Al menos cinco doctores que abandonaron la brigada médica de Cuba en Calabria han quedado atrapados en una cadena de decisiones contradictorias que amenaza con dejarlos "fuera del sistema", en plena crisis por la escasez de personal médico en varias regiones de Italia.
Más que evidenciar simples disfunciones administrativas, las inconsistencias apuntan a injerencias del Gobierno de Cuba en la toma de decisiones públicas en Calabria, y al uso de mecanismos informales para determinar quién puede —y quién no— ejercer dentro del sistema sanitario italiano.
Fuentes familiarizadas con la situación dijeron a DIARIO DE CUBA que los médicos —que se habían desempeñado como especialistas en las provincias de Reggio Calabria, Vibo Valentia y Crotone, como parte de la brigada médica cubana— habían manifestado interés en trabajar en el servicio sanitario provincial (ASP), teniendo en cuenta la intención del gobierno local de ampliar la contratación de personal médico extranjero, anunciada a mediados de enero, con el objetivo de aliviar la grave escasez de profesionales de la salud.
"Yo dejé la misión el año pasado; desde entonces no me firmaron más el contrato porque no trabajaba con la 'Misión Médica Cubana', y pasé hasta trabajo para que me dieran un Attestato di Servizio, dijo a DIARIO DE CUBA uno de los médicos entrevistados. El certificado de servicio es un documento oficial que detalla el período de empleo de una persona y se utiliza a menudo con fines administrativos, legales o profesionales. "El funcionario de la Azienda Sanitaria decía que no me lo podían dar, ni eso ni mi expediente laboral", agregó la fuente, que debió exigir el documento personalmente.
Tras personarse en la ASP —cuenta—, logró acceder a su expediente y descubrió una comunicación oficial (PEC) enviada en su nombre por el jefe de la misión médica cubana en Italia, Luis Enrique Pérez Ulloa, en la que se notificaba una supuesta renuncia que nunca presentó. La instrucción, aunque pudo ser impugnada por no contar con su firma ni autorización, no pudo ser revertida, en tanto la autoridad sanitaria dijo desconocer si tenían permiso para recontratar a médicos que habían abandonado el contingente de Cuba.
"Mi pregunta es: ¿cómo puede un simple cubano como Luis Enrique, sin voz ni voto en este país, tener ese poder sobre las Aziendas Sanitarias para impedir que podamos trabajar aquí en Italia los que decidimos no enviar más dinero (el Gobierno de) Cuba y, en automático, nos sacan de su proyecto solo por eso, con la necesidad de médicos que tiene el país?", dijo la fuente.
Algo similar ocurrió con otro médico, a quien las autoridades locales le comunicaron verbalmente que no podían contratarlo "porque no pertenecía a la misión cubana". En realidad, dijo el segundo galeno, las autoridades sanitarias no saben cómo proceder porque "si lo admiten, estarían admitiendo la trata de personas, la esclavitud moderna y el sustento de una dictadura desde Europa".
Otros dos profesionales, en cambio, han quedado atrapados en contradicciones entre disposiciones oficiales relativas a su recontratación y actualmente disputan el caso, según fuentes informadas.
El 27 de marzo pasado, la autoridad sanitaria aprobó la Determinación No. 915, que prorrogaba hasta el 4 de junio de 2027 los contratos del personal médico cubano incorporado en 2025, pero excluía a dos médicos por haberse desvinculado de la misión. El 8 de abril, la ASP corrigió esa exclusión mediante la resolución No. 1067, reconociendo que se produjo pese a indicaciones del Departamento Regional de Salud y ordenando la reincorporación de los médicos excluidos. Al día siguiente, formalizó la prórroga, dejando constancia de que la reincorporación fue efectiva y plenamente ejecutada, pero cinco días más tarde la situación cambió nuevamente. Según la información recabada, ambos médicos fueron informados el 14 de abril, de forma verbal, de que su inclusión en la prórroga habría sido "un error" y que sus contratos no se renovarían en el sistema sanitario público.
El elemento más revelador es que la rectificación no proviene de un nuevo acto administrativo, sino que —según las fuentes— fue comunicada verbalmente por una de las funcionarias de salud que había emitido la resolución formal de contratación. Es decir, la misma estructura administrativa que había adoptado y ejecutado decisiones con efectos jurídicos plenos, posteriormente revirtió dichas decisiones por canales informales, sin dejar rastro documental ni motivación escrita.
El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, considera que la comunicación final carece de valor legal. "Desde los principios del derecho, se vulnera el debido proceso. No se puede anular un acto que se tomó mediante una resolución, a través de un argumento verbal", dijo, y aseguró: "No se puede impugnar una decisión de forma verbal ni se puede restringir un derecho por una vía diferente a la que fue concebido".
Se trata de un acto nulo, explica el letrado: "Viola el derecho a la defensa y a acceder a la justicia en búsqueda de tutela jurídica efectiva. Viola el principio de paralelismo de formas, que consiste en usar la misma forma tanto para decidir inicialmente como para suspenderla y revocarla . Y, además, esto puede esconder una posible discriminación por motivos de opinión política y también viola su derecho al trabajo por la restricción sin fundamentos y sin un procedimiento legal válido".
