El panorama de represión en Cuba está marcado por la sistematicidad, la impunidad y la expansión territorial de las violaciones de derechos humanos, afirmó el grupo de asesoría legal Cubalex, que detalló que, en el primer semestre de 2025, ocurrieron en la Isla 1.566 violaciones de derechos humanos, con un promedio de casi nueve por día.
La represión se extendió a 105 municipios del país y afectó al menos a 772 personas, muchas de ellas sin afiliación política, indicó Cubalex. La organización resaltó que las formas más frecuentes de represión incluyeron detenciones arbitrarias, violencia, amenazas, negación de atención médica a presos y restricciones a la libertad de expresión y de movimiento.
Las provincias con más hechos violatorios registrados fueron La Habana (462), Santiago de Cuba (223) y Matanzas (164). Las víctimas más afectadas por actos represivos fueron José Daniel Ferrer, Berta Soler y Félix Navarro.
Asimismo, Cubalex subrayó que "entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas privadas de libertad, los afrodescendientes y los defensores de derechos humanos. Casi tres cuartas partes de las víctimas no están afiliadas a ningún grupo, lo que muestra la amplitud de la represión del régimen cubano contra la ciudadanía en general".
En este sentido, puntualizó que "la instrumentalización de la ley para castigar el disenso es una tendencia clave". La organización instó a que los organismos internacionales adopten un enfoque basado en derechos humanos que priorice la rendición de cuentas del Estado cubano. Para ello, recomendó la creación de un mecanismo de monitoreo independiente y permanente de las condiciones carcelarias, así como la realización de investigaciones exhaustivas sobre las muertes bajo custodia.
Cubalex también denunció que "las cárceles y centros de detención en Cuba constituyen en sí mismas formas de tortura. A pesar de que el Estado cubano afirma ante la ONU que cumple con las Reglas Mandela, se mantienen las denuncias sobre pésima alimentación, reducción de raciones y prohibiciones arbitrarias por parte de los guardias".
Durante el semestre, se registraron casos de tortura psicológica y tratos crueles, como negar a los reclusos la posibilidad de despedirse de sus seres queridos o asistir a funerales. "Estas condiciones inhumanas son el antecedente de un patrón de muertes bajo custodia por causas evitables", agregó Cubalex, que documentó 24 muertes en centros penitenciarios, con un pico preocupante en febrero, cuando fallecieron nueve prisioneros.
Fuera de las prisiones, la organización registró 159 protestas en espacios públicos de todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. "El aumento de carteles antigubernamentales fue notable, lo que conllevó la persecución del régimen en busca de los autores. Otras formas de protesta incluyeron cacerolazos, quema de cañaverales, locales militares y vertederos urbanos, así como expresiones de descontento individuales", recalcó.
Cubalex destacó que "la represión en Cuba sostiene un modelo sofisticado, diversificado y normalizado que va más allá del castigo penal y se expande al tejido social y psicológico. Las tendencias observadas revelan una estrategia integral del Estado para mantener el control social".
Entre dichas tendencias, el grupo de juristas resaltó "la judicialización como mecanismo de represión", ya que "se observa un uso creciente del sistema judicial y penal para castigar la disidencia y la protesta". Asimismo, identificó la "criminalización selectiva y diferenciada", pues "las mujeres, opositores, periodistas y activistas se perciben como grupos particularmente expuestos a sanciones".
Otra de las tendencias es la "expansión del control más allá de la cárcel", mediante vigilancia, amenazas y control laboral como formas complementarias de represión, lo que evidencia un modelo integral de control social.
De igual forma, las fuerzas represivas aplican una "estrategia de desgaste psicológico y social", que afecta la vida cotidiana, desincentiva la organización y busca erosionar las redes de apoyo y solidaridad.
Además, se observa la "normalización de la represión en el discurso estatal", pues "el Estado emplea un discurso que justifica la represión bajo la narrativa del orden y la moral social. Esta peligrosa tendencia, con amparo legal, busca presentar la represión como una forma legítima de gobernanza", concluyó el grupo de asesoría legal.
Si bien estas cifras son menores que las registradas en el semestre anterior, Cubalex advirtió que "esto no refleja una disminución real de la represión, sino los obstáculos crecientes para documentar los hechos, como la interrupción del financiamiento a organizaciones de monitoreo, los constantes y extensos apagones, y el éxodo de activistas y periodistas".
