Dos casos expuestos en una reciente emisión del espacio televisivo de propaganda oficialista Hacemos Cuba, con el objetivo de resaltar la lucha de las autoridades contra la corrupción, demostraron el alto grado de deshonestidad y degradación de las figuras colocadas en puestos de alta responsabilidad en Cuba y del propio sistema socialista.
El conductor del programa, el vocero del régimen cubano Humberto López, explicó este miércoles, al inicio del programa, que en las presentaciones se respetaría el debido proceso de las personas juzgadas o investigadas por los hechos.
A pesar de que varios ya fueron sancionados, en la emisión no se mencionó ningún nombre ni se mostró ninguna foto.
La actitud de López contrastó con la que él mismo ha mostrado al revelar nombres, fotos y videos de presuntos autores de lo que el Código Penal de Cuba califica como "otros delitos contra la seguridad del Estado", que incluyen criticar al régimen en las redes sociales.
Al presentador no le ha temblado la voz para exponer en el programa a menores de edad y a personas a la que la Seguridad del Estado graba autoinculpándose de delitos tras permanecer en calabozos durante varios días.
La primera trama de corrupción mostrada en el programa tuvo por escenario la provincia de Pinar del Río, donde la exdirectora provincial de Finanzas y Precios fue juzgada por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos bancarios y de comercio, violación de la seguridad informática, tráfico de influencias y revelación de información clasificada.
El vicecontralor general de la República de Cuba, Reynold Pérez Fonticoba, explicó que la exfuncionaria, "máxima autoridad en materia financiera, presupuestaria, contable y de tesorería en la provincia", lo primero que hacía era "incumplir la Ley del Presupuesto".
La exdirectora ordenó transferencias irregulares de más de dos millones de pesos a una MIPYME que supuestamente ofrecería servicios de lavandería y reparación de muebles al hogar de ancianos de la provincia, que en la práctica nunca se materializaron.
El objetivo era beneficiar al dueño de la empresa privada, con el que la exfuncionaria tenía vínculos personales, y recibir parte de las ganancias.
"Ella salió favorecida de esa transacción", afirmó el vicecontralor. Una de las operaciones le reportó a la exdirectora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río 40.000 pesos en efectivo. El entonces subdirector Precios, que también estaba implicado y fue juzgado, recibió entonces 30.000 pesos.
Además de los dos funcionarios, fue procesado un trabajador por cuenta propia que falsificó facturas.
La Fiscalía solicitó penas de 15 años de cárcel para la exfuncionaria, diez para el mencionado exsubdirector y ocho para el trabajador que falsificó los documentos. El Tribunal impuso las sanciones solicitadas.
El segundo caso presentando en Hacemos Cuba consistió en un fraude millonario, por el que fueron detenidos dos directivos de la estatal Empresa Cítricos Ceiba, en Artemisa, y un cuentapropista, y que deja más de 28 millones de pesos de deuda.
La investigación comenzó en Camagüey, donde vivía el trabajador por cuenta propia, y reveló que este firmó un contrato con la empresa estatal para exportar carbón, que en realidad no producía. Lo compraba a otros productores y lo revendía a la empresa estatal.
La firma del contrato con el cuentapropista —que, según transcendió en Hacemos Cuba, tenía antecedentes penales por estafa y evasión fiscal— se aprobó sin ser discutido en el comité de contratación y sin que existiera asesoría jurídica.
En enero de 2024, la empresa artemiseña le hizo al supuesto productor un pago anticipado 30 millones de pesos, con dinero de un crédito bancario otorgado a la empresa para capital de trabajo.
La empresa nunca recibió el carbón pagado por adelantado y el fraude dejó al descubierto las irregularidades cometidas.
Los dos casos fueron expuestos en Hacemos Cuba en la misma fecha que el medio estatal Escambray informó sobre las condenas de hasta 20 años de prisión impuestas a cinco trabajadores de la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus, entre ellos varios directivos, que fueron hallados culpables de malversación y negligencia administrativa, y provocaron pérdidas de casi 100.000.000 de pesos.
