La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron un informe exhaustivo sobre las condiciones laborales en las misiones médicas cubanas. El informe, titulado "Derechos laborales de personas trabajadoras de la salud en misiones médicas provenientes de Cuba", será presentado este martes en el Museo de la Diáspora Cubana de la ciudad de Miami, a las 6:00PM, hora local.
El documento no evalúa el impacto sanitario del programa, sino que examina la relación laboral entre el Estado cubano y el personal desplegado en el exterior. Con base en 71 testimonios, el análisis de la normativa cubana y el contraste con estándares internacionales, el documento identifica prácticas reiteradas que afectan el salario, la movilidad profesional, las condiciones de trabajo y la vida personal.
De los 71 testimonios, 61 corresponden a misiones en diez países de América Latina y el Caribe: Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela. El 83% se vincula con este último. En conjunto, los entrevistados participaron en 109 misiones médicas.
La CIDH no considera estos datos casos aislados. Los contrasta con audiencias públicas, respuestas de estados y aportes de organizaciones. El propio informe advierte del contexto en el que se obtuvieron: un "temor generalizado a represalias", que limita el acceso a más testimonios y forma parte del funcionamiento coercitivo descrito.
Condiciones contractuales y salario retenido
El informe sitúa el problema en la estructura de la relación laboral. Los contratos no detallan condiciones esenciales, no se negocian y, en muchos casos, el trabajador solo conoce sus implicaciones reales al llegar al país de destino.
El salario es el mecanismo central. Una parte significativa se deposita en cuentas restringidas ("cuentas congeladas") a las que el profesional no accede hasta completar la misión. "Si rompes el contrato, pierdes el dinero", revela una de las fuentes. consultadas.
Según los testimonios, el pago del salario era a medias y con exigencias: "lo depositaban en una cuenta bancaria, pero no teníamos acceso (…) hasta terminar la misión. Incluso si te mueres, no te lo dan".
Este esquema condiciona la posibilidad de terminar la relación laboral sin sufrir una pérdida económica. La CIDH lo vincula con prácticas penadas por el Derecho internacional, en tanto que el régimen de Cuba utiliza el pago de los salarios de sus trabajadores en misiones como mecanismo de coerción.
Trabajo médico con funciones políticas
Los testimonios describen, además, que la actividad sanitaria no se limita a la atención médica, sino que también incluye funciones ideológicas en el marco de la misión.
Además de la asistencia sanitaria, debían realizar "labor política con el pueblo, decirles que la Revolución Cubana era la mejor opción para ellos", aseguró un galeno entrevistado. Al mismo tiempo, la jefatura de la misión les exigía "llevar a votar a diez personas" a favor del candidato presidencial preferido del régimen de La Habana. "No entendía que las labores humanitarias de llevar salud y bienestar a un grupo poblacional implicaran labores políticas, y eso me llevó a despertar y ver que no tenía sentido", dijo otro testimoniante.
En ese contexto, también se reportan restricciones en la práctica profesional que reflejan la politización de la atención de salud. Las experiencias recabadas indican que esta práctica se hacía con el beneplácito del personal local simpatizante al poder de turno.
"No podías atender a los opositores", aseguró el médico. Según la lógica de sus superiores, "no podías beneficiarte de los servicios médicos si no habías votado" por el candidato que facilitaba la contratación sanitaria. El entrevistado precisó que "el personal del país "señalaba a los opositores para que no los atendieran."
Vigilancia y control permanentes
Otra violación de los derechos de los trabajadores que resalta el informe se refiere a la extensión de la jornada laboral: guardias obligatorias, disponibilidad permanente y tareas ajenas al contenido de trabajo forman parte del esquema.
"Ellos te podían llamar a cualquier hora y tú tenías que responder", señaló otro galeno en referencia a los jefes de la misión. Además, "después de las 6:00PM estaba prohibido salir (...) si estás fuera a esa hora, te mandan para Cuba y te quitan todos los beneficios".
"Todos los días tenía que enviar un mensaje a la coordinadora del CDI [Centro de Diagnóstico Integral] diciendo, primero, que estaba trabajando y, luego, que estaba en casa; ella, a su vez, enviaba un mensaje al coordinador del Estado. Para poder hacer eso, tenía que ir a la orilla de un río, que era el único lugar donde había cobertura", precisó.
El control era constante y se ejercía desde diferentes direcciones, hasta invadir la vida privada, a través de oficiales de la Seguridad del Estado conocidos como "jurídicos", encargados de la vigilancia en las brigadas, particularmente en Venezuela. "Los jurídicos hacían revisiones de redes sociales y se metían en la vida personal… No podíamos salir sin permiso (…) no podíamos tener relaciones ‘desmedidas’ con personas locales".
No solo eran los agentes; entre los propios médicos había delatores. "Todos nos vigilábamos entre todos", dijo otro testimoniante, algo que también ha sido advertido por el personal sanitario en los países de destino.
Recientemente, la doctora jamaicana Cheryl Morgan —hoy residente en EEUU y que, en su tiempo como enfermera, trabajó directamente con las brigadas médicas cubanas en Jamaica— denunció que sus colegas cubanos "actuaban como si todos fueran espías porque no sabían quién realmente lo era".
