El tope de precios, una medida con la que las autoridades cubanas buscan controlar el crecimiento de vértigo del costo de los productos sin atender a las causas del fenómeno, aunque simulando que con ello se preocupan por las penurias que sufren los ciudadanos, vuelve a la palestra.
El lunes 29 de septiembre, el Gobierno de La Habana estableció nuevos precios máximos para la comercialización de productos agropecuarios, entre ellos alimentos básicos que los cubanos consumen de manera regular y cuyo valor en los mercados no para de subir.
La disposición, decretada por la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez, deja sin efecto la Resolución 69, del 28 de abril de 2025, que había ajustado el valor de venta de estos productos.
Afirma el Gobierno habanero que la medida es "un esfuerzo por regular la comercialización de los productos agropecuarios y garantizar una mayor equidad".
La norma establece los precios máximos de compra al productor, mayoristas de acopio y minoristas para las entidades estatales y los mercados arrendados a cooperativas, el Ejército Juvenil del Trabajo y otros, así como los precios máximos minoristas "para algunos productos agropecuarios que se comercializan en los Mercados de Oferta y Demanda gestionados por Acopio, Cooperativas No Agropecuarias, Mercados gestionados por Trabajadores por Cuenta Propia y carretilleros", además de en las denominadas ferias agropecuarias.
En lo adelante, el tope del precio minorista de una libra de boniato será de 45 pesos; el de malanga, 110 pesos; el de plátano vianda, 50; el de frijol, 285; el de arroz, 155; el de tomate, 150, por solo mencionar algunos.
En cuanto al carbón vegetal, cada día más indispensable para la cocción de los alimentos en Cuba ante la escasez crítica de gas y los apagones interminables, su precio tomado será de 800 pesos por saco.
Afirma el Gobierno de La Habana que con la medida se busca "mejorar la transparencia en la comercialización de alimentos, proteger al consumidor y fortalecer el control estatal sobre los precios en un contexto económico desafiante agudizado por el recrudecimiento del bloqueo".
No obstante, el propio oficialismo y los economistas desaprueban esa clase de decisiones. Yulieta Hernández Díaz, presidenta de la Junta General de Socios del Grupo de Construcciones Pilares, una empresa no estatal, aseguró que "la fijación de precios máximos en el mercado agropecuario ha sido aplicada reiteradamente como medida de control. Sin embargo, sus efectos sobre la cadena de valor, la institucionalidad y el comportamiento económico muestran una serie de consecuencias que deben ser consideradas".
Por un lado, señala, esto traslada la oferta de productos hacia el mercado informal, donde van a imperar los valores de la oferta y demanda, puesto que "cuando los precios oficiales no cubren los costos de producción y comercialización, los actores económicos buscan canales alternativos".
Lo anterior supone, señala, la "pérdida de ingresos fiscales"; "riesgos para la inocuidad y seguridad del consumidor"; "fragmentación de la comercialización y debilitamiento de la cadena de valor"; el "incremento de la corrupción"; la "pérdida de credibilidad institucional" y, entre otras consecuencias, el "desincentivo a la producción".
Estimula también, enfatiza, "la importación de productos agrícolas" de los que Cuba solía autoabastecerse y que hoy provienen de otros mercados, incluyendo EEUU, pese a que el régimen culpa al embargo de la crisis económica.
"La única solución posible es aumentar la oferta; para eso se requieren incentivos, fomento y cambios estructurales", subrayó Hernández Díaz.
En julio último, la economista Carola Salas, directora del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La Habana, sostuvo en el programa televisivo Cuadrando la caja que "el pueblo cubano está sufriendo" y, dejó entrever que ello se debe a la inacción y las políticas desacertadas del régimen.
"Los problemas no se resuelven poniendo trabas, poniendo límites o topando precios. Los problemas de la inflación se resuelven en la producción. Y esto los decisores de política lo saben", señaló.
Salas insistió en la necesidad de liberar las fuerzas productivas y estimular a los productores, algo que, desde diferentes puntos de vista, han repetido numerosos economistas durante años.
El que conozca un mínimo de agricultura en Cuba, sabe que históricamente han existido cultivos que son de “temporada “, este es el caso del tomate, el solo hecho de que haya tomates en septiembre en Cuba ya de por sí es un tremendo logro y el campesino que lo cultiva no se como se las ingenió para cosecharlos, si lo hizo con algún tipo de hidroponico o invernadero, pero aún cuando en Cuba se sembraba y se producía, nunca hubo tomates en verano, los semilleros se comenzaban en los primeros días de septiembre y no veías un tomate hasta diciembre y cuando rompían las lluvias en abril, nadie cosechaba este cultivo, por lo que fijar un precio tan bajo a un producto que requiere de fumigación y fertilizantes, aun en su temporada es un total desconocimiento de agricultura, con el frijol pasa algo similar, por el clima de Cuba, su cosecha siempre ha sido después de mediados de diciembre, hasta abril como máximo. Un premio deben darle a los agricultores que con todas las limitaciones aún produc