La razzia represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no parece tener límites. La detención de cinco precandidatos a la presidencia, el acoso contra organizaciones sociales y activistas políticos, así como los allanamientos y procesos contra periodistas críticos siguen a la orden del día en Nicaragua.
"La única manera de detener a la dictadura de Ortega y Murillo es fijándole claras líneas rojas. Enfrentar al régimen sandinista de manera coordinada y con toda determinación", insistió Daniel Zovatto, director para América Latina del Instituto Idea Internacional, al reaccionar a lo que ha sido el último desmán: el allanamiento de la casa de Carlos Fernando Chamorro, quien en la actualidad es el periodista nicaragüense más galardonado en el extranjero.
Zovatto ratificó a DIARIO DE CUBA lo que viene siendo su tesis. La necesidad de que los actores de peso de la comunidad internacional, en particular EEUU, marquen con claridad una línea de lo que no le tolerará al régimen de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Hasta ahora el régimen de Nicaragua ha hecho de oídos sordos a las condenas internacionales.
Este 22 de junio, la organización Human Rights Watch hizo público su informe titulado "Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua".
La entidad especializada asegura que la ola de arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega y Murillo para un cuarto mandato consecutivo.
"Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del Gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco en particular ha llamado a que la secretaria general de la ONU y el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se aboquen a la crisis nicaragüense. A su juicio, la crisis que vive Nicaragua en este clima previo a las elecciones debe ser discutida en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007, ha puesto en práctica diversas tretas para prolongar su presidencia. En 2009, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que le permitió ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato consecutivo.
Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido —que controlaba, y aún controla, la Asamblea Nacional— derogó los límites presidenciales, permitiendo que se volviera a postular en 2016. Su Gobierno ejerce pleno control sobre todos los poderes del Estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral.
Y de cara a las elecciones presidenciales de 2021, todo apunta a que Ortega y Murillo preparan un escenario sin adversarios democráticos, ya que todos han sido encarcelados.
El mayor pico represivo, sin embargo, se vivió en 2018, dejando en claro que Ortega y Murillo apelan abiertamente a la represión con tal de permanecer en el poder. La Policía Nacional y grupos armados partidarios del Gobierno reprimieron violentamente a manifestantes en 2018, cuando detuvieron y procesaron arbitrariamente a cientos de ellos. La represión dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Buena parte de estos casos, graves violaciones de derechos humanos, han terminado por quedar impunes, dado el control que tiene el sandinismo sobre el resto de poderes públicos.
Dicen que el CHOCHO no es flojo ... pero a los Estao's Juntos nadie los respeta ...