De 245 presos políticos en Nicaragua, según las organizaciones de derechos humanos, en una sola medida administrativa el régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha desterrado a 222, enviándoles en un vuelo a Washington este 9 de febrero. Una acción que, según lectura de analistas y diplomáticos, busca abrir negociación con EEUU.
La medida, sorpresiva tanto dentro de Nicaragua como para la comunidad internacional, se puso en práctica en horas de la madrugada (local) de este jueves. EEUU, si bien ha indicado que fue una decisión unilateral de Managua, argumentó razones humanitarias para facilitar el ingreso a territorio estadounidense de decenas de líderes sociales, estudiantiles y políticos que estaban en prisión por razones políticas.
Miembros de la familia Chamorro, que sufrieron el encono del sandinismo, la exlíder guerrillera Dora María Téllez, líderes estudiantiles de las reprimidas protestas de 2018 como Lesther Alemán, empresarios y activistas políticos, figuran en la mayor operación de este tipo que se conozca en el continente americano, incluso desde que se instauró la dictadura cubana en 1959.
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, elogió la medida, insistiendo en el carácter humanitario de la misma, y admitió que podría abrir el camino para el diálogo con el Gobierno de Daniel Ortega, cuya relección en 2021 fue catalogada de ilegítima por EEUU, Canadá y la Unión Europea.
"La liberación de estos individuos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense, por parte del Gobierno de Nicaragua marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre EEUU y Nicaragua sobre temas que nos preocupan", manifestó Blinken.
De acuerdo con la socióloga Elvira Cuadra, el régimen de Ortega y Murillo tomó "esta decisión porque son un régimen débil y necesitan resolver la crisis sociopolítica que existe desde hace cinco años. Es obvio que hay una negociación, o están buscándola".
Cuadra aseveró, al ser consultada por DIARIO DE CUBA, que la medida ha sido "un bálsamo para los familiares de los presos y para el país", pero cuestionó que los presos políticos no hayan sido liberados para disfrutar de libertad dentro de Nicaragua, dado que fueron obligados a irse a EEUU, desterrados, como condición para salir de las celdas sandinistas.
A juicio de esta analista, a la luz de esta medida sorpresiva, y tomando en cuenta el canal de comunicación que se ha abierto entre Managua y Washington, resulta indispensable que los referentes prodemocracia nicaragüenses, dentro del país y en el exilio, enfaticen una agenda común que tenga como ejes: cese de la represión, restablecimiento de libertades y derechos, justicia y cambio político a través de elecciones democráticas.
Citando a altos funcionarios de la Administración Biden, el estadounidense diario The New York Times dio por un hecho que esta liberación estuvo precedida por "un acuerdo negociado con Washington, marcando una de las mayores liberaciones de presos que haya involucrado a EEUU". Es la mayor operación para excarcelar presos políticos, en un solo acto administrativo, y enviados todos juntos al destierro, que se recuerde en la región.
Según los funcionarios, con los que habló el diario estadounidense, "el Gobierno de Nicaragua no buscó nada a cambio", aunque "accedió a liberar a los prisioneros como una forma de mostrar su deseo de reiniciar las relaciones con EEUU".
En una fotografía publicada por El País, se puede observar a los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, junto al gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Hollmann Chamorro, dentro del avión que les llevó a la capital de EEUU.
El sandinismo se ensañó contra la familia Chamorro, metiendo en prisión a Cristiana para coartar su candidatura presidencial y declarando ilegal a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la libertad de expresión. Asimismo, desmanteló el emblemático diario que fue de la familia y que fue un ícono de la lucha por la democracia en Nicaragua en los años 70.
Entretanto, la Asamblea Nacional —dominada por el régimen de Ortega y Murillo— aprobó la mañana de este jueves 9 de febrero una reforma a la Constitución de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a los 222 presos políticos, quienes horas antes fueron "deportados" hacia EEUU y despojados sus derechos civiles y políticos mediante una sentencia judicial.
La reforma, que fue aprobada con 89 votos de un total de 91 escaños, modificó el Artículo 21 de la Constitución para adherirle: "Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense". De esa manera se sella el mensaje dado a la sociedad del país centroamericano, quienes fueron deportados no podrán tener derechos políticos ni podrán regresar al país, al menos mientras el sandinismo ocupe el poder y controle las instituciones.
La deportación masiva de presos políticos, por otro lado, implica liberar espacio dentro de las prisiones y le quita presión a la observación internacional en materia de derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil en Managua advertían que la comunidad internacional no debe bajar la guardia, porque las cárceles podrían llenarse de nuevo de presos políticos, especialmente con el encono de las últimas semanas contra sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica.
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