a partir del día de hoy 19 de enero de 2024", informó el documento.
Para realizar cualquier trámite consular en la nación norteña, los nicaragüenses deben dirigirse a las sedes ubicadas en Miami, Washington y Nueva York.
Los Ángeles ha sido escenario de varias protestas contra el régimen encabezado por el binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo. Esta podría ser una de las razones que motivaron el cierre de la sede consular, de acuerdo con una activista entrevistada por 100% Noticias.
"Para mí, el cierre tiene que ver con que la mayoría de los nicaragüenses que vivimos al sur de California no nos identificamos con el régimen. La mayoría estamos en contra de lo que sucede en Nicaragua", explicó Gretel Campbell, quien ha formado parte de las manifestaciones contra el régimen nicaragüense ante el Consulado de Los Ángeles.
La falta de usuarios a los que atender también podría estar entre los motivos del cierre y está estrechamente conectado al anterior, de acuerdo con Campbell.
"Muchos de nosotros dejamos de usar esos servicios del consulado. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de nicaragüenses que han emigrado, la mayoría no pueden ir al consulado; creo que esa es una de las razones, no estaban activos atendiendo a la comunidad", señaló la activista.
El cierre sería "parte de la presión a los nicaragüenses que estamos fuera y nos pronunciamos en contra del régimen", señló Campbell, quien ve una relación entre el aviso y una reforma constitucional aprobada en segunda legislatura por la Asamblea Nacional un día antes.
El Parlamento de Nicaragua —controlado por el régimen de Ortega— ratificó la reforma de la Constitución que permite que los ciudadanos sentenciados por delitos considerados "traición a la Patria" sean despojados de la nacionalidad nicaragüense.
La reforma fue aprobada este jueves durante una sesión especial celebrada en Ciudad Darío en conmemoración del 157 aniversario del natalicio del poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), destacó la Asamblea Nacional en una declaración citada por la agencia EFE.
"Es, diría yo, providencial que el tiempo, que la vida nos haya permitido venir a poner ese sello (despojar de la nacionalidad a nicaragüenses) aquí frente (a la casa) donde nació Rubén Darío", afirmó el presidente del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras.
Porras resaltó la posición antimperialista, nacionalista y revolucionaria de Rubén Darío, considerado el "Príncipe de las letras castellanas" y el padre del modernismo literario.
La reforma constitucional fue aprobada en la primera de dos legislaturas el 9 de febrero de 2023, fecha en que fueron excarcelados y desterrados hacia Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, disidentes sandinistas, sacerdotes y críticos del régimen.
El Artículo reformado, el 21, que al ser constitucional debía ser aprobado en dos legislaturas (períodos de sesiones parlamentarias), establece que "la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".
Un día después, el 10 de febrero, y pese que la reforma constitucional no estaba en vigor, las autoridades despojaron de la nacionalidad a los 222 nicaragüenses considerados presos políticos por los organismos humanitarios, que además de ser desterrados fueron sentenciados como "traidores a la patria".
El Tribunal de Apelaciones de Managua, controlado por los sandinistas, ordenó privar la nacionalidad a esos 222 nicaragüenses con base en la "Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense", aprobada también un día antes.
La citada Ley especial establece que "las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense".
Los 222 nicaragüenses desterrados y expatriados, entre ellos siete que intentaron disputar la Presidencia a Ortega, fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública y cargos de elección popular. También se les suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida.
Cinco días después, el régimen de Nicaragua despojó de su nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, y a otros 90 nicaragüenses opositores y críticos con Ortega, tras acusarlos de delitos considerados "traición a la patria". Esto significa que fueron despojados sin que existiera contra ellos sentencia firme como establece la Ley.
