Una docena de relatores especiales de la ONU ha solicitado visitar Venezuela en los últimos años, pero desde 2018 sólo una ha sido recibida con alfombra roja por el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de la bielorrusa Alena Douhan, a cargo de la relatoría contra medidas coercitivas de Naciones Unidas, una instancia promovida en su momento por Cuba para denunciar el "bloqueo" de Estados Unidos.
Douhan no accedió a reunirse con las organizaciones de derechos humanos más emblemáticas de Venezuela. Su larga estadía de 12 días en el país sudamericano estuvo centrada en reuniones con dirigentes políticos del régimen y organizaciones afines al chavismo. Su visita concluyó el 12 de febrero y estuvo sellada con una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores, la sede del poder ejecutivo.
“Antes del bloqueo, Venezuela usaba el 76% de sus ingresos petroleros para invertirlos en programas sociales y ahora no puede ni invertir el 1%”. Esta frase es la síntesis de la evaluación que ha hecho Douhan, que en realidad reproduce el discurso de que Venezuela está sometida a un bloqueo por parte de Estados Unidos, tras las sanciones de Washington contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Douhan formó parte de la nomenclatura académica del régimen de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia, llegando a ser vicerrectora de una universidad estatal. Pasó a tener relevancia con una tesis en la que estudio la política de sanciones internacionales contra Bielorrusia.
Maduro aplaudió la posición de Douhan. "La relatora de la ONU, Alena Douhan, ha hecho un llamado a los Gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea a que levanten las sanciones contra Venezuela, porque estas han exacerbado una crisis humanitaria enorme contra el pueblo", sostuvo el gobernante, quien ha falseado el tema ya que la Unión Europea sólo ha establecido sanciones individuales a figuras del régimen involucradas en violaciones a derechos humanos y casos de corrupción.
Las sanciones contra la actividad petrolera de Venezuela han generado diversas lecturas. Incluso analistas u organizaciones que sostienen que esta política es negativa en el contexto de la crisis humanitaria, no eximen de responsabilidad a Maduro en lo que puede catalogarse como la destrucción de la industria petrolera local.
Rafael Uzcátegui, coordinador del el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), comentó a DIARIO DE CUBA un informe realizado por esta organización, la ONG activa más antigua en materia de derechos humanos.
La crisis que atraviesa PDVSA no es culpa de las medidas que Washington ha impuesto al Gobierno de Maduro, sino que es producto de los malos manejos de los recursos del país durante el chavismo.
Provea, por ejemplo, contabilizó lo que representó el subsidio a la gasolina, que se vendía ridículamente barata en el país. Esto les costó a las arcas públicas 183 mil millones de dólares entre 2014 y 2019. "Utilizando solo el 10% de ese astronómico valor, se hubieran podido construir la bicoca de 244 hospitales de primerísima línea con 1.000 camas de cuidados intensivos y 2.000 camas de hospitalización".
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) si bien considera que las sanciones han agravado la crisis humanitaria que atraviesa el país y que las mismas deberían ser revisadas, en un reciente informe deja en claro que la causa de la dramática reducción del Producto Interior Bruto (PIB) venezolano no es producto de las medidas estadounidenses.
"Si tomamos una foto de la situación económica de Venezuela para agosto de 2017 nos encontramos con una economía en plena recesión y con una inflación peligrosamente en aumento. La recesión inició en 2014, 14 trimestres antes de las primeras sanciones de importancia", sostiene el reporte de WOLA.
Por su parte, Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia comentó a DIARIO DE CUBA que su organización saludó la visita de Douhan, pero desearía "que también se extendieran invitaciones a los otros procedimientos de Naciones Unidas que han manifestado interés en visitar el país para constatar in situ la situación de los derechos humanos".
Públicamente, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, ha solicitado al gobierno de Maduro que permita visitas de relatores o grupos de trabajos en temas álgidos, retratados tanto en los informes del alto comisionado como en el extenso y documento informe de la Misión de Verificación de los Hechos, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En particular se solicitó el ingreso de los relatores sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como del grupo de trabajo en detención arbitraria. Estos tres tópicos son motivo de preocupación central para Bachelet y para la misión de verificación. De hecho, la evaluación preliminar contra el régimen de Maduro que está encaminada dentro de la Corte Penal Internacional justamente está centrada en estas tres violaciones.
En 2018 visitaron Venezuela el Experto independiente de la ONU para un orden democrático equitativo, Alfred de Zayas, y el entonces relator especial de la ONU contras las medidas coercitivas unilaterales, Idriss Jazairy. Ambos evitaron encontrarse con organizaciones independientes de la sociedad civil venezolana.
