La imposición de prisión provisional a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Pérez Zayas, creadores del proyecto El4tico, y la condena a diez años de prisión para el profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso, son dos recientes ejemplos de represión judicial en Cuba que envían un mensaje en medio de supuestas conversaciones con Estados Unidos: el régimen no se plantea abandonar el castigo del disenso, excepto por una presión contundente y primaria acompañada de exigencias claras en materia de derechos humanos.
Ante estos y otros casos recientes del punitivismo contra los cubanos que de diversas maneras, todas pacíficas, critican al régimen abiertamente, el abogado cubano Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA, considera que los derechos humanos "han de ser presupuestos urgentes, incondicionales e indelegables" en cualquier conversación que se produzca entre representantes del régimen de Cuba y Washington.
El jurista alerta, además, sobre la posibilidad de que los cambios en la Isla sean cosméticos y la maquinaria represiva continúe funcionando impunemente.
Su preocupación no es exagerada. Los mencionados casos —a los que se suman el más reciente arresto de la historiadora Alina Bárbara López Hernández cuando intentaba llevar a cabo su acción cívica mensual, y su acusación de supuesto "desacato", más la negativa de beneficios carcelarios a cerca de 280 presos políticos que reúnen las condiciones para recibirlos, según investigaciones de organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)— coinciden con revelaciones de que el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presuntamente ha mantenido conversaciones con el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Los presuntos contactos entre los asesores de Rubio y el oficial del Ministerio del Interior (MININT) conocido como "El Cangrejo" —negados por La Habana— fueron revelados por el medio Axios el 18 de febrero, un día después de que transcendiera la sentencia impuesta a Martín Barroso debido a unas pintadas antigubernamentales.
El profesor universitario cubano fue hallado culpable de propaganda contra el orden constitucional, desacato y daños continuados, figuras penales de las que se sirve el régimen para castigar, de manera desproporcionada, cualquier forma de ejercicio de la libertad de expresión en su contra.
El propio 18 de febrero, Alina Bárbara López Hernández y el joven Leonardo Romero Negrín fueron sometidos a un arresto que se prolongó durante más de 12 horas, durante el cual ambos fueron instruidos de cargos por supuesto delito de "desacato".
La académica recibió además un acta de advertencia por sus publicaciones en Facebook, que podrían provocar otra acusación contra ella, según le advirtió el teniente coronel del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) Rogelio Cuesta Aragón.
En el mismo mes, la Fiscalía Provincial de Holguín justificó la medida cautelar de prisión provisional impuesta a los creadores de El4tico, que fueron arrestados a inicios de febrero.
Los delitos de los que están acusados Medina y Zayas Pérez son propaganda enemiga e instigación a delinquir, que podrían costarles una pena de nueve años de privación de libertad, debido al contenido crítico de su canal de Youtube, que cuenta con alrededor de 60.000 seguidores.
Los casos citados, más allá de las diferencias en cuanto a las acusaciones y los expedientes, reflejan una tendencia persistente en la que la frontera entre delito y opinión en Cuba queda sujeta a interpretaciones de "seguridad nacional", léase seguridad del régimen, que traslada el conflicto político al ámbito penal, y limita el espacio cívico y expresivo de la ciudadanía.
En el segundo mes de 2026, el régimen cubano perpetró "al menos 231 acciones represivas contra la población civil, entre ellas 31 detenciones arbitrarias y 200 abusos", según el más reciente informe del OCDH.
La renuencia de las autoridades de Cuba a detener la represión contrasta con la actitud reciente de regímenes con abultados historiales como violadores de derechos humanos, como los de Caracas y Managua.
En Venezuela, las autoridades, encabezadas por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sacaron de las prisiones a cientos de encarcelados por motivos políticos. En febrero, aprobaron una Ley de Amnistía, que ha generado críticas de ONG y formaciones de oposición por la falta de justicia transicional, entre otros aspectos, pero ha garantizado la libertad plena de muchos prisioneros políticos.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó en enero la excarcelación de decenas de presos políticos, tras recibir un reclamo de Washington, días después de la operación que concluyó con Maduro y su esposa, Cilia Flores, aprehendidos y trasladados a Nueva York.
Ante la insistencia de las autoridades cubanas en usar el aparato judicial para criminalizar el disenso y controlar la narrativa, mientras supuestamente existen conversaciones con representantes de Washington, González Jiménez considera que el tema de los derechos humanos debe estar sobre la mesa en cualquier dialogo, por primario que sea, y con una fuerza y validez que sea suficiente como para frenar la técnica de represión.
"Incorporar la situación de los presos por motivos políticos, así como la revisión del marco penal aplicado al disenso, no bastaría si no se presenta como presupuesto incondicional inicial. De no hacerse así, se corre el riesgo de normalizar el statu quo y de que el proceso desemboque en un descarado fraude por la parte cubana", afirma el experto de DIARIO DE CUBA.
"La estabilidad del sistema continúa descansando en el control del mensaje. Por ello, la evolución del tratamiento penal del disenso será el termómetro decisivo para medir la autenticidad de cualquier proceso de cambio en Cuba, así como la voluntad de los que se aferran a un abusivo modelo de poder en el país", concluye.
