El castrismo no solo desprecia al pueblo cubano, lo odia: para un botón, las MIPYMES

Aunque no pueda deshacerse (aún) del sector privado, eliminarlo sigue siendo obsesión para este Gobierno alérgico a compartir espacio económico, pues como aventajado discípulo de Marx entiende la economía como mera extensión de la política, y esta, a su vez, como otra forma de guerra y dominación de una clase sobre otra.

Pero por mucho que sienta a cada mipymero como enemigo capitalista infiltrado, y cada MIPYME rebosante de productos sea una afrenta al socialismo de estanterías vacías, el castrismo tiene que tolerarlos dada la situación próxima al colapso humanitario del país y la incapacidad estatal para sustituir —ni pensar en mejorar— la oferta de bienes, principalmente alimenticios, que hace el sector privado.

Y así llegamos al tercer capítulo del culebrón Resolución 56, protagonizado por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) —equivalente económico del MININT—, que hace unos días postergó la aplicación de dicha norma, anunciando, deux ex machina, que el plazo quedaba "indeterminado", hasta que existan condiciones adecuadas.

El castrismo, aun consciente —por eso no se atreve a acabar de implementarla— del daño que la Resolución 56 provoca (inflación y escasez relativa), no la elimina, sino que, como Espada de Damocles, la cuelga amenazante sobre el sector privado, demostrando cuán poco le importa nuestra miseria y cuánto adora su poder, pues bajo tal incertidumbre pocos ampliarán sus inventarios, y aún menos pasarán de revendedores de importaciones a invertir en negocios productivos. En vez de 56, deberían llamarla Resolución 666.

Estando el país al borde del abismo, el castrismo no debate sobre cómo liberar más la economía nacional, aunque se haya comprobado que eso mejora la vida de la gente; por el contrario, se esfuerza en recortar la poca libertad concedida. Es como si, además de despreciar al pueblo, también lo odiara.

Durante décadas, el régimen ha justificado nuestros males con el "bloqueo" norteamericano; sin embargo, cuando forzado ha permitido atisbos de capitalismo, aun bajo el "bloqueo" aparecen bienes y servicios mejores y más abundantes que los que el socialismo ofrece. Cada negocio particular que prospera es, en definitiva, evidencia de que el único bloqueo, la única guerra económica, es la del social-castrismo contra los cubanos.

Y si esos bienes y servicios vendidos por los privados son extremadamente caros para el 99% que no puede pagarse una hamburguesa en una cafetería, o tiene que escoger entre comprar un litro de aceite o un blíster de duralginas, es porque los salarios están estatalizados —incluso los salarios privados—, porque los impuestos son absurdamente elevados para un estadio de desarrollo tan bajo, y porque los impedimentos y amenazas constantes sobre el sector privado crean riesgos artificiales que necesariamente se reflejan en los precios.

Guerra avisada no mata soldados, pero sí mata civiles. Los empresarios cubanos saben que trabajan en condiciones de guerra y, por tanto, solo actúan cuando sus muy riesgosos emprendimientos prometen muy jugosas compensaciones. A más riesgo mayor compensación se necesita para invertir en Cuba, es decir, poner mayores precios a los consumidores, que son los civiles, víctimas del fuego del Estado sobre el sector privado.

Que el Gobierno haya aplazado la aplicación de la Resolución 56, ahora con fecha indefinida, no disminuye, sino que a medio y largo plazo incrementa el riesgo de invertir en más importaciones o nuevos negocios, entorpeciendo así que los empresarios establecidos amplíen sus inversiones, y frenando la entrada al mercado de aquellos que lo estaban pensando. Además, es extremadamente sintomático de la disposición del Gobierno para, en cuanto pueda, atacar al sector privado, aunque ello resulte en que este pueblo ya anémico se desangre aún más en pesos y dólares.

Pero puede que el castrismo, en vez de querer exterminar al sector privado, "solo" quiera contenerlo en su nivel actual, por eso no implementa la Resolución 56, que no dejaría sobrevivientes, pero la mantiene en la recámara como proyectil en el directo, el arma cargada apuntando para demostrar cuán real es la amenaza, y así, aunque quienes están ya en el mercado se queden, no amplíen su tamaño, y muy pocos más se atrevan a entrar. El objetivo podría ser frenar la dinámica creciente del sector privado, pero sin desaparecerlo… mientras el régimen trabaja en sustituirlo por sus propios "privados".

GAESA y PCC andan a la gresca, compitiendo por dolarizar más y más rápido la economía cubana. En ese escenario el sector privado —el privado real— más que complemento es competencia para las tiendas estatales, y como ellos son dueños de la Isla, ¿por qué iban a permitir competencia?

Entorpecer al máximo el sector privado, pero sin desaparecerlo, tiene otra ventaja.

Comenzar un negocio es como atravesar un campo minado, por mucho que uno se esfuerce en cualquier momento puede explotar (quebrar). Los empresarios verdaderamente privados en Cuba deben competir contra testaferros del castrismo que tienen un mapa con la ubicación de las minas. Así, a la larga, no sobrevivirán los mejores competidores aportando al enriquecimiento de la sociedad, sino que solo quedarán los asociados al dueño del campo minado, que se quedarán con el mercado, los clientes, los proveedores y las cadenas de distribución creadas por aquellos que intentaron cruzar las minas del socialismo.

Durante 65 años la economía ha sido un arma de dominación y represión castrista. Quienes la idean, planifican y ejecutan desde los ministerios, deberían engrosar las listas de represores y criminales de la historia de este país. Hay tan grandes delincuentes en despachos de los ministerios de Economía, Finanzas, Comercio Interior y Exterior, Agricultura, Construcción, Alimentación, y Energía y Minas, que como en Villa Marista. No les olvidemos.