La reforma constitucional de 2019 en Cuba abrió paso a una serie de cambios legislativos que, según el régimen, buscan actualizar la "atención" a los menores de edad. Entre ellos se encuentra el proyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, previsto para aprobarse este año en la Asamblea Nacional del Poder Popular después de que el Consejo de Ministros le diera luz verde.
Aunque sobre el papel el nuevo marco legal representa un paso de avance respecto a normativas anteriores, la distancia entre las intenciones declaradas y la realidad cubana revela un proyecto con contradicciones, ambigüedades y un fuerte sesgo ideológico.
La aprobación de la nueva legislación tiene lugar en un contexto especialmente crítico. Cuba enfrenta una situación demográfica alarmante, con baja natalidad, envejecimiento poblacional y una emigración masiva de jóvenes y menores. Ante esta realidad, urgen políticas públicas efectivas. En julio de 2023, el Gobierno aprobó la Política Integral de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, pero su impacto ha sido mínimo. La violencia, el consumo de drogas y la desprotección social de adolescentes y jóvenes han seguido en aumento.
El nuevo Código pretende ordenar la legislación en torno a la infancia y la juventud, diferenciando las etapas de desarrollo: primera infancia (0 a 6 años), niñez (6 a 12 años), adolescencia (12 a 18 años), juventud (18 a 30 años).
Sin embargo, estas categorías, aunque útiles para políticas públicas, no se traducen necesariamente en medidas eficaces de protección y desarrollo.
Derechos sin garantías
El texto establece un amplio catálogo de derechos para menores en conflicto con la ley, incluyendo garantías como la presunción de inocencia, acceso a representación legal, protección contra tratos degradantes y mecanismos de justicia restaurativa. Estas cuestiones chocan con experiencias recientes.
Según un informe de Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, para el Comité de los Derechos del Niño, 44 menores de edad fueron detenidos por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. De ellos, 14 seguían privados de libertad en febrero de 2022, más de seis meses después. Los menores de 16 años, que según la ley cubana no tienen responsabilidad penal, fueron sometidos a procesos administrativos sin derecho a defensa ni presunción de inocencia. Los mayores de 16 años fueron tratados como adultos, violando estándares internacionales de justicia juvenil.
Un lenguaje ajeno a la realidad
A pesar de su declarada intención protectora, el lenguaje del Código se presenta abstracto, técnico y distante de la vida cotidiana de la niñez y juventud cubanas.
El texto no especifica mecanismos claros, sujetos obligados, ni garantías materiales para hacer viables los derechos que proclama. Sin presupuesto, infraestructura ni voluntad política, la ley se convierte en una declaración sin efecto práctico. Derechos como la alimentación, el acceso a la tecnología, la recreación o la cultura, que el Código menciona, siguen deteriorándose en el país.
Ideologización desde la cuna
Más allá de las cuestiones técnicas y presupuestarias, el nuevo Código está permeado por un claro sesgo político. Desde el preámbulo, se subraya la formación de niñas, niños y adolescentes como "continuadores de la obra revolucionaria". Esta visión es coherente con artículos como:
- Artículo 57.3: que obliga a que la educación se base en "principios de la sociedad socialista".
- Artículo 91.2: que exige denunciar cualquier conducta que afecte la "moral" o el "bienestar psíquico" del menor, conceptos ambiguos que pueden ser usados para vigilar y castigar el disenso.
- Artículo 117: impone como deberes de niños y adolescentes el respeto a las autoridades y símbolos patrios.
- Artículo 219: obliga a los jóvenes a participar en la defensa de la "Patria socialista".
- Artículo 83: restringe el acceso cultural a un enfoque "descolonizador, anticonsumista y alineado con la conciencia social".
Estos artículos no solo convierten el alineamiento político en mandato legal, sino que refuerzan la vigilancia estatal sobre la infancia y la juventud, desde la escuela hasta la vida familiar.
Centralismo sin participación
Aunque se mencionan principios como el "interés superior del menor" y la "protección integral", las decisiones y mecanismos siguen concentrados en órganos estatales, sin espacio real para la participación activa de las familias, comunidades o sociedad civil. Este diseño contradice los propios principios de autonomía progresiva y participación infantil que el texto dice promover.
El nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes intenta responder a una crisis profunda con viejas fórmulas: la declaración de derechos en abstracto, bajo control estatal, con un fuerte componente ideológico.
Sin recursos, sin participación real, y con un lenguaje distante de la realidad cubana, el proyecto corre el riesgo de ser una ley más que no transforma nada.
En lugar de empoderar a las nuevas generaciones, el Gobierno busca adoctrinarlas. En lugar de proteger sus derechos, los condiciona a la obediencia política. En lugar de ofrecer un futuro, institucionaliza el estancamiento.
Defender la patria en el léxico castrista es defender la dictadura que hambrea, roba, asesina y esclaviza al pueblo.
Adoctrinar es enseñar a besar el azote.
Con el país en ruinas, oscuridad, falta de alimentación, insalubridad y Miami como la “tierra prometida” en el horizonte, el adoctrinamiento del castrismo entra por un oído y sale por el otro.