Amnistía Internacional exigió este viernes al Gobierno argentino aclarar su postura con respecto a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, reporta Infobae.com.
"Si el Estado argentino realmente se preocupa por el pueblo venezolano y entiende que las autoridades locales tienen la responsabilidad por el pleno respeto a los derechos humanos en su país, debe demostrarlo", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
La declaración de Belski sigue a la controversia causada por la postura asumida por Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA, quien rechazó el informe de la ONU que denunció diversos métodos de represión ilegal del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Belski señaló que el reporte de Naciones Unidas es "contundente" al relatar cómo el régimen chavista planificó y ejecutó desde 2014 graves violaciones de derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas.
"Argentina ya había demostrado su profunda preocupación por la grave situación en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos en su último período de sesiones en julio, e instado a que este país implementara las recomendaciones hechas en esta ocasión por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos", recordó Belski. "Llama la atención y preocupa que, ahora, desde el ámbito diplomático argentino se matice o se relativice el peso de estos hechos o la responsabilidad del Gobierno venezolano. No estamos hablando de ideologías, estamos hablado de miles de víctimas y sus familiares que siguen desamparadas en su búsqueda por verdad y justicia".
Tras la reacción de Raimundi —quien luego se retractó— ante el informe de la ONU, Amnistía Internacional consideró que Argentina, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, "tiene una gran oportunidad y responsabilidad en los próximos días: apoyar la extensión y el fortalecimiento del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y garantizar que se mantengan los esfuerzos de esta investigación" que se realizan en Venezuela.
Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirán la próxima semana sobre la continuidad de la Misión Internacional Independiente, que evaluó violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014 en ese país y cuyo informe fue publicado el 16 de septiembre.
Carlos Raimundi defendió el martes al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que "Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo" y que "hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países".
Tras esas afirmaciones del embajador el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a Buenos Aires aclarar "si la relativización del dolor, del sufrimiento humano en Venezuela, representa al Ejecutivo en Argentina".
"No hay neutralidad en materia de derechos humanos, en materia de la dignidad y los derechos fundamentales", advirtió.
El informe de la ONU señala a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El documento "demuestra que las autoridades del Estado —tanto a nivel presidencial como ministerial— ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".
La Misión de la ONU identificó nueve técnicas utilizadas por las fuerzas chavistas contra los presos políticos: fuertes golpizas, asfixia con sustancias tóxicas y agua, posiciones de estrés, reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras, violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación, cortes y mutilaciones, descargas eléctricas, uso de drogas para inducir a la confesión y tortura psicológica.
Las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición en la comisión de delitos.
Ante la controversia diplomática internacional creada, Raimundi modificó su postura y dijo que no se pueden desconocer las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
La cristinita y su presidente adjunto loquitos por pasar a formar parte de los "socios listos" del siglo XXI.