El futuro del sector no estatal en Cuba está en juego, advierte un estudio

El sector privado en Cuba, que podría ser el motor de una transformación profunda de la economía del país, es contenido por las trabas estatales que impiden su desarrollo natural y limitan su impacto en el bienestar de los habitantes del país, concluyó un informe sobre el tema divulgado por el Cuba Study Group.

El estudio "Sector privado en Cuba: ¿válvula de escape o motor de desarrollo?", liderado por el académico cubano  Ricardo Torres Pérez y dado a conocer el martes 9 de septiembre, parte de datos oficiales para examinar el crecimiento del sector no estatal en medio de la crisis que atraviesa la Isla, las trabas que aún limitan su desarrollo y las perspectivas que se abren para su futuro inmediato.

Entre sus aportes está indicar que este "se ha convertido en un actor central de la economía cubana, pero su desarrollo depende de preguntas que aún no tienen respuestas claras. ¿Hasta dónde le permitirá avanzar el Estado? ¿Qué condiciones se necesitan para liberar su potencial como motor de un crecimiento sostenible?"

Según los datos que resume el documento, la economía no estatal en Cuba "ha crecido contra todo pronóstico, con más de 11.000 MIPYMES aprobadas desde 2021. Estas empresas, junto con los trabajadores por cuenta propia, han generado más de 570.000 empleos desde 2012, pese a la crisis económica en curso".

El sector no estatal hoy supera en Cuba al sector estatal y se convirtió en "el principal actor del comercio minorista en 2024". Su impacto fiscal supuso en ese mismo año el 23% de los ingresos tributarios nacionales.

Pese a ello, señala el estudio, "los emprendedores cubanos enfrentan desafíos como inseguridad jurídica, acceso limitado al crédito y una carga fiscal más pesada que la aplicada a los inversionistas extranjeros. Aunque el sector privado ha mostrado potencial para innovar y competir en mercados externos, las restricciones oficiales —como la exigencia de intermediarios estatales para el comercio exterior— frenan su expansión internacional".

Subraya el informe que "las autoridades continúan tratando al sector con 'tolerancia', aunque en términos económicos representa una opción prometedora para impulsar la producción y el empleo".

Además, "las políticas públicas actúan más como trabas que como estímulos", por lo que entre las recomendaciones del documento está "eliminar barreras burocráticas; ampliar las actividades autorizadas; permitir inversión extranjera en MIPYMES y reformar el código tributario, para otorgar a las firmas privadas nacionales —al menos— el mismo trato que a los inversionistas extranjeros".

Asimismo, el informe advierte que nuevas restricciones o sanciones por parte de EEUU "dañarían principalmente a los emprendedores privados y fortalecerían a las empresas estatales. Por el contrario, autorizar financiamiento e inversión directa en MIPYMES podría ayudar a consolidar el sector y aportar mayor dinamismo a la economía cubana". Lo anterior, pese a que una inversión en una entidad privada de la Isla con luz verde de la Administración de Joe Biden nunca fue aprobada por La Habana.

En Cuba, dice el estudio "el sector privado opera en una economía donde la propiedad estatal sigue siendo el pilar ideológico y práctico. Aunque las MIPYMES han sido promovidas como solución pragmática ante la crisis, su autonomía es vista con recelo. El Estado limita su acceso a sectores estratégicos y mantiene un arsenal de regulaciones, controles de precios y barreras administrativas que restringen su desarrollo". 

"La paradoja es evidente: mientras el sector privado demuestra mayor eficiencia, innovación y capacidad de adaptación que el estatal, su crecimiento se ve frenado por el temor a perder el control político y social. El Estado, lejos de facilitar su expansión, parece decidido a mantenerlo como un actor secundario, útil para aliviar tensiones sociales, pero no para liderar el desarrollo", enfatiza.

Finalmente, advierte, "el futuro del sector privado cubano está en juego. Su potencial para convertirse en motor de desarrollo es innegable, pero solo podrá materializarse si el Estado abandona su lógica de contención y permite una expansión real, con reglas claras y acceso a recursos. De lo contrario, el sector privado seguirá siendo una válvula de escape, eficaz para aliviar la presión social, pero incapaz de transformar estructuralmente la economía cubana. El dilema está planteado, y su desenlace definirá el rumbo de la Isla en los próximos años".

Ricardo Torres Pérez es investigador y profesor adjunto en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, en Washington DC. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de La Habana y fue profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC). Desarrolla su investigación en torno al desarrollo económico y la reforma de sistemas económicos en Cuba y América Latina. 

Por su parte, el Cuba Study Group es una organización sin fines de lucro y no partidista, integrada por líderes empresariales y jóvenes profesionales cubanoamericanos en EEUU, que buscan la expansión de los negocios con la Isla.