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Nicaragua

La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro se encuentra bajo 'secuestro', denuncia su abogada

La ONU y la Unión Europea piden su liberación. Familiares de presos políticos y de jóvenes fallecidos en protestas contra el régimen de Daniel Ortega convocaron a un paro nacional.

Managua
La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro.
La opositora nicaragüense Cristiana Chamorro.

Orieta Benavides, abogada de la líder opositora nicaragüense Cristiana Chamorro, afirmó que la aspirante a la Presidencia del país sufre "un secuestro" desde el pasado miércoles, cuando una jueza dictaminó "prisión preventiva" para la también periodista y activista de derechos humanos.

Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en los comicios de 1990, no ha podido contactar a ninguno de los miembros del equipo jurídico que la defiende.

"El arresto domiciliar, como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristina", afirmó su abogada a EFE. Para Benavides, la aspirante a la Presidencia "no debería estar incomunicada" ni ser privada de hablar con su familia y su defensa.

"Es una situación que escapa de lo legal y que se convierte prácticamente en un secuestro", insistió Benavides.

El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), Peter Stano, dijo en un tuit respecto a Chamorro que la organización internacional "insta a que se la libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas contra sus derechos".

También la Organización de Naciones Unidas se pronunció al respecto a través de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la organización, António Guterres, quien dijo que las medidas contra la opositora "crean el riesgo de empeorar la confianza" en las próximas elecciones.

"Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro", agregó Dujarric. Señaló que la organización ha tomado nota de las reformas electorales aprobadas el mes pasado y de las preocupaciones que han expresado al respecto actores nacionales e internacionales, entre ellos la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Por otra parte, el político cubanoamericano Bob Menéndez, preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo que "es hora" de utilizar las herramientas provistas por el Congreso de su país para sancionar a quienes socavan la democracia en Nicaragua.

En declaraciones a la agencia española EFE, Menéndez denunció las "acciones autoritarias" de Ortega, quien, dijo, demuestra "un desprecio absoluto por el Estado de Derecho y la piedra angular de cualquier democracia: elecciones libres, justas y transparentes".

"Viendo como el régimen desesperado de Ortega cada vez está más resuelto a convertirse en la tercera dictadura de América Latina, estoy más comprometido que nunca en trabajar con el secretario (de Estado, Antony) Blinken y la Administración Biden para asegurar elecciones democráticas que permitan a los nicaragüenses tomar el control de sus propios procesos políticos y de sus oportunidades económicas", agregó.

También familiares de presos políticos nicaragüenses, así como de jóvenes que murieron en  protestas contra el régimen de Ortega, convocaron a un paro nacional tras las medidas judiciales contra Chamorro.

"Es mejor un paro nacional que un disparo", dijo Grethel Gómez, una de las personas que se congregó frente al domicilio de Chamorro para mostrar su solidaridad con la aspirante y vicepresidenta del diario La Prensa, el más grande del país.

Chamorro se encuentra actualmente inhabilitada para ejercer cargos públicos, pese a que los sondeos la daban como como favorita para alzarse con una candidatura unitaria de la oposición democrática en Nicaragua.

La persecución judicial y tributaria había arreciado en la última semana en contra de la activista, también hija de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, quien fue asesinado en 1978, en los últimos meses de la dictadura de Anastasio Somoza.

Según el Ministerio Público, no puede ser habilitada para buscar cargos públicos "por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".

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