En medio de la grave crisis multifactorial y sistémica en Cuba, que tiene particular incidencia en las mesas de la Isla, el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus sancionó esta semana a cinco trabajadores de la Empresa de Suministros Agropecuarios de la provincia, entre ellos a varios directivos, con penas de hasta 20 años de prisión tras hallarlos culpables de malversación y negligencia administrativa, que provocaron pérdidas de casi 100.000.000 de pesos, informó el periódico oficialista local Escambray.
Dicho tribunal encontró dos focos de delictivos asociados a la misma empresa y las mismas personas, toda vez que, en 2024, un trabajador por cuenta propia se presentó en la empresa con el fin de concertar un contrato para compras de insumos, "bajo la imagen disfrazada de representante de un supuesto Proyecto de Desarrollo Local", indicó Escambray.
"Llegó con la apariencia de un cliente serio, con proyectos comerciales que parecían promisorios y encontró puertas abiertas de par en par. Nadie le exigió garantías reales, ni contratos amarrados a los pagos, ni un control riguroso sobre la mercancía que reclamaba", subrayó el medio digital oficialista Cubadebate.
Si bien el contrato establecía que el pago debía hacerse por adelantado o, como mínimo, al momento del traslado de los insumos, esta cláusula no se cumplió. "Con la ilusión de que aquellas ventas engordarían los planes de la entidad y mejorarían el salario de los trabajadores, los directivos no solo permitieron las entregas sucesivas, sino que incluso facilitaron transporte, con el consiguiente gasto de combustible, para sacar la mercancía", detalló.
Así, dicho trabajador por cuenta propia "fue retirando productos de alto costo sin desembolsar un centavo", sostuvo Cubadebate, al tiempo que denunció que "no hubo reclamaciones enérgicas, ni suspensiones oportunas, ni alertas que detuvieran el descalabro".
"Dicha secuencia de dejaciones generó una afectación superior a 94 millones de pesos, que no fue posible recuperar, debido a la salida del territorio nacional del citado ciudadano", precisó Escambray.
Dicho medio explicó, además, que la malversación, "un delito que involucra la apropiación indebida de fondos públicos por parte de autoridades o funcionarios, puede implicar tanto el robo directo de recursos como su administración desleal, lo que perjudica el patrimonio público".
Además de este foco, la empresa vivió otro que, aunque implicó pérdidas menores también acarreó graves daños. Así, entre 2023 y 2024, en dos ocasiones la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna del centro sufrió desperfectos técnicos mecánicos, los cuales causaron que no se alcanzara el nivel de frío necesario para la conservación de los alimentos almacenados allí.
"Sin embargo, los directivos responsabilizados con buscar una alternativa para salvar cantidades significativas de salami, sardinas, minutas de pescado, picadillo de carne de res, masa de hamburguesa, picadillo de pescado y carne de cerdo, pese al conocimiento de la situación, no implementaron acciones efectivas", sostuvo Escambray.
"Ni una nota contable, ni un parte de ajuste, ni la mínima acción para resguardar los bienes del Estado. Se trataba de comida que terminaba en la basura sin registro legal y propiciaba, además, un escenario para posibles apropiaciones indebidas", dijo Cubadebate.
"Se trató de un actuar negligente y contrario a la legalidad de quienes tenían la responsabilidad de custodiar los recursos estatales", explicó Pedro Luis Espinosa Curbelo, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus.
Por esto hechos, la directora general que actuó hasta abril de 2024 fue condenada a 20 años de privación de libertad en sanción conjunta y única; el director de la UEB Comercializadora, a 18 años de privación de libertad; el director comercial, a 16 años de privación de libertad, y el asesor jurídico, a diez años de prisión. Además, el anterior director general recibió dos años y seis meses de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional con internamiento por igual término.
Los sancionados, que deberán resarcir económicamente los daños ocasionados, recibieron también la privación de derechos civiles, la prohibición de salida del país y de emisión de pasaporte, además de la inhabilitación para ocupar cargos similares en el futuro.
"El juicio ejemplarizante no solo llevó a cinco directivos al banquillo, sino que puso en tela de juicio todo un sistema de control que durante un buen tiempo actuó al margen de la ley", indicó Cubadebate, sin reconocer que casos como este son la esencia de la empresa estatal socialista.
