El Tribunal Provincial de Matanzas condenó esta semana a dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, Matanzas, por malversar más de medio millón de pesos del presupuesto estatal en una obra que nunca se ejecutó, según recogieron el portal oficial Cubadebate y el periódico oficial Girón.
El proceso, que el tribunal calificó de "ejemplarizante", expuso cómo se firmó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia (TCP) para rehabilitar un edificio en grave estado estructural, se pagó la factura correspondiente y, sin embargo, el inmueble sigue igual de deteriorado.
La exdirectora recibió cinco años de prisión y la exinversionista, cuatro años (con alternativa de trabajo correccional sin internamiento), además de que se les impuso la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio que lleve aparejado la administración, cuidado o disponibilidad de recursos materiales y financieros. La nota no identifica a las procesadas, las denomina acusadas A y B, y tampoco ofrece detalles de lo ocurrido con el TCP.
Aunque el monto fue devuelto por familiares de las acusadas, el caso desató comentarios en Cubadebate que apuntan a un problema mucho más amplio: la corrupción como norma en el sector de la Vivienda y la ausencia de licitaciones o transparencia en la adjudicación de contratos públicos.
"Si rascan un poquito… no van a alcanzar las cárceles", escribió una lectora. Este episodio se suma a un patrón que no es exclusivo del eslabón más bajo del poder.
El usuario identificado como Ing. Marcelo Cárdenas Rojas dijo: "En casi todo el país, con el mismo modus operandi, los funcionarios de la vivienda extorsionan y desvían dineros del presupuesto del país. Creo que eso no es noticia, y es muy triste saber que estamos desarmados ante estos rastacueros y ladrones".
"¿En esos lugares solamente? La malversación es una norma y no solo en vivienda. Ningun proyecto se licita, no se busca concurrencia, se eligen los ejecutores por conveniencia, amistad, comisiones, etc.", dijo Uno ahí.
En marzo se supo que la exintendenta del municipio Puerto Padre, Las Tunas, Maricela Alonso, otro caso del eslabón más bajo de la cúpula gobernante, fue condenada a siete años de privación de libertad por el delito de malversación, tras varios meses de cárcel durante los cuales habría disfrutado beneficios negados a prisioneros políticos.
Según informó el medio oficial tunero Periódico 26 citando una nota de prensa del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, en el juicio quedó demostrado que Alonso se apropió de una parte de los productos destinados a la venta a la población en las distintas cadenas de tiendas.
Una reciente investigación del Miami Herald reveló cómo el conglomerado militar GAESA, controlado por Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), tenía hasta marzo del año pasado 18.000 millones de dólares en activos líquidos, de los cuales 14.500 millones estaban depositados en cuentas bancarias, en muchos casos fuera del alcance de las autoridades civiles. Solo tres de sus empresas —Gaviota, TRD Caribe y Almacenes Universales— concentraban más de 13.000 millones. Estas cifras superan con creces las reservas internacionales de países como Uruguay, Panamá o Costa Rica.
El grupo, que controla sectores clave como el turismo, las remesas, el comercio minorista y la infraestructura del puerto del Mariel, funciona como un "gobierno en la sombra", sin rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional ni acceso por parte del órgano auditor del Estado.
Las finanzas revisadas por el economista cubano Pavel Vidal revelan que GAESA representa al menos el 40% del PIB cubano, una concentración sin precedentes en América Latina. A pesar de estos ingresos, GAESA no paga impuestos sobre sus operaciones en dólares ni sobre sus ganancias, y, de hecho, recibe más del presupuesto estatal de lo que devuelve.
El régimen continúa priorizando la remodelación de hoteles, mientras el déficit habitacional nacional supera las 805.000 viviendas. De ese total, más de 400.000 deben construirse y cerca de 400.000 requieren rehabilitación. Esta precariedad provoca frecuentes derrumbes, como los ocurridos en julio en La Habana, donde cuatro personas murieron en dos incidentes separados.
