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Venezuela

El equipo de Bachelet logra acceso a los dos principales centros de reclusión política en Venezuela

Se hace evidente el interés del régimen de Nicolás Maduro por limar asperezas con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

Caracas
Michelle Bachelet y Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet y Nicolás Maduro. AP

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, confirmó ayer que miembros de su equipo en Venezuela han logrado ingresar sin interferencias a los centros de reclusión de presos políticos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La confirmación de Bachelet, hecha en una actualización oral sobre el seguimiento de la crisis venezolana en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, deja en evidencia el interés el régimen de Nicolás Maduro de limar asperezas con la expresidenta, tras señalamientos de diverso orden que le hicieron voceros chavistas el año pasado, después de una visita de ella a Caracas.

"El chavismo está atrapado. No es creíble que acuse a una figura como Bachelet de estar vendida a EEUU, y esta ha demostrado tener suficiente independencia ideológica, en el caso de Venezuela, para denunciar los abusos reiterados en materia de derechos humanos", sintetizó a DIARIO DE CUBA un diplomático sudamericano afincado en Caracas por largos años.

Las organizaciones locales de derechos humanos han saludado como un avance positivo el hecho de que el alto comisionado haya podido establecer una oficina permanente en Venezuela. Bachelet anunció ayer que se triplicará el personal en esa oficina, un asunto aprobado por el Gobierno de Maduro.

Bachelet declaró que su equipo en Caracas pudo visitar los calabozos del SEBIN y DGCIM,  y "pudimos entrevistar confidencialmente a un total de 39 personas vinculadas a casos significativos". En ambos centros están los más simbólicos casos de detención política, incluyendo a militares acusados por el chavismo de intentar golpes de Estado contra Maduro.

La visita de los expertos de la ONU y además teniendo entrevistas confidenciales con los presos políticos es un hecho sin precedentes, en el país, durante el chavismo.

La organización Foro Penal denunció que en Venezuela se mantiene una altísima tasa de 333 presos políticos, esto tras un "indulto presidencial" que benefició a 110 opositores presos, perseguidos o exiliados.

En reacción a este indulto de Maduro, que se sumó a la concesión de casa por cárcel para el diputado opositor Juan Requesens, Bachelet sostuvo: "hago un llamado para que el Gobierno continúe con las liberaciones de todos quienes han sido detenidos arbitrariamente. Decisiones como estas contribuyen a la distensión política y a la apertura del espacio democrático".

Bachelet informó también que firmó la renovación de la Carta de Entendimiento por un año renovable, con el Gobierno de Maduro, gracias a lo cual el alto comisionado mantendrá una presencia reforzada en Venezuela.

La alta comisionada indicó que el venidero 23 de septiembre dará una actualización de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Este informe de Bachelet se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, dado el mandato que recibió para hacerle seguimiento a la actuación del régimen de Maduro.

Consultado por DIARIO DE CUBA, el activista venezolano Rafael Uzcátegui sostuvo que junto a esta actualización que dará a conocer Bachelet, "en materia de derechos humanos el acontecimiento más importante por venir será el Informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela, que establece responsabilidades individuales en violaciones derechos humanos en el país".

Este informe podría marcar la diferencia para que finalmente la Corte Penal Internacional decida iniciar un proceso que involucre a Maduro y sus colaboradores, siempre y cuando hayan tenido responsabilidad en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

Ayer, finalmente, el Gobierno de la República Checa expresó su apoyo a que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores checo expresó que considera que "la Corte Penal Internacional, como tribunal de última instancia complementario a las jurisdicciones penales nacionales, es la institución adecuada para contribuir a acabar con la impunidad en Venezuela".

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