Luego de que este martes el Tribunal Supremo Popular del régimen cubano diera por concluido el proceso de excarcelación anticipada de 553 personas, como parte del "espíritu del Jubileo Ordinario de 2025", el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó el proceso de "injusto e incompleto" y, en un comunicado al respecto, precisó que "solo fueron excarcelados 212 presos políticos" y "algunos ya habían salido de la prisión".
"El anuncio gubernamental de la finalización del proceso por el Jubileo 2025 llega sin una lista oficial y deja en las cárceles cubanas al menos a 760 presos políticos, algunos en malas condiciones de salud. También ha demostrado ensañamiento con los presos y familiares que han denunciado las injusticias que sufren y las pésimas condiciones del sistema penitenciario", denunció el OCDH.
"El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022. La Iglesia católica cubana, en diversas ocasiones, ha exigido la liberación de los presos por ejercer sus derechos; igualmente el Papa Francisco, por medio de su enviado a Cuba en febrero de 2023, cardenal Beniamino Stella", añadió el OCDH.
Recientemente, la ONG Prisoners Defenders recalcó que estas personas no fueron liberadas, sino excarceladas, por lo que "seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas, y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario".
La ONG subrayó que estas personas "no podrán moverse de su ciudad de residencia", "en gran parte de los casos, están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la Seguridad del Estado", "no podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales", "no podrán hacer declaraciones a la prensa" y "no deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos, tanto internacionales como Prisoners Defenders, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y otras, así como con organizaciones cubanas de derechos humanos".
Asimismo, "no podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el Gobierno, todas ellas consideradas actividades 'contrarrevolucionarias' en el Estado totalitario". Además, "no podrán viajar fuera de Cuba, ni tampoco tramitar solicitudes consulares, o incluso, en algunos casos, les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de nacionalidad española, lo que muchos anhelan para tener un futuro en libertad".
De igual forma, "todos deben comparecer a vistas regulares ante los jueces de ejecución para reforzar las amenazas" y "todos están sometidos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones de forma arbitraria por las autoridades"
Además, la directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional, Ana Piquer, apuntó: "La permanencia de un contexto represivo, y la ausencia de reconocimiento de la arbitrariedad y la injusticia de los procesos legales contra estas personas las coloca en una situación de extrema vulneración de sus derechos".
Sobre este proceso, el grupo de asesoría legal Cubalex subrayó en enero: "La liberación de 553 personas no debe ser vista como una concesión generosa, sino como una obligación del Estado cubano de respetar los derechos humanos y cesar la represión".
Los narco estados socialistas han encontrado en la vieja práctica mafiosa del secuestro, otra via de financiamiento y una palanca efectiva para imponer tratos que benefician los intereses de sus carteles.
El modus operandis es el mismo. Apresan a un grupo de nacionales inocentes (presos de conciencia) o de idiotas (in)útiles de Occidente que lo mismo viajan a las guaridas de los hampones en condición de turistas, que de inversionistas o misioneros.
Luego de unos años encarcelados y de gestarse campañas externas por su liberación, entonces sientan en la mesa de negociación a enviados de EEUU, Canada o Europa, que después de los cocteles de entendimiento, salen alabando al régimen por supuestos pasos en la dirección correcta, lo que casi siempre culmina con la liberación de unos cuantos apresados a cambio de alguna concesión migratoria o de billetes.
Unos meses después, los bandidos capturan a otros opositores o incautos, y así repiten el ciclo.