En los últimos 12 meses la Unión Europea parecía aletargada respecto a Venezuela. No había ninguna política sobre el régimen de Nicolás Maduro, más allá de las declaraciones usuales para condenar los desmanes del chavismo. Este lunes se dio un giro de 180 grados y la UE ha dictado la lista más extensa de funcionarios venezolanos sancionados en un solo día, un total de 19.
Con estos 19 se eleva a 55 el número de altos funcionarios y figuras del chavismo sobre los que pesan sanciones individuales de la UE. Hasta ahora los países europeos han excluido al propio Maduro y a Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, el poder legislativo que ha pasado a control del chavismo desde enero pasado.
Se presume que dichas exclusiones son una suerte de as bajo la manga para subir la presión en caso de que sea necesario. La UE ha apostado tanto a las sanciones individuales, lo que implica la congelación de cuentas y la prohibición de pisar territorio comunitario, como a restricciones al país para evitar que Maduro importe armas o equipos represivos de alguno de los 27 miembros de la comunidad.
El letargo que parecía envolver a Bruselas, según observadores, se debió a una conjunción de factores en el último año. El 2020 fue el primer año de gestión del español Josep Borrell, lo que coincidió con la pandemia de Covid-19 y el impacto que tuvo en Europa Occidental, que debió redoblar sus esfuerzos en temas internos, sanitarios y económicos.
Durante 2020, por otro lado, la UE apostó sin éxito a que el Grupo Internacional de Contacto, formado por países latinoamericanos y europeos, pudiese abrir alguna rendija favorable a una negociación política en Venezuela. El chavismo echó al traste esta opción al llevar adelante las elecciones legislativas del 6 de diciembre último, para desalojar a Juan Guaidó de la presidencia del Parlamento.
Guaidó era reconocido como presidente interino por más de 50 países desde enero de 2019, debido a que ocupaba la presidencia de la Asamblea Nacional, el legislativo que era considerado el único poder legítimo en una Venezuela donde el chavismo tiene cooptados o directamente controlados los poderes públicos.
"Con las sanciones dadas a conocer contra el comandante del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, el almirante en jefe Remigio Ceballos, aumentan a 15 los militares venezolanos sancionados por la UE", confirma a DIARIO DE CUBA la activista venezolana Rocío Sanmiguel, especializada en temas militares y de seguridad y directora de la ONG Control Ciudadano.
"Todos estos efectivos están señalados de utilizar los organismos e instituciones que representan para cometer graves violaciones de los derechos humanos: torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, represión contra la sociedad civil y en contra de la oposición", precisa la abogada venezolana citando la documentación que ha compilado su organización.
La UE, en tanto, se ha cuidado de dictar sanciones contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien está en dicho cargo desde 2014, y a quien tanto Canadá como EEUU han señalado como responsable de la política represiva del régimen de Maduro.
La política de sanciones comunitarias comenzó en 2017, tras registrarse una oleada represiva importante en respuesta a protestas y manifestaciones opositoras que tuvieron lugar prácticamente en todas las grandes ciudades de Venezuela.
El periodista Gabriel Bastidas recordó que la lista de los 19 sancionados, que incluye a magistrados y directivos del Poder Electoral, figuran cuatro responsables directos de la represión en Venezuela: José Miguel Domínguez, director de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); Carlos Terán, al frente de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM); Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Policiales y Criminalísticas (CICPC); y el viceministro del Interior y Justicia, Manuel Pérez.
Domínguez, Terán, Rico y Pérez aparecen señalados de forma explícita en el documentado y contundente informe de la Misión de Verificación de los Hechos, presentado en septiembre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Con su decisión de este lunes, la UE aprovechó para recalcar su rechazo a las elecciones legislativas que organizó a su medida el chavismo en diciembre pasado.
La UE señaló que sumó a estos 19 funcionarios a su listado por "graves violaciones de los derechos humanos" y "socavar la democracia", tras las elecciones del pasado 6 de diciembre. Se trata de unos comicios que los países de la UE no reconocen, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos.
"Ante la falta de respeto por el pluralismo político y la desacreditación y persecución de los dirigentes de la oposición, la Unión no podía reconocer este proceso electoral como un proceso integrador, transparente y digno de crédito, ni considerar sus resultados representativos de la voluntad del pueblo venezolano", señaló la UE.
En un relanzamiento de presiones, el comunicado de Bruselas señala que están dispuestos "a adoptar nuevas medidas restrictivas selectivas contra quienes socavan la democracia o el Estado de derecho y contra los responsables de violaciones graves de los derechos humanos".
La UE sostiene que este tipo de medidas restrictivas e individuales no van a perjudicar a la población de Venezuela, y deja abierta la puerta de que el levantamiento de las sanciones forme parte de algún mecanismo de negociación, ya que estas "pueden suspenderse".
