Cuba atraviesa una crisis multidimensional marcada por la represión sistemática, el deterioro extremo de las condiciones de vida y violaciones generalizadas de derechos humanos, recogió el informe anual 2026 de Amnistía Internacional (AI), publicado este martes 21 de abril, que documenta la situación en 2025.
La organización advierte que los apagones masivos, la escasez de alimentos y la falta de medicamentos afectaron gravemente derechos básicos como la salud y la educación. Menciona que el propio Gobierno reconoció que apenas contaba con el 30% de los medicamentos esenciales, mientras la población se vio obligada a recurrir al mercado informal.
El acceso a la alimentación también colapsó. Datos de Food Monitor citados por el informe indican que el 96,91% de los cubanos perdió acceso adecuado a alimentos debido a la inflación, y más del 60% dedicó entre cinco y 15 horas semanales a intentar conseguir comida. A ello se suma que el 89% de la población vive en pobreza extrema, según estimaciones independientes.
Amnistía sitúa este escenario en el contexto de una crisis económica agravada por reformas incompletas y el éxodo migratorio, que el propio régimen reconoció como factor clave del decrecimiento poblacional.
Represión sostenida y castigo al disenso
El informe describe una política sistemática de represión contra activistas, opositores, periodistas y ciudadanos críticos. En 2025 se registraron al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias, muchas de ellas acompañadas de desapariciones forzadas de corta duración.
Entre los casos documentados figura el de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, detenida repetidamente a lo largo del año. El activista Leonardo Romero Negrín fue arrestado en marzo por protestar con un cartel en blanco, golpeado y sometido a reclusión domiciliaria. El escritor Jorge Fernández también fue detenido y agredido en múltiples ocasiones por manifestarse pacíficamente.
La represión alcanzó incluso a universitarios. En junio, protestas estudiantiles contra el aumento de tarifas de internet fueron sofocadas mediante amenazas, vigilancia y medidas coercitivas tras llamados a huelga en varias universidades.
En septiembre, 15 personas fueron condenadas a penas de hasta nueve años de prisión por participar en protestas en Bayamo en 2024, en un patrón donde el régimen utiliza delitos como "desorden público" o "desacato" para criminalizar la protesta pacífica, denucnia AI.
Presos políticos, excarcelaciones opacas y castigos
Amnistía también cuestiona la excarcelación anunciada de 553 personas tras gestiones con el Vaticano, señalando falta de transparencia y ausencia de garantías. Solo 211 fueron identificadas como presas por motivos políticos, muchas de ellas liberadas bajo restricciones.
Tres de esos casos —José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro— volvieron a prisión en abril tras continuar su activismo, en lo que el informe califica como represalia directa.
Posteriormente, en octubre, Ferrer fue excarcelado nuevamente y forzado al exilio tras denunciar torturas y amenazas contra su familia, recuerda el informe.
Cárceles: tortura, muertes y aislamiento
Las condiciones penitenciarias son descritas como inhumanas. El reporte cita a la organización Cubalex que documentó 39 muertes bajo custodia en 2025.
Presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Sayli Navarro denunciaron golpizas, amenazas de muerte, privación de visitas, falta de atención médica y negación de alimentos.
El informe subraya que la tortura y los tratos crueles son prácticas recurrentes dentro del sistema penitenciario cubano.
Control social y nuevas leyes
Amnistía alerta además sobre el uso de nuevas normativas como el Código de la Niñez, aprobado en julio, que carece de garantías procesales para menores y puede ser utilizado como herramienta de control estatal.
En paralelo, el régimen intensificó la persecución contra la prensa independiente. En noviembre, lanzó una campaña contra el medio El Toque y 18 de sus colaboradores, con amenazas de cárcel, difamación y ataques a sus familias, añade AI.
Represión con sesgo de género
El informe también documenta un patrón de represión diferenciada contra mujeres activistas, incluyendo amenazas contra sus hijos y vigilancia en entornos escolares.
Además, denuncia la ausencia de reconocimiento legal del feminicidio, mientras organizaciones independientes registraron al menos 48 asesinatos de mujeres por razones de género en 2025.
Un país en crisis estructural
Amnistía Internacional concluye que Cuba combina el colapso de derechos económicos y sociales con un aparato represivo intacto, en un contexto donde el Estado mantiene el control político mientras la población enfrenta pobreza generalizada, escasez y falta de libertades fundamentales.
