La lista de cargos contra Luis Fernando Camacho es larga en Bolivia, y tiene varios años. El gobernador del polo económico de Santa Cruz, sin embargo, ha sufrido una suerte de detención exprés este 28 de diciembre, un día después de que difundiera un mensaje a favor del federalismo en el centralizado país andino, y él fuese acusado de separatismo.
La detención de Camacho aviva un ya caldeado clima político en Bolivia, donde gobernantes y opositores parecen tener la vista puesta en las próximas elecciones presidenciales de 2025. Recientes decisiones del fiscal general, Juan Lanchipa, han sido duramente cuestionadas por los seguidores del expresidente Evo Morales, quien mantiene una lucha intestina con el actual mandatario, Luis Arce, por el control del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Camacho mismo, siendo en la actualidad el principal referente opositor y un claro aspirante a la presidencia en 2025, avivó las críticas al modelo institucional hace mes y medio cuando convocó a un paro cívico en Santa Cruz. Básicamente, el gobernador exigía que la realización del censo nacional ocurriese en 2023 y que un año después se actualizara la data electoral.
La tesis de Camacho, con la que comulgan muchos opositores, es que regiones ampliamente pobladas como Santa Cruz, donde además se concentra buena parte de la actividad económica privada del país, están subrepresentadas para escoger parlamentarios.
Después de algo más de un mes en paralización de Santa Cruz, el Gobierno de Arce accedió parcialmente. Mantuvo el censo para 2024, pero el Gobierno ratificó que esa data actualizada será incorporada al padrón electoral de 2025.
Camacho, quien tuvo un rol protagónico en las protestas de 2019, denunciando un fraude electoral y denunciando los cambios anticonstitucionales que hizo Evo Morales para ir a una nueva relección, reúne cargos penales por aquellos sucesos y por el reciente paro cívico. En general, por el sistema judicial debería ser procesado en Santa Cruz.
Sorpresivamente, este 27 de diciembre Camacho delineó e hizo pública su agenda de lucha para 2023: el federalismo. Dijo que su región, Santa Cruz, debería tener "un nuevo tipo de relación con el Estado" boliviano.
El Gobierno de Arce y la Fiscalía General afín al mandatario le sumaron el delito de separatismo, una causa que debe ser llevada adelante en la capital administrativa, La Paz, donde tradicionalmente Arce, y antes Evo Morales, tuvieron mayor dominio de las dinámicas políticas y judiciales. Públicamente se acusa a Camacho de "golpe de Estado".
El caso generó rechazos de otros referentes políticos de oposición. El expresidente Carlos Mesa cuestionó lo sucedido: "El secuestro violento e ilegal del gobernador Camacho es indignante. Viola principios constitucionales y de derechos humanos (…) Debe ser liberado de inmediato". Otro líder opositor, Samuel Doria Medina, dijo que el "Gobierno debería dedicarse a la economía y no a la persecución política".
Camacho fue detenido cuando llegaba a su residencia, encapuchado y trasladado en secreto en helicóptero a La Paz, evitando a centenares de manifestantes que tomaron el aeropuerto de Santa Cruz en protesta por la detención. Este hecho, y dada su condición de gobernador regional, pronostican un clima de conflictividad en el cierre del año 2022 e inicio del 2023.
Su apresamiento causó una inmediata movilización espontánea. Además de los hechos ocurridos en el aeropuerto, se han producido bloqueos de calles. El Comité Cívico de Santa Cruz habló del arresto como de un "secuestro ilegal" y responsabilizó al Gobierno de la seguridad del gobernador. Se espera que los cívicos declaren un paro indefinido.
Muchos de los seguidores de Camacho temen que corra la misma suerte que la expresidenta Jeanine Áñez, quien según organismos de derechos humanos no tuvo un juicio justo. De hecho, EEUU denunció que el proceso judicial fue dirigido desde la Presidencia de Arce. Áñez asumió el poder una vez que Morales huyó del país en 2019. Ha sido condenada a diez años de prisión.
En respuesta a una consulta hecha por DIARIO DE CUBA, el analista político Andrés Gómez dice que el Gobierno de Arce ordenó la detención de Camacho por tres razones: en primer lugar, le demuestra a la base de apoyo del MAS que no está aliado con "la derecha", como le acusa Evo Morales; en segundo término, envía un mensaje de poder y fuerza a los sectores opositores; y, en tercer lugar, aviva un clima de polarización y confrontación que le favorece.
Aun cuando restan aún tres años para las elecciones presidenciales, se da por hecho de que el oficialismo en torno al MAS acuda dividido. Arce estaría buscando una relección por cinco años más, mientras que se da por descontando que Evo Morales buscará de nuevo la Presidencia, sosteniendo un mensaje crítico en contra de la gestión actual, de quien fue su ministro de Finanzas, al que acusa de "derechizarse".
Estos quechua criticaban las dictaduras derechistas, pero nada más toman el poder acaban con el orden constitucional para perpetuarse en el poder como Evo "Cocaina".En conclusión Letrino- América está j......