Es decir que las disposiciones que regulan estos contratos son actos administrativos ejecutivos, vinculantes y formalizados, que solo pueden ser modificados o anulados mediante otro acto de igual naturaleza. Su sustitución de facto por instrucciones verbales no solo desdibuja la trazabilidad de las decisiones, sino que abre la puerta a un sistema en el que la vigencia de un contrato público deja de depender del expediente administrativo y pasa a depender de comunicaciones discrecionales.
La decisión se suma a una comunicación enviada el 9 de abril de 2026 por otra ASP (Cosenza) aplicable a los médicos cubanos de la misión en servicio en la provincia, en la que se les notifica la rescisión del contrato de vivienda y se les ordena desalojar los inmuebles antes del 31 de mayo de 2026.
A partir de ese momento, el ASP dejará de hacerse responsable de su alojamiento, por lo que los médicos deberán buscar vivienda por su cuenta y asumir cualquier nuevo contrato de arrendamiento y los costos asociados. Aunque la medida no modifica formalmente la misión ni los acuerdos con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), sí altera de facto sus condiciones de ejecución: rompe un elemento esencial del esquema operativo y genera una desalineación entre el marco contractual formal y las condiciones reales de ejecución.
En contraste, mientras el acuerdo con la CSMC mantiene intactas las obligaciones y controles sobre los médicos (incluidos el esquema salarial y el disciplinario), son estos quienes asumen ahora el impacto directo de la decisión de rescindirles el contrato de vivienda, que se traduce en mayor vulnerabilidad y costes adicionales. Así, el sistema preserva su estructura institucional, pero desplaza el peso de la reconfiguración sobre los propios profesionales, acentuando la asimetría ya existente en sus condiciones laborales.
A esto se suma el temor compartido entre las fuentes entrevistadas de que el jefe de la misión médica cubana en la región, Luis Enrique Pérez Ulloa, esté presionando a las autoridades locales para que no empleen a los profesionales considerados "desertores", es decir, quienes han declarado su desvinculación de la estructura oficial de la brigada.
Públicamente no existe una cláusula legal en los acuerdos bilaterales que establezca este requisito. No obstante, Archivo Cuba ha señalado en su documentación sobre la exportación de servicios médicos cubanos que cláusulas confidenciales sí han existido en otros tratados bilaterales.
El resultado es un circuito en el que las decisiones formales quedan subordinadas a instrucciones no documentadas, lo que erosiona los principios básicos de transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica en la gestión pública.
El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre las misiones médicas cubanas. En Italia, particularmente en Calabria, las brigadas han sido señaladas por la retención de salarios, las limitaciones a la autonomía profesional y las condiciones compatibles con la explotación.
La investigación "De La Habana a Calabria: La estafa perfecta a los médicos cubanos", publicada por Cubanet, documentó que los médicos solo pueden conservar entre el 28% y el 46% del salario base neto —y apenas el 28,5% (o menos) de las horas extras y otros beneficios— mientras el resto se transfiere a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos bajo un sistema de deducciones opacas, desinformación fiscal y mecanismos de control. En la práctica, este esquema contractual paralelo impuesto por La Habana prevalece sobre el marco legal italiano, trasladando a Europa un modelo cuestionado internacionalmente por su posible carácter de trabajo forzoso o trata de personas, y desencadenando una fuerte repercusión mediática y política, con interpelaciones parlamentarias y un mayor escrutinio institucional.
No es de extrañar que los abandonos sean cada vez más frecuentes. Cálculos de DIARIO DE CUBA indican que, hasta el 23 de febrero, unos 30 médicos habían abandonado la misión médica y que, desde entonces, se han registrado al menos 22 salidas adicionales. Estas últimas, según una doctora en Calabria, habrían estado condicionadas por mayores exigencias económicas: "A todos nos pagaron como 5.000 euros de un aumento de salario que hicieron en 2024 y no lo habían pagado; lo pagaron todo ahora, 2024 y 2025, y los jefes de 'Cubita la bella' decidieron dejar a los colaboradores solo con mil y pico de euros, y el resto, para allá".
Muchos de estos profesionales continúan ejerciendo en Italia fuera del control de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., especialmente en el sector privado. Con base en estas estimaciones, que incluyen a quienes han regresado a Cuba por diversas razones, el contingente activo se situaría en torno a los 302 médicos.
En febrero, Italia comenzó a explorar una posible salida al programa de brigadas médicas cubanas, tras una reunión en Calabria entre el gobernador Roberto Occhiuto y el jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba, Mike Hammer. Aunque oficialmente se abordaron las necesidades sanitarias de la región, fuentes indicaron a DIARIO DE CUBA que Occhiuto se habría comprometido a buscar una vía para poner fin al programa y permitir que los médicos cubanos ya presentes en Calabria pudieran continuar trabajando de forma independiente, fuera del control del régimen cubano.
DIARIO DE CUBA está a la espera de respuestas tras una petición formal de información a las autoridades sanitarias de las provincias involucradas.
Contactar a la autora: [email protected]
Calabria parece que está administrada por comunistas.