La organización Prisoners Defenders (PD) cuestionó las condiciones en las que trabajan los médicos cubanos enviados a Botsuana y pidió al Gobierno de ese país que investigue el régimen laboral y disciplinario al que estarían sometidos los profesionales, así como el destino de los fondos usados para su contratación.
En un informe publicado este mes de agosto, la organización sostiene que el convenio vigente entre los gobiernos de Cuba y Botsuana establece un pago de 3.500 euros mensuales por cada médico especialista, mientras que fuentes consultadas por PD sitúan en 1.000 dólares el estipendio que reciben actualmente esos profesionales.
A partir de esa diferencia, el informe calcula que el médico percibiría alrededor de una cuarta parte del importe asociado a su contratación y atribuye el resto a la estructura estatal cubana. El registro parlamentario de Botsuana citado por la organización distingue entre las remuneraciones de los integrantes del equipo médico cubano y los pagos efectuados directamente a La Habana, pero la documentación disponible no permite establecer por sí sola que toda la diferencia entre ambas cantidades sea dinero retenido por el Gobierno cubano.
El registro de documentos del Parlamento botsuanés citado en el informe recoge una tarifa mensual de 3.500 euros para los especialistas y de 2.800 euros para otros profesionales, cantidades que incluyen impuestos. En el mismo documento aparecen, de manera separada, pagos a Cuba por 419,36 millones de pula durante una década, equivalentes a unos 32,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual.
PD también calcula que el contingente cubano en Botsuana alcanza los 90 profesionales y estima un desembolso anual superior a cuatro millones de dólares.
Más allá del componente económico, el documento pone el foco en una regulación firmada el 3 de julio de 2026 por el jefe de la misión médica cubana en Botsuana, Pablo Ricardo Betancourt Álvarez. El texto, reproducido por la organización, limita los desplazamientos de los colaboradores fuera de sus distritos, restringe las visitas y las pernoctaciones fuera de las viviendas asignadas, y prohíbe la adquisición o conducción de vehículos sin autorización.
La disposición también limita la participación en actividades sociales no organizadas por la brigada, establece restricciones para las salidas nocturnas y considera una infracción grave la divulgación de determinada información relacionada con la misión. Su incumplimiento puede dar lugar a medidas disciplinarias contempladas en el reglamento interno de las misiones cubanas.
PD señala que estas normas constituyen evidencia de un sistema de control sobre los profesionales que se suma a otros testimonios recopilados por la organización. Según su informe, los médicos entrevistados dijeron haber sufrido restricciones de movimiento y de sus relaciones personales, así como problemas para acceder a sus contratos y temor a represalias si abandonaban la misión.
La organización sostiene además que algunos profesionales fueron advertidos de que no podrían regresar a Cuba durante años si abandonaban sus puestos en el extranjero. Vincula esta práctica con el artículo 176 del Código Penal cubano, que contempla penas de prisión para determinados funcionarios o empleados públicos que abandonen una misión oficial en otro país o se nieguen a regresar cuando sean requeridos.
PD denuncia que la combinación de esas disposiciones, las restricciones de movimiento y las condiciones salariales podría encajar en los indicadores internacionales de trabajo forzoso y utiliza el término "esclavitud moderna" para describir el sistema de las misiones médicas cubanas en Botsuana.
La organización reclama, entre otras medidas, que el Gobierno del país africano publique el convenio y sus adendas, detalle los pagos efectuados y establezca canales independientes de denuncia para los profesionales cubanos. También pide que los médicos conserven sus pasaportes, contratos y libertad de movimiento, y que puedan poner fin a sus misiones sin sufrir represalias.
El informe atribuye además responsabilidad al Gobierno de Botsuana por "financiar" el mecanismo, al considerar que las autoridades conocen las condiciones de contratación de los profesionales cubanos. La organización cita el informe estadounidense sobre trata de personas de 2025, que señaló que La Habana "podría haber sometido a trabajo forzoso" a unos 80 profesionales médicos vinculados al régimen en Botsuana y recomendó investigar esos posibles abusos.
El caso se inscribe en un escrutinio internacional creciente sobre las condiciones de las misiones médicas cubanas. En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron un informe basado, entre otras fuentes, en 71 testimonios de profesionales sanitarios. El organismo identificó posibles vulneraciones relacionadas con remuneraciones, retención de ingresos, jornadas extensas, libertad sindical y movilidad, y expresó preocupación por la posible existencia de situaciones de trabajo forzoso u obligatorio.
El informe interamericano también introdujo un matiz relevante: reconoció la importancia de la labor que desempeña el personal cubano en la prestación de servicios sanitarios en poblaciones con acceso limitado a la atención médica. Sus conclusiones apuntaron, no obstante, a la necesidad de que la participación en estas misiones sea voluntaria, con contratos claros, condiciones de trabajo dignas y respeto a la libertad de circulación y retorno.
Los cuestionamientos no son nuevos. En los últimos años, organismos internacionales y autoridades de distintos países han expresado preocupación por las condiciones laborales de estas brigadas y por el papel del Estado cubano en la intermediación de los contratos. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha denunciado en varias resoluciones la existencia de condiciones que podrían constituir trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas.
