El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó hoy la renovación del mandato de la Misión de Verificación de los Hechos, para determinar y documentar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro.
De forma clara, con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, el organismo no solo aprobó la renovación por otros dos años de esta misión independiente, sino que avaló el informe dado a conocer a mediados de septiembre por este equipo técnico, que tras analizar unos 3.000 casos documentó rigurosamente 233.
Según este contundente informe, en Venezuela sí existen patrones de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. La responsabilidad directa de estos crímenes de lesa humanidad recae sobre el presidente Nicolás Maduro y sus ministros Néstor Reverol (Interior y Justicia) y Vladimir Padrino (Defensa).
Tal como lo reseñó DIARIO DE CUBA, la documentación de la Misión de Verificación debería terminar de impulsar en el seno de la Corte Penal Internacional el inicio formal de una averiguación, tal como se viene demandando desde hace un par de años.
"Constituye una buena noticia para las víctimas y reivindica la necesidad de hacerles justicia. Se ratifica el valor de la movilización, la denuncia y el testimonio para hacer visible lo que el Gobierno quiere mantener en la oscuridad", aseveró a DIARIO DE CUBA el activista Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización más antigua en este campo, el Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea).
"Esto es resultado de la persistencia del liderazgo social y político del país en sensibilizar a la comunidad internacional. Y a pesar de todo, se reconoce así el valor y la legitimidad de las organizaciones sociales y ONG que realizan trabajo de acompañamiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos", ratificó.
México terminó siendo el único país que no apoyó la renovación del mandato de esta misión. La delegación mexicana se abstuvo. Otros dos países que mantienen una posición ambigua frente al chavismo, como España y Argentina, terminaron dando un voto favorable para que se continúe documentando los excesos cometidos por Maduro y sus colaboradores.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, le transmitió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller de ese país, Marcelo Ebrard, su rechazo a esta posición de abstención en lo que ha terminado siendo una histórica votación.
"Lamentable la abstención de México ante la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, [esto] refleja su falta de compromiso con el principio de universalidad de los derechos humanos", se quejó la activista.
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú votaron a favor. De acuerdo con diplomáticos consultados por DIARIO DE CUBA, un favor para alcanzar la votación tuvo que ver con la ausencia en este momento dentro del Consejo de la ONU de países como Cuba, Rusia o China.
Cuando ya era inminente que se lograría tal votación, el chavismo articuló con Siria, Turquía e Irán otra votación que también tuvo lugar para aprobar la renovación del mandato para la presencia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela.
Michelle Bachelet ha hecho un esfuerzo de negociación con el chavismo para que una oficina técnica del Alto Comisionado esté operativa en el país. Maduro usa esto como una muestra de su buena voluntad de colaborar con el sistema de Naciones Unidas.
Con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 atenciones, se aprobó la renovación del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo en Venezuela.
Cuando se debatía sobre este punto, Perú y otros diez países consideraron que presencia de oficina de Bachelet en Venezuela ha sido limitada, que pese a su presencia prosiguieron las violaciones a los derechos humanos y que esto en realidad favorece la impunidad.
Por ejemplo, desde hace un año Bachelet tanto en público como en privado ha solicitado la disolución del principal grupo represivo, las FAES, que dependen de la Policía Nacional Bolivariana. En líneas generales el régimen ha hecho caso omiso.
Lo que sí ha reflejado un cambio en Venezuela, ha sido la decisión del régimen de permitir que el equipo de Bachelet visite, sin intermediarios, a los presos políticos en los dos principales centros de reclusión de Caracas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
