Los gobernantes cubanos le han insistido mucho al sector empresarial acerca de la necesidad de que se alíen con el sector no estatal, y así poder ejecutar proyectos que permitan el despegue de la alicaída economía de la Isla. Sin embargo, una cosa son las palabras y otra las reacciones cuando se consuman los hechos.
En su edición del pasado 22 de septiembre, el periódico Granma ofrece una información acerca de una comprobación realizada por el gobernante Partido Comunista al sistema contractual que regula las relaciones entre las empresas estatales y los gestores no estatales de la economía.
En la comprobación se detectaron múltiples deficiencias, de acuerdo con el criterio de las autoridades, que vulneran los procedimientos existentes para la realización de esos contratos.
Entre esas anomalías tenemos la no existencia del comité de contratación en muchas entidades; las relaciones de familiaridad entre los prestadores de servicios (los no estatales) con cuadros que deciden en las entidades estatales; la no presentación de la ficha de costo para fijar el precio de los servicios ejecutados por lo no estatales, además de haberse realizado pagos excesivos a las formas no estatales, evidenciándose debilidades en los procesos de negociación.
De igual forma, se detectaron pagos sin contrato previo, y la inexistencia por parte de las empresas de reclamación o demanda por trabajos de los particulares que no contaron con la calidad prevista. En cuanto a los procesos de arrendamiento de locales estatales a particulares, no se cumple con el proceso de licitación para la entrega de locales y espacios.
Al día siguiente de aparecida la información de Granma, el presentador oficialista Humberto López dio a conocer en su programa televisivo Hacemos Cuba que algunos directivos de entidades estatales se encontraban detenidos por haber efectuado pagos anticipados a MIPYMES particulares como parte del vínculo económico entre las entidades. Es de notar que en ningún momento hubo apropiación de efectivo por parte de los empresarios, y que el pago anticipado es una práctica casi habitual en las transacciones económicas.
Toda esta arremetida oficial contra los empresarios estatales es otra muestra de la falta de autonomía de esas entidades. Algo que, entre otras cosas, ha impedido la promulgación de la famosa Ley de Empresas, postergada una y otra vez antes de llegar a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En verdad resulta sumamente incómodo dirigir una empresa y estar con la zozobra de que en cualquier momento se aparezcan inspectores y controladores del Partido (o del Gobierno), que con criterios fundamentalmente extraeconómicos vayan a echar por tierra los proyectos previstos con el sector no estatal, o en el peor de los casos se llegue a encarcelar a los empresarios por actitudes que en otros contextos no constituirían delitos.
Aunque en esta ocasión los dardos fueron lanzados contra los directivos del sector empresarial, las formas de gestión no estatales no quedan exentas de la animadversión oficialista. En el citado programa Hacemos Cuba se volvió a insistir por directivos del Ministerio de la Industria Alimenticia en que el sector no estatal —en especial las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias— no están cumpliendo con la encomienda fijada por las autoridades, que consiste en importar materias primas para que las empresas estatales, con capacidades paralizadas o subutilizadas por la carencia de insumos, puedan restablecer sus procesos productivos. Es decir, que las formas no estatales se conviertan en un mero complemento del desfavorecido sector estatal.
De todas formas, esta intromisión de las autoridades en la actividad de las empresas, además de restarle autonomía, es una vuelta atrás a alguna que otra medida encaminada a catalizar las reformas económicas. No es posible que una economía marche adelante con un accionar zigzagueante que no logre llegar a ninguna meta.