Estas prácticas se apoyan en la normativa interna que exige alineamiento político y conductual y obliga a los trabajadores a reportar a sus compañeros.
Sanciones que alcanzan a la familia
El informe documenta el andamiaje jurídico que vulnera las libertades fundamentales de los sanitarios en las misiones, a saber: la Ley de Migración, incluidos los decretos-leyes 306 y 302, que regulan y llegan a prohibir la salida y la entrada del país de los profesionales médicos. También menciona la resolución No. 368 "Reglamento disciplinario del colaborador”, que exige "tener un comportamiento político, laboral y social ético, acorde con los principios que rigen en nuestra sociedad".
Por eso, a quienes rescinden su contrato laboral, las autoridades los llaman "desertores" e intentan penalizar con la confiscación de sus titulaciones y reconocimientos alcanzados.
"En Cuba fueron a casa de mi mamá a ver qué sabía ella de mí. Luego me declararon desertor y traidor a la patria. Me quitaron el sello de médico. Me quitaron el dinero que había juntado durante todo el tiempo de misión y me congelaron la cuenta", dijo otro testigo.
Pero los incumplimientos de los cooperantes también los han pagado sus familiares en la Isla. La CIDH registró expulsiones de viviendas vinculadas a consultorios médicos donde antes ejercía un médico "desertor" y despidos de parientes de doctores que abandonaron las misiones.
"Mi familia en Cuba recibió represalias del gobierno; mi madre y mi hermano fueron expulsados de sus puestos de trabajo", dijo un galeno. Otra doctora contó que a su casa, que funcionaba como centro médico de la comunidad, “iba gente del Partido [Comunista] para intentar sacar a mis familiares (…) Les hacían actos de repudio a mis niños. Mi hijo de 21 años quedó traumado”, dijo. En aquel momento, sus hijos era menores de edad y "vivían en el consultorio (…) de donde los sacaron y los trataron muy mal", alega.
También se reportan campañas de estigmatización: además de "traidores" y "desertores", son llamados "gusanos".
Estas situaciones se combinan con la prohibición de retorno al país, lo que provoca separaciones familiares prolongadas, alega el documento.
Trabajo forzoso
A partir de los elementos documentados —retención y condicionamiento del salario, restricciones a la movilidad, presión institucional y consecuencias económicas y migratorias con efectos en la familia en caso de abandono— el informe llega a una conclusión clara: existen situaciones compatibles con trabajo forzoso y esclavitud moderna en las misiones médicas cubanas.
La CIDH concluye que una combinación de factores simultáneos impide que los trabajadores dispongan libremente de su salario, abandonen la misión sin pérdidas, se muevan sin restricciones y asuman consecuencias directas, incluso familiares, al terminar la relación laboral.
En ese contexto, la salida no es una opción libre en sentido real. Está condicionada por pérdidas económicas, sanciones administrativas y efectos personales inmediatos.
El informe añade que, en determinados casos, cuando a estos elementos se suman mecanismos de captación, control y explotación, se observan indicadores compatibles con la trata de personas.
El informe sitúa el problema central en las condiciones bajo las que se desarrolla la relación laboral: los testimonios y el análisis normativo muestran que estas condiciones dejan de ser voluntarias cuando el salario está condicionado, la salida del programa implica pérdidas y las consecuencias también impactan en el entorno familiar. Estos factores constituyen el núcleo de la situación de trabajo forzoso identificada.
Ese es el eje central del documento. Sin cuestionar la existencia de las misiones, el informe reconoce su impacto en la salud pública, pero insiste en que el problema principal radica en las condiciones laborales y en la falta de voluntariedad en su organización y ejecución.
Las recomendaciones de la CIDH, por tanto, son claras y se centran en aspectos básicos: que la participación sea voluntaria, que los contratos sean transparentes, que el salario no esté sujeto a condiciones ni criterios de lealtad, y que se respete la libertad de movimiento de los profesionales.
El dictamen, que coincide con un proceso de revisión en varios países de la región, en el que los acuerdos con La Habana para la contratación de personal de salud han sido modificados o cancelados por no ajustarse a los estándares internacionales en materia de derechos, sella la suerte de un esquema amparado en la vulneración de los derechos de los médicos en nombre del acceso a la salud.
El señalamiento internacional contra las misiones médicas cubanas se ha intensificado. En 2025, Estados Unidos anunció posibles sanciones de visado y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en Jamaica que estas brigadas "básicamente operan como trabajo forzoso", lo que llevó a que La Habana reconociera la retención de pasaportes. Ese mismo año, el Parlamento Europeo condenó las "formas de esclavitud moderna" en estas misiones e Italia abrió investigaciones sobre las condiciones de contratación.
Estas posiciones se suman a advertencias previas de EEUU, Naciones Unidas y la CIDH sobre retención de pasaportes, restricciones de movilidad y pago parcial de salarios, así como de investigaciones periodísticas y del trabajo de organizaciones que han documentado patrones de coerción y control de un programa que, tras seis décadas, parece estar llegando a su fin.
