Cubrir una dieta poco saludable en Cuba cuesta dos años de pensión mínima

Un reciente estudio del Food Monitor Program revela la gravedad de la crisis alimentaria en Cuba, donde cubrir una dieta poco saludable para dos adultos en La Habana implica un gasto cercano a los 41.735 pesos mensuales. Esta cifra representa casi 20 salarios mínimos oficiales o el equivalente a dos años de pensiones mínimas, una evidencia de la imposibilidad para la mayoría de las familias de acceder a una alimentación adecuada.

Durante seis meses, el monitoreo abarcó 29 productos de ocho grupos alimenticios en mercados estatales y privados de La Habana y Cienfuegos, con el objetivo de evaluar el costo real de una canasta básica alimentaria (CBA) que cumpliera con los requerimientos nutricionales esenciales para adultos jóvenes y saludables. Para ajustarse a la realidad económica, la dieta propuesta priorizó alimentos procesados menos nutritivos, redujo la variedad de frutas frescas y omitió el costo de servicios básicos como la electricidad o el gas, cuya provisión está prácticamente colapsada en el país.

El estudio corrobora los resultados de la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2024 de Food Monitor Program, que señala que más del 80% de los hogares cubanos destinan a la alimentación una proporción de ingresos superior a la que oficialmente perciben. Apenas un 25% de las familias puede pagar más de 10.000 pesos mensuales para alimentación, mientras que la mayoría cuenta con uno o dos ingresos formales, limitando severamente su capacidad de cubrir necesidades básicas.

En estas condiciones, la alimentación familiar se limita a dietas repetitivas, pobres en fibra y micronutrientes, y dependientes de alimentos ultraprocesados. El Food Monitor Program alerta sobre las consecuencias de esta subalimentación crónica, que afecta el desarrollo físico y cognitivo de la población y aumenta la vulnerabilidad a enfermedades carenciales.

El informe cuestiona, además, el rol tradicional de la canasta básica alimentaria, que en otros contextos sirve para definir salarios mínimos y políticas sociales, pero que en Cuba pierde su función real debido a la falta de acceso generalizado a los productos que la componen. Aquí, el consumo responde más a la escasez y las restricciones del mercado que a elecciones culturales o nutricionales.

Finalmente, Food Monitor Program plantea que la canasta básica debe ser replanteada no solo como una herramienta técnica, sino como un indicador ético y político que refleje la urgencia social del país. 

La delegación del acceso alimentario al mercado informal y el esfuerzo individual ha dejado a los cubanos sin garantías para una dieta adecuada, poniendo en evidencia la necesidad de políticas públicas que aseguren el derecho fundamental a una alimentación saludable para todos.

Para el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, el corazón del problema es estructural: la ausencia de libertad económica y la concentración del poder en conglomerados militares como GAESA, que absorbe la mayor parte de los recursos sin rendición de cuentas ni beneficios para la ciudadanía. "Mientras el régimen destina 13 veces más recursos a construir hoteles vacíos que a la agricultura, millones de cubanos carecen de una alimentación mínima", denuncia el documento.

En julio, a raíz de otros informe demoledor sobre el tema, el OCAC propuso una transformación profunda del modelo de gobernanza, que pasa por una serie de medidas inmediatas y de fondo. Entre ellas incluyó una auditoría e intervención del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), con vistas a su futura disolución; creación de un Banco de Fomento Agropecuario; reconocimiento constitucional de la propiedad privada y entrega de títulos permanentes a los campesinos.

También sugirió la eliminación del monopolio estatal en la compra y fijación de precios agrícolas; apertura a la inversión extranjera, en especial de la diáspora cubana, con supervisión internacional imparcial.

Asimismo, retomó demandas ignoradas desde 2020 por el régimen, formuladas por campesinos independientes en el proyecto "Sin campo no hay país": libertad para producir, fijar precios, comerciar directamente y una moratoria fiscal de diez años.

"El hambre no es un accidente ni un efecto colateral: es una política deliberada", subrayó el OCAC. En su análisis, la actual crisis alimentaria es inseparable del sistema político autoritario, donde la falta de libertades impide cualquier reforma económica real y sostenible. "El hambre seguirá siendo la norma, y no la excepción" —señaló—, mientras no se produzca una transformación integral del sistema político y económico cubano.