El apellido Chamorro tiene una suerte de estirpe político en Nicaragua, y el régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo apuntan a golpear a un símbolo. Tres miembros de la familia han sido detenidos en las últimas semanas y otro de ellos debió salir al exilio, nuevamente, al tiempo que fue ilegalizada la fundación manejada por la familia para la promoción del periodismo y la democracia.
En 1978, el asesinato del simbólico periodista Pedro Joaquín Chamorro por la dictadura de Anastasio Somoza fue el chispazo que llevó al sandinismo a derrocar a la dictadura un año después. Luego, Violeta Barrios de Chamorro fue la primera presidenta electa en la historia contemporánea de Nicaragua y en su momento, en 1990, frenó a un sandinismo que pretendía seguir la senda de la revolución cubana.
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de la expresidenta nicaragüense y del editor asesinado en 1978, fue detenido la noche de este 25 de junio en Managua, acusado de realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua, informó la Policía Nacional dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega.
Activista político y exdiputado del Partido Liberal Constitucionalista (PCL), Pedro Joaquín es hermano de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio pasado. Según diversas encuestas, si se realizan elecciones libres en noviembre próximo ella tendría la primera opción para derrotar a Ortega, quien está en el poder desde 2007.
Cristiana Chamorro dirigió hasta febrero pasado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que se vieron obligados a cerrar porque se negaron a inscribirse como "agentes extranjeros" en un polémico registro que abrió el régimen de Ortega y Murillo, para controlar el financiamiento internacional.
A Pedro Joaquín le han acusado de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones".
El economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y también aspirante a la presidencia asimismo fue detenido semanas atrás. En total durante este mes de junio han sido detenidos cinco aspirantes de la oposición democrática a la presidencia.
El laureado periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y de Pedro Joaquín, salió nuevamente al exilio, tras permanecer varios meses en Managua. El 21 de junio una comisión policial acudió a realizar un allanamiento con intenciones de detenerlo. El periodista confirmó posteriormente que había logrado salir de Nicaragua.
"El régimen de Ortega tiembla con el apellido Chamorro", explica a DIARIO DE CUBA la exprisionera política Olama Hurtado, quien forma parte de la dirección de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que cobró relevancia con las protestas duramente reprimidas de 2018.
Según esta activista de la sociedad civil, el régimen de Ortega "apuesta a la abstención masiva" en las elecciones de noviembre y a ello se debe la razzia de detenciones ocurridas en las últimas semanas. Una veintena de activistas políticos y sociales, incluyendo los cinco precandidatos prodemocracia, han sido detenidos. Se han realizado allanamientos contra varias ONG y medios de prensa, y se han iniciado procesos judiciales contra periodistas y figuras de la sociedad civil.
De acuerdo con Hurtado, pese a todo este contexto adverso "unas elecciones serán la única oportunidad que tendremos los nicaragüenses para movilizarnos masivamente" y dejar patente el rechazo al régimen de Ortega y Murillo, que busca perpetuarse en el poder.
Este 22 de junio, tal como lo reseño DIARIO DE CUBA, la organización Human Rights Watch hizo público su informe titulado "Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua".
La entidad especializada asegura que la ola de arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega y Murillo para un cuarto mandato consecutivo.
La pareja Ortega y Murillo, en el poder desde 2007, ha puesto en práctica diversas tretas para prolongar su presidencia. En 2009, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo.
Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido —que controlaba, y aún controla, la Asamblea Nacional— derogó los límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016. Su Gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral.
Diversos analistas estiman que unas elecciones libres y transparentes significarían el fin de la presidencia de Ortega, ya que ganaría abiertamente una figura de oposición democrática sin nexos partidistas, como es el caso de Cristiana Chamorro.
