Si bien 2025 comenzó en Cuba con un gesto que el régimen intentó presentar como humanitario, muy pronto quedaron expuestas las verdaderas intenciones de la excarcelación de 553 personas privadas de libertad, entre ellas presos políticos, anunciada tras la mediación del Vaticano en el marco del Jubileo 2025. El momento, breve y útil a la propaganda castrista, no fue, ni de lejos, una distensión en materia de derechos humanos, sino todo lo contrario.
Más que un punto de inflexión, la excarcelación terminó siendo un interludio. Lo que siguió confirmó una tendencia ya conocida: la represión no disminuyó, se reorganizó y se profundizó.
Un semestre letal: miles de abusos documentados
Entre enero y junio de 2025, Cubalex documentó 1.566 violaciones de derechos humanos en Cuba, un promedio cercano a nueve abusos diarios. Los hechos ocurrieron en al menos 105 municipios y afectaron a 772 personas, muchas de ellas sin militancia política conocida. Las cifras confirmaron que la represión se ha extendido a amplios sectores de la población y va más allá de opositores, activistas y periodistas independientes.
Las violaciones más recurrentes incluyeron detenciones arbitrarias, amenazas, traslados forzosos a centros de detención, violencia física y psicológica, restricciones a la libertad de expresión y de movimiento, así como la negación de atención médica a personas detenidas o encarceladas. La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas concentraron el mayor número de casos. Pero el dato clave no es solo cuantitativo: los informes apuntan a un patrón sistemático, persistente y metódico, desplegado como política de Estado.
El sistema penal como herramienta de control político
Uno de los rasgos más claros de 2025 ha sido el uso sistemático del aparato penal y penitenciario para disciplinar el descontento social. Las acusaciones se repiten: "desorden público", "propaganda enemiga", "sedición", "sabotaje". Delitos vagos, aplicados tanto a protestas pacíficas como a publicaciones en redes sociales o reclamos por apagones y escasez. La cárcel se consolida así como un instrumento de castigo político, social y psicológico, incluso contra ciudadanos sin historial de activismo.
Prisiones: enfermedad, castigo, muerte y huelgas de hambre
Las condiciones carcelarias denunciadas en 2025 configuraron uno de los escenarios más graves del año. Torturas, aislamiento punitivo, hacinamiento extremo, desnutrición, brotes de tuberculosis y hepatitis, trabajos forzados y negligencia médica deliberada forman parte del panorama descrito por organizaciones de monitoreo de derechos humanos.
Se suman a este cuadro las huelgas de hambre, como forma extrema de protesta. Durante octubre y noviembre de 2025, más de una decena de presos políticos iniciaron ayunos prolongados en distintas prisiones del país, como acto deliberado de resistencia ante arbitrariedades y falta de respuesta estatal.
El caso más emblemático fue el de Yosvany Rosell García Caso, detenido por su participación en las protestas del 11 de julio, quien inició una huelga de hambre el 23 de octubre en la prisión de Cuba Sí, en Holguín, para exigir mejores condiciones y aislamiento objetivo dentro del penal. Semanas después fue trasladado a un hospital en estado crítico y, tras 40 días, decidió deponer la medida.
Estos actos no son suicidas, sino protestas políticas en las que el cuerpo se convierte en el último medio de comunicación disponible cuando todas las vías institucionales han sido clausuradas. Además, desde 2022, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado al menos seis prisioneros muertos como consecuencia directa de huelgas de hambre, subrayando la gravedad de esta forma de protesta extrema.
En tal sentido, en 2025 varias organizaciones independientes documentaron más de 50 muertes bajo custodia del Estado, varias de ellas en prisiones, con indicios de falta de atención médica y encubrimiento oficial. En la mayoría de los casos, las autoridades no ofrecieron explicaciones convincentes ni permitieron investigaciones independientes.
Estas muertes no aparecen como hechos excepcionales, sino como el extremo más grave de un sistema penitenciario colapsado, donde la privación de libertad se convierte en un riesgo real para la vida y la impunidad es la norma.
Quienes protestan desde prisión —mediante huelgas de hambre o denuncias— enfrentan represalias adicionales: aislamiento, negación de visitas, traslados forzados o nuevos cargos. La prisión no aparece como un espacio de rehabilitación, sino como un lugar de degradación física, psicológica y moral.
Represión más allá de la disidencia organizada
Uno de los rasgos más inquietantes de 2025 es la expansión de la represión hacia la vida cotidiana. Protestar por apagones, denunciar escasez, compartir información o expresar inconformidad se ha vuelto una actividad de riesgo. El régimen ha reforzado un entramado legal y policial que criminaliza conductas ordinarias, imponiendo el miedo como forma de gobernabilidad.
En 2025 el destierro forzado se consolidó como otra herramienta represiva. El caso del opositor José Daniel Ferrer fue emblemático. Tras nuevas detenciones y la revocación de su libertad condicional, Ferrer anunció que aceptaba salir del país "con la dignidad en alto", tras años de golpizas, torturas y amenazas. Días después, el régimen confirmó su salida al exilio junto a su familia. Casos como el de Aymara Nieto refuerzan el patrón: cárcel, presión y expulsión como estrategia para desarticular la oposición interna.
Un patrón estructural
El balance de 2025 permite identificar con claridad varios elementos estructurales: represión normalizada, uso político del sistema penal, violencia institucional en prisiones, criminalización del descontento ciudadano e impunidad absoluta. No hay sanciones a los responsables, no hay justicia independiente, no hay reparación para las víctimas.
Como ha señalado Camila Rodríguez, del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, "el miedo no es un elemento abstracto, sino una política deliberada del régimen". Ese miedo se alimenta de amenazas, vigilancia, castigos y silencios impuestos.
Sin alivio a la vista
Hacia el cierre de 2025, no hay señales de distensión. Detenciones arbitrarias, hostigamientos, violencia institucional y represión de la libertad de expresión siguen marcando la agenda. En palabras de Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, "esto es una carrera de resistencia; el Estado tiene el poder para reprimir, y la sociedad civil solo tiene la persistencia".
El balance es inequívoco: en 2025, los derechos humanos en Cuba no tuvieron descanso. La represión dejó de ser excepcional para convertirse en un mecanismo estructural de Gobierno. Frente a ello, documentar, denunciar y visibilizar sigue siendo la estrategia contra un aparato del miedo que opera, cada día, con total impunidad.
